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En 2014, a propósito de la sanción de destitución e inhabilidad para el desempeño de cargos públicos por espacio de 15 años, impuesta por el entonces procurador General Alejandro Ordóñez al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, decíamos: “Esa actuación desconoce el artículo 93 de la Constitución, según el cual los derechos y libertades en ella contemplados se interpretan de conformidad con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Se olvidó que la ley puede reglamentar...
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