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El politólogo norteamericano Francis Fukuyama define la gobernabilidad como “la habilidad de un gobierno para crear y aplicar normas, así como para proporcionar servicios eficientemente”. Otro politólogo, el profesor chino Yu Keping, explica este concepto de la siguiente manera: “es la suma en la que diferentes individuos, públicos y privados, gestionan sus asuntos en común... El proceso de gobernanza no se basa en el control sino en la coordinación...”.
El gobierno del presidente Gustavo Petro pierde gobernabilidad cada semana y se encuentra en un punto crítico, donde la falta de habilidad o competencia para crear y aplicar políticas está teniendo consecuencias sensibles en diferentes sectores.
En materia de seguridad, la falta de coordinación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas es evidente. No existe una política clara de seguridad que el presidente o su ministro de Defensa hayan comunicado al país. Lo único claro es el voluntarismo del gobierno para dialogar con grupos ilegales de todo tipo, que, sin importar sus motivaciones, historia o métodos, parecen ser los beneficiarios de un proceso que brinda beneficios, pero poco o nada exige a cambio. Este es el caso del proceso con el ELN, en donde el Gobierno, generoso, ofrece un cese al fuego, mientras este grupo criminal sigue ejerciendo violencia contra civiles y militares.
Respecto a la seguridad de las ciudades, a pesar del llamado de los alcaldes, comenzando por la alcaldesa de Bogotá, el Gobierno sigue sin mostrar liderazgo en esta área ni capacidad de reaccionar efectivamente ante el azote de los criminales en las urbes del país. El Gobierno Nacional está fallando en la capacidad de proporcionar un servicio fundamental para los ciudadanos: seguridad.
Tampoco está claro el enfoque del Gobierno en materia de infraestructura. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras publicó una columna en el periódico El Tiempo donde señala indicadores preocupantes del sector transporte y cómo solo se ha ejecutado el 11% del presupuesto en lo que va del año. Resulta extraño que un Gobierno que teóricamente cree en la importancia del gasto público para activar la economía presente resultados tan discretos en esta materia.
Volviendo a la definición del profesor Yu Keping, la administración nacional ha sido incapaz en este primer año de gobierno de coordinar efectivamente a los diferentes actores de la sociedad. Con los empresarios, la relación es tensa, ya que han sido varios los improperios públicos que el presidente ha lanzado en contra de este sector. No existen grandes proyectos en la agenda nacional en los que el Gobierno esté trabajando de la mano con el sector productivo. La promesa de reindustrializar el país se ha quedado hasta ahora en una de las muchas líneas de los extensos discursos del presidente.
Con la sociedad civil, tampoco ha existido una coordinación evidente. Los “diálogos regionales vinculantes” se esfumaron en medio de los múltiples viajes internacionales del presidente. Resulta llamativo que el insistente discurso sobre la necesidad de presencia regional y cercanía con las comunidades más vulnerables del país sea opacado por 21 viajes internacionales, más de los que hicieron los dos presidentes anteriores en el primer año de gobierno.
Ni hablar de la falta de coordinación con el Congreso de la República. La cascada de iniciativas y reformas ha impedido que exista una agenda clara y ordenada. Hasta ahora, no ha habido capacidad para crear normas, proporcionar servicios eficientemente ni coordinar a los actores de la sociedad. La falta de gobernabilidad es el rasgo más notorio del primer año de gobierno. ¿Corregirán?
