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Colombia es, según la Constitución de 1991, un Estado Social de Derecho, en el cual, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los asociados condiciones de vida dignas. [...] La voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos...
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