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Desde Nueva York, en el escenario de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro afirmó que no perteneció a una guerrilla sino a un “ejército”. La frase podría parecer una controversia terminológica. No lo es. Se trata de una deformación de la historia y de una ofensa a las Fuerzas Militares de Colombia.
Las palabras importan porque reflejan una determinada comprensión de la legitimidad. Un ejército nacional no nace de la voluntad de un grupo armado ni de la adhesión a una causa ideológica. Nace de la Constitución, de la ley y de la soberanía de la Nación. Su autoridad no proviene de las armas sino de la República. Las Fuerzas Militares de Colombia son instituciones permanentes del Estado, creadas para defender la independencia nacional, la integridad territorial y el orden constitucional. No representan una facción política ni el brazo armado de un proyecto revolucionario. El M-19 fue algo distinto. Una organización insurgente que decidió enfrentar por las armas al Estado. Sus integrantes fueron investigados y condenados por delitos que incluyeron secuestro, extorsión, homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. La toma del Palacio de Justicia, los secuestros, los atentados y numerosas acciones violentas forman parte de una realidad histórica documentada para que ningún artificio retórico pueda modificarla. Resulta grave que quien ejerce como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares pretenda equiparar su antigua militancia guerrillera con la pertenencia a un ejército. La comparación desconoce el sacrificio de miles de soldados y policías que han servido a Colombia bajo el mandato de la Constitución. Desconoce la memoria de quienes murieron defendiendo las instituciones frente a organizaciones armadas que buscaban sustituirlas por la fuerza.
Alberto Lleras Camargo comprendió esta diferencia con una claridad ejemplar. En su histórico discurso del Teatro Patria recordó que las Fuerzas Armadas pertenecen a la Nación y no a un partido, una ideología o un caudillo. Allí afirmó que “las Fuerzas Armadas no deliberan. No son un poder político. Son el instrumento de la Nación para defender sus instituciones”. Esa definición establece una frontera que ninguna reinterpretación puede borrar. Separa al soldado del militante, al servidor de la República del revolucionario.
Las Fuerzas Militares existen para proteger el orden constitucional. Las guerrillas nacen para desafiarlo. Confundir ambas realidades equivale a negar la diferencia entre la legalidad y la insurgencia. La afirmación del presidente Petro avanza en esa dirección. Confunde legitimidad constitucional con legitimidad revolucionaria y pretende situar en un mismo plano dos realidades que la historia y el derecho distinguen con absoluta claridad. Más preocupante aún, revela una dificultad para comprender la naturaleza de la institución que hoy está llamado a comandar.
Petro tiene derecho a reivindicar su pasado político. Lo que no tiene derecho es a reescribir la naturaleza de las instituciones de la República. Un antiguo guerrillero puede llegar legítimamente a la Presidencia por decisión de los ciudadanos. Lo que jamás podrá lograr, por más poder que ostente, es convertir retrospectivamente una guerrilla en un ejército nacional. La historia conserva intacta la diferencia entre quienes empuñaron las armas contra el Estado y quienes las empuñaron para defenderlo. Confundirlas no reivindica al M-19. Lo que hace es disminuir a las Fuerzas Militares de Colombia, desconocer el sacrificio de generaciones de soldados y policías y agraviar la memoria de una Nación que ha pagado un alto precio por preservar su libertad y su democracia.
