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Columnistas | PUBLICADO EL 11 noviembre 2022

Del dicho el hecho...

Hay que entender que la paz no se logra por decreto, ni sacrificando las instituciones indispensables para la seguridad y el mantenimiento del ordenamiento jurídico.

Por Henry Medina Uribe - medina.henry@gmail.com

Llegamos a los cien primeros días del actual gobierno. Como es habitual, ello suscita múltiples balances sobre las promesas electorales que se van convirtiendo en programas y proyectos y otras que ya solo dejan frustración. Es el crepúsculo matutino que permite diferenciar entre lo deseable, lo posible y lo probable. Es adquirir consciencia sobre los obstáculos para hacer reales las posibilidades de cambio mediante la promulgación de políticas públicas en desarrollo socioeconómico, justicia, educación, empleo, igualdad de oportunidades, seguridad y convivencia, entre otras prioridades del desarrollo sostenible e inclusivo.

Es también la oportunidad de visualizar los riesgos de los cambios bruscos en momentos de crisis, como lo hizo exitosamente durante la gran depresión de los años 30 el presidente Franklin D. Roosevelt en lo que se llamó el New Deal (nuevo acuerdo). En el presente, la depresión se acerca, pero parece que Colombia no está adecuadamente preparada para ello.

En los temas de seguridad y convivencia la gran apuesta del gobierno está en el programa que ha denominado Paz Total. Hasta el momento no es pública ni la estrategia, ni el método, ni los mecanismos pedagógicos para instaurar un nuevo orden político que permita resolver los conflictos mediante métodos no violentos.

Una estrategia adecuada de seguridad nacional para nuestro país exige como prerrequisito la comprensión plena de las causas y el contexto de las violencias actuales. Ya no son las que se incubaron en razones de orden doctrinario e ideológico, influenciadas también por motivaciones de la geopolítica internacional. Ellas fueron válidas por décadas, pero las actuales obedecen a circunstancias diferentes y de mayor complejidad.

Las violencias actuales son el producto de un entramado perverso entre: 1. Las economías ilegales (narcotráfico, minería, desplazamiento forzado, crimen transnacional, etc.), 2. El robo de recursos públicos ( asociado muchas veces a la política), y 3. El control poblacional forzado (mezcla de zanahoria y garrote), indispensable para el éxito de los dos factores anteriores. A esto hay que sumarle una decena de otros tipos de violencia ya reconocidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Paz Total como idea en abstracto y como aspiración legítima es incontrovertible, pero al analizarla en concreto afloran obstáculos que la hacen inviable dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Lo primero que debemos comprender es que la paz no es un problema de derechas ni de izquierdas, sino una necesidad para salvar a la sociedad asfixiada por los niveles de violencias ya enunciadas. Lo segundo, es superar la característica de un país con más geografía que Estado, con áreas sin presencia, ni ley, ni orden. Lo tercero es entender que la paz no se logra por decreto, ni sacrificando las instituciones indispensables para la seguridad y el mantenimiento del ordenamiento jurídico.

La nueva ley que modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, en la que se define la política de paz del Estado, es de pronóstico reservado. Más que un marco coherente para la construcción de paz pareciera un espaldarazo a la impunidad y una invitación a la anarquía.

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