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Columnistas | PUBLICADO EL 24 octubre 2021

Contralorías de bolsillo

Por Bernardo A. Guerra Hoyoscerocorrupcion@bernardoguerrahoyos.com

Desconcierto e impotencia produce en la ciudadanía la inoperancia de los organismos de control, cooptados por los políticos aliados con ilegales desde hace varios años, con lo cual se acentúa una crisis institucional profunda donde están ausentes la ética, los valores y los principios.

Esa crisis ha tocado fondo en nuestro medio y uno de los ejemplos ilustrativos de ello son las contralorías de Medellín y Antioquia, consideradas por amplios sectores ciudadanos como contralorías de bolsillo.

Hace poco más de dos años, el 21 de agosto de 2019, el entonces contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña fue detenido, acusado por la Fiscalía de crear un supuesto cartel encargado de modificar informes de auditoría de seis municipios, irregularidades que, presuntamente, se cometieron entre 2016 y 2018.

El excontralor y otros cuatro exfuncionarios son acusados por la Fiscalía de cometer los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

A Zuluaga, por quien el exgobernador Luis Pérez clamó misericordia, también se le ha denunciado por haberse practicado un embellecimiento ilícito en el hospital público La María, así como por aportar un título falso de doctor en la convocatoria para el cargo que ilegalmente ocupó, hasta cuando la Procuraduría lo sancionó con la separación del cargo por diez meses. Ese exótico concurso fue avalado por un taxista de Itagüí, representante legal de la empresa Omega, la cual fue contratada para tal fin por la Asamblea de Antioquia.

No obstante toda la documentación aportada, fue liberado el 24 de marzo de 2021, después de haber permanecido por dos años en un lujoso resort por cárcel en Karibana, Cartagena, debido a que se vencieron los términos para citar a juicio oral, una muestra clara de la ineficiencia del sistema de justicia vigente.

Con todos estos antecedentes, es extraño que ahora la Procuraduría —la misma que sancionó a Zuluaga con diez meses de suspensión del cargo— me inicie un proceso disciplinario por haber hecho las denuncias. Según el documento que hace poco me notificaron, el excontralor interpuso una queja por vulneración a su intimidad cuando denuncié públicamente los procedimientos estéticos que se realizó en un hospital público que él mismo vigilaba. Lo más preocupante de que los pájaros le tiren a las escopetas es que precisamente los órganos de control terminen siendo utilizados por los corruptos como sus escopetas.

Hoy se repite la historia en la escogencia de quien reemplazará a Diana Carolina Torres García en la Contraloría de Medellín, donde pasó sin pena ni gloria, cuando se han presentado múltiples denuncias que comprometen a la administración de Daniel Quintero con serios problemas de contratación. Torres García fue subalterna de Zuluaga Peña durante su reinado en la contraloría departamental y lo reemplazó cuando este fue capturado.

Es inobjetable que la politiquería y la corrupción tienen sus tentáculos bien ceñidos al interior de los organismos de control y es deplorable para la sociedad que la excelencia no sea el criterio esencial en la selección del personal para estos cargos, sino que se acuda a la conveniencia, al apoyo político y al poder de manipulación de quienes votan para postular o para elegir.

Post Scriptum: Es insólito que el personero culpe al sector hotelero por la reciente muerte de dos personas extranjeras, operadas en clínicas de garaje. ¿Qué opinan Cotelco, Fenalco y la Cámara de Comercio? 

Bernardo A. Guerra Hoyos

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