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La operación estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro marcará, sin duda, un antes y un después en la historia reciente del hemisferio. Fue una acción rápida, contundente y profundamente polémica. Estados Unidos actuó de manera unilateral, sin acogerse a normas internacionales ni buscar aval multilateral alguno. Fue, en esencia, la aplicación descarnada del principio que parece guiar hoy la política exterior de Donald Trump: might is right, la ley del más fuerte.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el precedente es inquietante. Se trató de una intervención directa en un país soberano, sin mandato externo y basada exclusivamente en la interpretación estadounidense de sus intereses estratégicos. El orden internacional —ya bastante erosionado— sale aún más debilitado cuando una potencia decide que las reglas son opcionales.
Dicho esto, sería igualmente ingenuo analizar el hecho sin contexto. Venezuela llevaba años atrapada en una tragedia humanitaria, económica y política sin salida visible. El régimen había cerrado cualquier resquicio democrático, desconocido resultados electorales incómodos y convertido al Estado en una maquinaria de control y represión. No había, en realidad, un camino interno para un cambio de régimen. En ese escenario, la operación estadounidense, por controversial que sea, abre al menos una ventana de esperanza para millones de venezolanos que habían perdido toda expectativa de cambio.
Conviene también mirar con frialdad el enfoque de Washington. No se trata de una cruzada moral ni de un repentino apego a la democracia. Estados Unidos ha dejado claro que su prioridad es la estabilidad, el control del caos y la obtención de beneficios económicos concretos, especialmente en el sector energético. La estrategia parece apuntar más a administrar la transición —incluso trabajando con sectores del antiguo régimen— que a promover un idealismo democrático puro. Es realpolitik en su forma más cruda.
Para Colombia, el episodio deja varias lecciones incómodas. Inicialmente, el gobierno reaccionó con el tono previsible: condenas, llamados al respeto del derecho internacional y advertencias sobre los riesgos de la intervención. Sin embargo, la retórica duró poco. Tras la conversación directa entre Petro y Trump, las aguas aparentemente se calmaron y el discurso se moderó. El jaguar que rugía en defensa de los principios se transformó rápidamente en un gatito dispuesto a evitar un choque frontal con el vecino más poderoso.
Ese giro no sorprende. La política exterior, cuando se enfrenta a hechos consumados y relaciones asimétricas, suele despojarse de ideología con notable rapidez. Colombia depende de Estados Unidos en múltiples frentes: comercio, seguridad, cooperación y estabilidad regional. En ese contexto, la postura inicial fue más un reflejo discursivo que una estrategia sostenible.
El delicado balance apenas comienza. Un cambio abrupto en Venezuela tendrá efectos directos sobre Colombia: flujos migratorios, reacomodos de grupos armados, tensiones fronterizas y nuevas dinámicas económicas. Aplaudir sin reservas la intervención sería irresponsable; condenarla sin reconocer la tragedia venezolana también lo sería. El desafío está en manejar las consecuencias con cabeza fría y sin grandilocuencias.
Para Venezuela, el futuro sigue siendo incierto. Nada garantiza que esta intervención derive en una democracia funcional ni en una recuperación económica sostenida. Pero el simple hecho de haber roto un statu quo que parecía eterno ya es, para muchos, un punto de inflexión histórico.
Y para Colombia, la lección final es clara: en el mundo real, las consignas pesan poco frente al poder. La política internacional no se mueve por declaraciones altisonantes ni por gestos simbólicos, sino por intereses, fuerza y resultados. Entenderlo no implica renunciar a los principios, pero sí reconocer que, cuando habla el más fuerte, los demás —querámoslo o no— terminan escuchando.
