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Columnistas | PUBLICADO EL 03 octubre 2021
Cinco años del acuerdo con Farc
Por Alejo Vargas Velásquezvargasvelasquezalejo@gmail.com
Al cumplirse un lustro de la firma del Acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc, si bien vale la pena resaltar los aspectos positivos y los incumplimientos, es de la mayor relevancia pensar en lo que está pendiente como sociedad.
Por supuesto que terminó su ciclo la guerrilla agrarista más antigua de América y honró su compromiso desarmándose y haciendo entrega de armas, municiones y explosivos a la Misión de la ONU: comenzaron, la gran mayoría de los excombatientes, su proceso de reincorporación política, social, económica y eso ya es un resultado positivo de la mayor importancia para el país. Sin embargo, no se logró cerrar el conflicto armado como aspiraba el Gobierno en su momento: desafortunadamente no se finalizaron las conversaciones con la otra insurgencia, el Eln, sumado esto a la presencia de grupos disidentes. Por lo tanto, como lo plantean algunos sectores políticos y sociales, la consigna de “Paz Completa” sigue teniendo relevancia. Hay muchos otros aspectos positivos que destacar: la vigencia del Estatuto de Oposición, el apoyo a programas de sustitución de cultivos ilícitos —así sean parciales—, está en marcha un vigoroso sistema de justicia transicional, hay acciones de reparación de víctimas.
Igualmente ha habido incumplimientos del Estado —del Congreso, de los gobiernos—, pero no puede perderse la perspectiva de temporalidad de la implementación del Acuerdo, como lo concertaron en su momento el gobierno y las Farc, en el Plan Marco de Implementación, al establecer un periodo de quince años para esto —tres gobiernos adicionales al que firmó el Acuerdo y estamos al final del primero—.
El aspecto negativo más preocupante es el asesinato de los excombatientes de Farc en cifras superiores a las 280 personas; excombatientes que se desarmaron y confiaron en que su vida sería protegida por el Estado, lo que, evidentemente, no se ha hecho —así fuera un excombatiente asesinado, ya sería preocupante y la cifra es, por supuesto, alarmante—; sin duda, este es el principal y más sensible punto de preocupación de la comunidad internacional y debería serlo del gobierno y la sociedad en su conjunto. A esto se agregan los cientos de líderes sociales asesinados. Al respecto, es importante recordar cómo el Estado colombiano no hizo su tarea adecuadamente; y ¿cuál era esa tarea? Primordialmente, copar los territorios con una estrategia que implicara presencia de Fuerza Pública e iniciar procesos locales o regionales de construcción de Estado en los territorios para, de esa manera, consolidara legitimidad social, impidiera la siembra de cultivos de uso ilícito y, asociado a esto, controlara y combatiera los grupos ilegales dedicados a esta actividad delincuencial y diera una protección real a líderes sociales y excombatientes. También está pendiente implementar el punto de Reforma Rural Integral.
Se requiere que el siguiente gobierno retome con seriedad la posibilidad de un proceso de conversaciones con el Eln para buscar una superación concertada del conflicto armado. Ello supone que el Eln también reflexione políticamente y valore positivamente que lo más conveniente para el país y para ellos mismos, como fuerza política, es que se decidan a emprender el camino de conclusión del alzamiento armado —previo proceso de acuerdos con el gobierno y la sociedad—, que abandonen su política de “resistencia” y se asuman como una fuerza social y política que puede contribuir mucho a la democratización del país y que apoyen, desde la civilidad activa, las luchas sociales en esa dirección.
Y, por supuesto, debemos avanzar en serio en el camino de la reconciliación nacional. El Informe de la Comisión de la Verdad podría ser una herramienta valiosa de ayuda
