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En Colombia hay una realidad vergonzosa de la que casi no se habla: la mutilación genital femenina sigue ocurriendo. Sí, hoy, en pleno 2026, hay niñas a las que les mutilan su cuerpo dentro de sus propias casas, mientras el Estado colombiano todavía no ha prohibido explícitamente esta práctica.
Y no estamos hablando de casos aislados. Entre 2020 y comienzos de 2026 se registraron al menos 216 casos en el país. Más de la mitad ocurrieron en niñas entre 0 y 5 años. Y el 83 % sucedió dentro de sus hogares, el lugar donde cualquier niño debería estar más protegido.
Pero las cifras probablemente son apenas una parte del problema. El subregistro es altísimo. Muchas veces estas prácticas permanecen invisibles por miedo, normalización cultural o ausencia institucional en los territorios. Es decir: la realidad podría ser mucho más grave de lo que alcanzamos a ver.
Hablamos de niñas —muchas veces bebés— sometidas a procedimientos sin justificación médica, realizados sin anestesia y con consecuencias físicas y psicológicas que pueden durar toda la vida. Niñas a las que se les arrebata una parte de su cuerpo antes siquiera de tener la posibilidad de decidir sobre él. Y aun así, Colombia no ha dado el paso más elemental: prohibir de manera expresa esta práctica.
Hay discusiones públicas que admiten matices. Esta no es una de ellas. Aquí no estamos frente a una diferencia ideológica ni ante una costumbre que deba “comprenderse” desde el relativismo cultural. Estamos frente a una violación brutal de derechos humanos de las niñas.
Por eso resulta tan desconcertante que el proyecto de ley “Niñas sin ablación”, que busca prohibir explícitamente la mutilación genital femenina, siga pendiente de un último debate en el Congreso. La iniciativa ya superó tres debates, todos por unanimidad. Solo falta uno. Pero si no se aprueba antes del 20 de junio, el proyecto se hundirá. Y lo más inquietante es que no parece faltar consenso. Falta prioridad.
Proteger el cuerpo y la dignidad de las niñas no debería depender de los tiempos de la política electoral ni quedar relegado entre cálculos legislativos y agendas partidistas. Hay causas que un país serio debería ser capaz de tramitar con urgencia moral. Al final, esta discusión va más allá de un trámite legislativo. Es una prueba sobre los límites éticos que una sociedad está dispuesta a defender. Prohibir explícitamente la mutilación genital femenina es trazar una línea clara. Decir que hay prácticas que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Que la dignidad, la integridad y los derechos de una niña están por encima de cualquier tradición.
Y también es una señal sobre el país que queremos ser. Una sociedad que no es capaz de proteger a sus niñas en lo más básico —su cuerpo, su integridad y su dignidad— pierde autoridad moral para hablar de futuro, de desarrollo o incluso de humanidad.
