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Los acontecimientos de esta semana alrededor de la reforma a la salud y la intervención a las EPS pusieron en evidencia las mayores fragilidades de nuestra democracia, pese al papel que hasta hoy ha jugado el sistema de equilibrio de poderes de nuestro ordenamiento.
Ante estos hechos, muchas conversaciones se han provocado alrededor de qué queda por hacer en un panorama como este, y sobre qué papel puede y debe jugar la ciudadanía. Mi cuestionamiento principal ha sido alrededor del rol que deben jugar las instituciones educativas en un esquema tan problemático, y qué deberíamos esperar de quienes en colegios y universidades forman y se forman hoy.
Habrá quienes digan que este tipo de discusiones no se deberían llevar a las aulas, bajo el pretexto de que eso implicaría “ideologizar” la educación. Quienes así lo ven están parados, en mi criterio, en una orilla reduccionista frente al alcance de la educación. Otros, dentro de los que me incluyo, creerán que lo que corresponde es activar nuevamente los canales de diálogo entre maestros y alumnos sobre el papel del ciudadano en una democracia deliberativa, de manera tal que, con espíritu democrático, podamos dar cuenta de cómo un proceso educativo profundo debe despertar el potencial de liderazgo de los estudiantes en el presente (más que en el futuro), y activar la deliberación constructiva como la manifestación más importante de control en un sistema verdaderamente democrático.
Siempre he visto con preocupación el papel pasivo de las instituciones educativas en esta materia. El papel deliberante y formativo que cumplían a nivel cívico en el pasado parece suspendido hoy. Calaron exitosamente los argumentos frágiles de quienes insistieron en que hablar de estos temas en las aulas era comparable con ejercer un papel “adoctrinante”, cuando esas dos cosas poco o nada tienen que ver. El diálogo que debería darse en colegios y universidades no tiene por qué tener ninguna traza ideológica. Debe tener exclusivamente un marco republicano, en el que cada cual desarrolle las convicciones ideológicas que prefiera. Si aspiramos a que siga existiendo un sistema que proteja las libertades de todos, lo mínimo que debería pasar es que cada ciudadano haga su parte en proteger las bases sobre las que esas libertades pueden ejercerse.
Hablando sobre este tema hace unos meses, cuando aún no estábamos en un escenario tan crítico como el que se vivió durante esta semana, alguien me dijo una frase que aún me resuena: “los colegios y las universidades tienen que perderle el miedo a volver a hablar de política”. Estoy de acuerdo con la frase, y más aún, creo que lo más importante es retomar el encargo cívico de la educación, manteniéndolo alejado de cualquier matiz ideológico. Dialogar sin apasionamientos sobre cómo es el ciudadano común, el que a través de su rol activo protege o desprotege la solidez de nuestra democracia, no puede confundirse con discutir acaloradamente sobre los planteamientos ideológicos del gobierno de turno. Si bien debemos mitigar el riesgo de que los procesos educativos se contagien de lo segundo, ese riesgo, por grande que sea, no puede implicar abandonar lo primero.
