Los transportadores de carga de Colombia y de Antioquia han lanzado alertas por las pérdidas millonarias que están sufriendo a causa del paro armado que inició el Clan del Golfo el jueves 5 de mayo como represalia por la extradición de su cabecilla, Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”.
De acuerdo con La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) se han reportado pérdidas superiores a los $13.000 millones a raíz de los problemas de orden público presentados en las vías de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.
En este sentido, Colfecar rechazó “enfáticamente” los atentados contra 32 vehículos que fueron incinerados, entre camiones y tractomulas en las vías principales y secundarias de estos departamentos en Colombia.
Nidia Hernández Jiménez, presidente ejecutiva de Colfecar, aseguró que el cálculo de estas pérdidas de los transportadores por los vehículos quemados se ha hecho sin contar con el valor de la carga, por lo que los perjuicios económicos ascenderían a mucho más.
“Confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores se refuercen las acciones de acompañamiento del ejército y la policía en las caravanas que se han programado para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”, señaló Hernández. (Ver Para saber más).
La dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se vincule a los transportadores a las caravanas, con el fin de garantizar su seguridad y la protección de los vehículos.
Las pérdidas en Antioquia
Las vías del departamento de Antioquia han sido algunas de las más afectadas en el país por el paro armado, sobre todo las que conducen hacia el Urabá y la Costa Atlántica.
De acuerdo con Anderson Quiceno, director del Grupo Empresarial de Transportadores de Antioquia (GTE), las pérdidas económicas ascienden a los $500.000 millones.
“La situación en el departamento es compleja. Las pérdidas millonarias que como gremio calculamos abarcan el cierre de los comercios en muchos municipios de Antioquia, la quema de vehículos, la pérdida de la carga, y el lucro cesante y daño emergente que causan estas acciones violentas”, indicó Quiceno.
Y si bien aún no se han presentado bloqueos en las carreteras, el líder gremial afirmó que muchos conductores de carga pesada tienen temor de transitar por las vías del departamento, por lo que tienen sus vehículos en los parqueaderos hasta que se den las condiciones de seguridad para circular con normalidad.
Rechazo de los empresarios
La Asociación Nacional de Industriales (Andi) rechazó las acciones violentas y aseguró que esto debe ser entendido como “una agresión delincuencial que atenta contra los derechos y bienestar de la población civil”.
“La intimidación, las amenazas y los ataques a la población civil son inaceptables. Las personas necesitan movilizarse con tranquilidad para conseguir su sustento. Este tipo de acciones afecta directamente el derecho de trabajar, y eso tiene consecuencias para las familias”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Y agregó que “también se han registrado afectaciones a la propiedad privada que no se pueden tolerar”.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional solicitó a la las autoridades “la protección a productores, empresarios, trabajadores, transportadores y en general las comunidades afectadas, así como el inicio de las correspondientes acciones judiciales para investigar y condenar a aquellos que irrumpen el orden y la seguridad pública”
