La Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) anunció la prórroga de la intervención a la caja de compensación Comfenalco Antioquia por un periodo adicional de siete meses. Para esta nueva etapa, se nombró como agente interventor especial a Cristian Joan Franco Zabaleta.
Al finalizar el periodo inicial de la intervención, el entonces interventor Osvaldo Álvarez Martínez no presentó recomendaciones específicas a la Superintendencia sobre la continuidad o suspensión de la medida, aunque señaló que el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) avanzaba en un 90,5%.
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De acuerdo con los estados financieros revisados por la Supersubsidio en su visita a la Caja, a diciembre de 2023, Comfenalco Antioquia reportó activos por $983.642 millones, lo que representa un incremento del 21,48% respecto a los $809.735 millones registrados al cierre del año anterior.
Sin embargo, en la Resolución conocida por este medio, la Supersubsidio concluyó que “en el marco de la intervención de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, el análisis de su situación financiera, los programas de vivienda y salud, así como la revisión fiscal y su impacto patrimonial, revelan riesgos críticos que justifican la prórroga de la medida cautelar”.
La entidad también precisó que la prórroga es necesaria, ya que el Plan de Mejoramiento de la Medida de Intervención (PDMI) muestra un avance del 77%, y no del 90% como reportó el anterior interventor. Persisten graves deficiencias, especialmente en áreas clave como la recuperación de recursos transferidos a Mandato Salud SAS, donde el progreso ha sido nulo (0%), poniendo en riesgo los recursos de la Corporación.
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A pesar de que la intervención ha sido útil para controlar las finanzas y gestionar los programas de vivienda y salud, la Supersubsidio advirtió que aún no se ha alcanzado un nivel de cumplimiento que garantice la estabilidad financiera de la Caja.
Sobre el Programa de Vivienda, el documento destaca que “las pérdidas acumuladas han alcanzado los $27.829 millones, con un preocupante crecimiento del 59% en el primer semestre de 2024”. Esto refleja que las estrategias de recuperación han sido insuficientes y que, sin la intervención y supervisión de la Superintendencia, los riesgos financieros podrían incrementarse, afectando aún más el patrimonio de la Caja.
En cuanto al programa de salud, el proceso de liquidación ha generado contingencias legales y financieras no resueltas, entre ellas una demanda del Ministerio de Salud por $33.916,6 millones y condenas judiciales por más de $3.400 millones, lo que sigue afectando negativamente el balance financiero de la entidad. “La falta de control sobre los recursos fiduciarios, como en el caso de Mandato Salud SAS, representa un riesgo de pérdida adicional que no ha sido gestionado de manera efectiva”, señaló la Supersubsidio.
