La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, sancionó a Inversiones INT Colombia S.A.S., dueños de la cadena KFC, con una multa de $160 millones, luego de que determinara que la empresa incurrió en fallas en la calidad del servicio posventa, como consecuencia de la no entrega, la entrega tardía, en mal estado y/o incompleta de los pedidos realizados por los consumidores.
La decisión se tomó luego de que la SIC analizara 2.117 quejas, peticiones y reclamos sobre la plataforma de comercio electrónico, y evidenciara múltiples fallas en la entrega de pedidos.
“En múltiples oportunidades la sociedad dio por finalizados los pedidos en su aplicación sin haber realizado su entrega efectiva; además, se pudo evidenciar que en algunos eventos, aun cuando sí se dio la entrega, esta fue realizada de manera tardía en relación con los términos inicialmente informados”, informó la SIC.
Y afirmó que también se encontraron algunas quejas por productos que no cumplían las expectativas de los consumidores, al no reunir las condiciones de calidad esperadas, así como entregas incompletas, quedando como faltantes algunas porciones como papas, churros, “popcorn”, bebidas, ensaladas, salsas, productos de cortesía y de promociones ofrecidas, entre otros.
En el curso de la investigación, la SIC verificó la página web www.kfc.co y pudo verificar que la cadena de comida rápida omitió incluir dentro de ella las condiciones generales de los contratos de manera fácilmente accesible y disponible para su consulta, impresión y descarga antes y después de realizada la transacción comercial.
Además, se evidenció que la información que proporcionaba la sociedad sobre sus datos de identificación era insuficiente en la medida en que no incluyó su Número de Identificación Tributaria (NIT).
Sumado a esto, se encontró que pese a que la plataforma de comercio electrónico contaba con un mecanismo para que los consumidores pudieran radicar sus peticiones, quejas y reclamos, este no cumplía con todas las exigencias normativas al no permitir que se tuviera constancia de fecha y hora de radicación, así como tampoco contaba con un sistema para su posterior seguimiento.
Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.
