Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, si no se incrementa el precio del Acpm este año, el déficit del Fepc relacionado con este combustible podría alcanzar los $11,3 billones.
A pesar de que el Gobierno, a través de su Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2023, había previsto un aumento en el precio del diésel para 2024, los ajustes necesarios aún no se han implementado.
De hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que el ajuste en el precio del diésel es inevitable, lo que ha generado tensiones con los gremios de transportadores, quienes se manifestaron pacíficamente este viernes 30 de agosto.
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En su comentario económico, Anif ha enfatizado que la eliminación del subsidio al Acpm es crucial para la sostenibilidad fiscal del país. En sus cálculos, si el precio del diésel se incrementa en $2.000 en septiembre, el déficit fiscal relacionado con el Acpm podría reducirse en $1,3 billones. No obstante, este ajuste tendría implicaciones significativas para los transportadores y otros sectores económicos que dependen del diésel.
El subsidio al Acpm ha sido un salvavidas temporal para muchos sectores, pero su costo es cada vez más insostenible. En 2023, 3 de cada 4 pesos del déficit del Fepc se deben a este subsidio. Sin un ajuste en el precio, el déficit podría rondar los $10,2 billones para finales de 2024, lo que representaría una carga enorme para el Presupuesto General de la Nación.
El plan del Gobierno es realizar tres aumentos de $2.000 cada uno entre 2024 y 2025, distribuidos semestralmente. Si se sigue este esquema, el precio del Acpm, que en julio de 2024 estaba en promedio en $9.484, podría acercarse a $15.500, un valor similar al de la gasolina, estima Anif.
Esta medida, aunque impopular, es vista por Anif como necesaria para preservar la salud financiera del país a largo plazo.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno tendrá la voluntad política para llevar a cabo estos ajustes, o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, los intereses de corto plazo prevalecerán sobre las necesidades fiscales de largo plazo, según el comentario económico de Anif.
Y de no tomarse las medidas necesarias, el país podría enfrentarse a un escenario en el que los recursos destinados a subsidiar el diésel terminen desviando fondos de otras prioridades nacionales más urgentes.
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