Ya no habrá que decir que hubo presuntos responsables en el llamado cartel del papel higiénico. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, impuso ayer sanciones a cuatro compañías por acordar ilegalmente precios de estos productos al menos entre los años 2000 y 2013.
La multa total para las empresas y 21 personas naturales asciende a 185.417 millones de pesos y es el segundo cartel en el país que pasa de proceso de investigación a sanciones. En octubre pasado se multó con 260 mil millones a Asocaña, 14 ingenios e igual número de directivos por el conocido como cartel del azúcar.
Ahora, Kimberly y Productos Familia recibieron las multas más altas, como creadoras del cartel, hace 16 años. La multinacional habría tenido que pagar 68.945 millones de pesos, de no ser porque fue la primera delatora, lo que le da derecho a ser exonerada del 100 % del monto. Mientras tanto, Familia deberá pagar la suma de 62.050 millones de pesos, es decir el 90 % de la máxima multa posible. Aún cuando fue el segundo delator y tendría un beneficio de 50 % en su multa, Robledo decidió no conceder dicho beneficio.
¿La razón?, durante la investigación, el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, evidenció que la multilatina de origen antioqueño mintió y ocultó información durante el proceso, como consta en el informe motivado conocido el 6 de abril pasado.
Por su parte, la bogotana Papeles Nacionales (PN) pagará 48.261 millones, y Cartones y Papeles de Risaralda (Cypr) otros 4.136 millones de pesos, pero esta última tiene una reducción de 30 % por ser la tercera delatora.
Pero la SIC indicó que la sanción a los cuatro fabricantes no supera el 15 % de sus ingresos operacionales cada año. Además las sancionadas manejaban un 78 % del mercado de papeles suaves (higiénicos, toallas húmedas, servilletas) que mueve 1,2 billones de pesos anuales en el país.
Entre las personas naturales sancionadas sobresalen Felipe José Alvira, gerente de Kimberly, quien por delator se salvó de pagar 241,3 millones. No así Darío Rey Mora, gerente de Familia, suspendido del cargo por la junta directiva desde el 13 de abril, día en que la empresa ofreció excusas públicamente. Igual Mora deberá pagar 351,6 millones de pesos, la multa más alta para directivos implicados (ver Informe).
La SIC archivó la investigación a favor de Drypers Andina y 21 personas naturales más de las empresas.
Ahora está pendiente la decisión final del presunto cartel de los cuadernos y de los pañales. Además se preparan informes motivados por posible cartelización de empresas de seguridad privada, cementeras y subastas ganaderas. También se investiga 10 sectores más de productos de consumo masivo.
