Dentro del paquete de artículos que se discutirán hay una peculiar propuesta con la que el Gobierno quiere que los ciudadanos le echen una mano a la Dian: recompensas por delatar a los evasores de impuestos.
Según dice el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos de la tributaria, la idea es adelantar “la implementación de recompensas para quienes denuncien delitos tributarios y aduaneros, como un mecanismo para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el fraude fiscal”.
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El abecé
¿Cómo funcionaría? En el artículo 29 se propone que el ciudadano que suministre información sobre hechos irregulares, con pruebas concretas, “tendrá derecho a una recompensa en dinero equivalente al veinte por ciento (20%)” del total mayor saldo a pagar que se termine liquidando en la declaración de la persona a la que “echó al agua”.
Esto, obviamente, siempre y cuando sus pruebas permitan establecer una omisión o indebida determinación de impuestos que terminen generando un mayor saldo a pagar en la declaración del contribuyente acusado.
Para el reconocimiento de la recompensa al delator, dice la reforma, “en la declaración que se corrige o se presente, según el caso, se deberá haber generado un total mayor saldo a pagar, igual o superior a cinco mil 5.000 UVT”, es decir, desde los $235.325.000.
¿Es inconveniente?
Según un análisis de Carlos Giovanni Rodríguez, tributarista y socio fundador de JHR, la propuesta resulta inconveniente porque la Dian “está trasladando la función de fiscalización y control a los particulares con todo lo que esto conlleva, como obtener pruebas violando el debido proceso y todos los derechos del contribuyente con un único fin de tener un provecho económico”.
El experto agregó que “hoy las denuncias de terceros existen y funcionan muy bien, las personas que denuncian lo hacen por un deber social y no por un tema económico”.
También hay que tener en cuenta que la medida se daría en medio de los cuestionamientos de los últimos meses a la Dian. La entidad ha bajado su gestión y un ejemplo son las cifras de recaudo en el primer semestre de este año, que cayeron 8,3% a $136 billones.
Vale mencionar que en la reforma también se propone que cuando la información y pruebas permitan establecer contrabando o contrabando de hidrocarburos, el ciudadano que suministre la información tendrá derecho a una recompensa en dinero, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la mercancía.
Se aclara que la Unidad Administrativa Especial de la Dian establecerá las reglas del juego para esta estrategia y que los funcionarios de la entidad no podrán acceder a las recompensas.
Así mismo, los delatores que sean sorprendidos mintiendo podrían tener una multa de $47 millones.
Otros casos en el mundo
Esta práctica no es una novedad, pues en el mundo algunos países la tienen bastante desarrollada. Un ejemplo es Estados Unidos, que es pionero en la materia y tiene programas de recompensas a través de la Comisión de Valores y Bolsa, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos o el programa del Servicio de Impuestos Internos.
En esa potencia se pueden denunciar infracciones a la legislación federal de valores; también las que van contra las normas de intercambio de commodities; los fraudes fiscales y pagos indebidos; y las reclamaciones falsas contra el Gobierno. El incentivo oscila entre el 20% y el 30% del dinero recuperado.
El Reino Unido es otro ejemplo de estas prácticas, y recompensa, según sea el caso, las denuncias por evasión fiscal; al año puede desembolsar hasta $400.000 euros.
Corea del Sur, Canadá, Polonia o Hungría también hacen parte de este grupo, y en Latinoamérica se destaca cómo Chile promueve la política del “denunciante anónimo” para casos en los que se logren detectar fraudes desde los 80 millones de pesos chilenos.
