A 13 días de que entre en vigor la reforma pensional, la Corte Constitucional discute hoy uno de los expedientes clave que podrían determinar el futuro del sistema jubilatorio en Colombia.
Aunque el reloj corre, el alto tribunal aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la Ley 2381 de 2024, base jurídica del nuevo régimen.
Este martes 17 de junio, a las 9:00 a.m., la Sala Plena de la Corte se reúne con una agenda crucial: el expediente D-15989, cuyo magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del tribunal, aborda una demanda contra la totalidad de la ley y parcialmente contra sus artículos 93 y 84.
Pese a que el plazo para emitir concepto vence el 10 de septiembre, es decir, dos meses después de que el nuevo régimen entre en vigor, hoy 17 de junio está programada dicha decisión si es o no constitucional.
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¿Exequible o inconstitucional? La Corte define el futuro de las pensiones
Por lo tanto, hoy la Corte debe responder una pregunta clave: ¿la reforma pensional viola o no la Constitución Política? Si encuentra vicios de inconstitucionalidad, puede emitir una sentencia de nulidad parcial o total de la norma.
La Corte podría tener dos caminos posibles:
1. Efecto ex tunc: anular la ley desde su origen, como si nunca hubiera existido. En este escenario, se deben deshacer todos los actos administrativos basados en la reforma.
2. Efecto ex nunc: declarar inconstitucional la reforma desde el fallo, dejando vigentes los efectos anteriores y concediendo un plazo para una nueva legislación.
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En ambos casos, las administradoras de pensiones tendrían que volver al régimen anterior, lo que implicaría reprogramar el sistema operativo de Colpensiones y los fondos privados, recalcular semanas, edades de jubilación y fórmulas de liquidación.
Más de 40 demandas y un sistema en pausa
Actualmente, la Corte estudia más de 40 demandas contra la Ley 2381 de 2024, lo que ha ralentizado su pronunciamiento. El expediente que se discute hoy es solo uno de ellos. La sesión también incluye los expedientes D-16004, sobre la misma ley.
A pesar de la incertidumbre, Colpensiones anunció que tiene casi lista la implementación del nuevo sistema, que arranca el 1 de julio.
El Gobierno, por su parte, avanza en los decretos reglamentarios, con más del 80% de avance, incluyendo el que definirá los seguros previsionales, esenciales para cubrir riesgos de invalidez o muerte.
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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que aún hay temas sin resolver, como el modelo de desinversión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, manejado por el Banco de la República.
“Se cree que los nuevos pensionados aparecerán en 10 años, pero eso no es así. Hay personas que desde ya están renunciando a la transición”, señaló el dirigente gremial.
Según Velasco, también falta claridad sobre cómo se manejarán los recursos de los afiliados al régimen privado que decidan pasarse al sistema público.
