Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó cómo se preparan los privados para la entrada en vigor de la reforma.
La entrada en vigor de la reforma pensional continúa sujeta a varias decisiones institucionales después del fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024.
Mientras la Cámara de Representantes debe debatir los temas que quedaron pendientes, el Banco de la República, Colpensiones y el Ministerio de Hacienda han presentado solicitudes relacionadas con la aplicación de la norma.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), señaló que, mientras no exista una decisión diferente de la Corte, los fondos privados trabajan con el escenario de que la reforma comenzará a regir el primero de abril de 2027.
Según explicó, la Corte dejó pendientes nueve artículos y una proposición aditiva, debido a que las iniciativas relacionadas con estos asuntos no fueron discutidas por la Cámara de Representantes. La corporación tiene hasta el 29 de octubre para realizar el debate correspondiente.
Posteriormente, la Corte deberá revisar si se subsanaron los asuntos pendientes. En paralelo, tres instituciones han planteado solicitudes frente a la implementación de la reforma.
Recientemente, el Banco de la República pidió una aclaración sobre las fechas de entrada en vigor, particularmente para tener certeza sobre desde cuándo podrá realizar las inversiones relacionadas con el nuevo sistema.
Colpensiones, por su parte, solicitó la modulación temporal del fallo para que la reforma no entre en vigor el primero de abril de 2027, sino un año después. El argumento es que la entidad requiere más tiempo para completar la implementación necesaria para operar bajo el nuevo esquema.
“Estamos analizando la posibilidad de coadyuvar la solicitud de modulación temporal del fallo de Colpensiones, única y exclusivamente porque Colpensiones, que será el centro del nuevo sistema de pensiones, necesita estar listo para operar”, afirmó el presidente de Asofondos.
A esta discusión se suma el Ministerio de Hacienda, que presentó un incidente de impacto fiscal. El Gobierno argumenta que la reforma tiene costos durante 2027 que no están incluidos en el Presupuesto de la Nación.
En este caso, la solicitud busca que la entrada en vigor de la ley no se produzca antes de finalizar 2027, de manera que su aplicación corresponda a la vigencia presupuestal de 2028.
Mientras se define el calendario definitivo, las administradoras privadas (Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia) aseguran haber avanzado en la preparación tecnológica y operativa que exige el nuevo sistema.
“Nosotros teníamos que hacer tal vez la tarea más dura de todas: invertir decenas de millones de dólares en tecnología y en nuevas capacidades para ofrecerles a los colombianos todo lo que vamos a proveer, porque el trabajo de los fondos privados se agranda en el corto plazo con la entrada en vigor de la reforma”, señaló Velasco.
El presidente de Asofondos sostuvo que las administradoras están preparadas para el escenario planteado por la Corte y que continuarán atentas a las decisiones que se adopten sobre las solicitudes de modulación.
Por ahora, la referencia para la industria sigue siendo el primero de abril de 2027. “Mientras la Corte Constitucional no diga nada diferente, nosotros estamos muy concentrados en que entre a partir del primero de abril de 2027. Si algo cambia, se recalcula”, afirmó el dirigente gremial.
Otro de los asuntos que sigue en el radar de las administradoras privadas es el régimen de inversiones. Velasco sostuvo que, independientemente de lo que ocurra con la reforma, los fondos continuarán administrando los recursos de sus afiliados bajo las reglas vigentes.
“Más allá de lo que pase con la ley, los fondos vamos a tener la responsabilidad, con o sin la ley, de seguir administrando el portafolio que tenemos de los trabajadores colombianos”, explicó.
En ese contexto, destacó el anuncio del Gobierno Nacional sobre la derogación del Decreto 369, que limitaba las inversiones en el exterior.
“Para nosotros, esa es una decisión correcta. La diversificación es una de las características más importantes de todos los portafolios”, dijo.
Asofondos espera que el Gobierno concrete la derogación antes de que avance el cronograma previsto por la norma, con el propósito de evitar decisiones que puedan afectar la administración de los ahorros de largo plazo.
Vale anotar que con corte a junio de este año, los fondos de pensiones privados manejaban $579 billones de 19,4 millones de trabajadores, y otros $41 billones de un millón de afiliados a las pensiones voluntarias.
En cuanto a la composición de los portafolios, Velasco explicó que actualmente no existe un límite que impida invertir en activos extranjeros y señaló que la estrategia histórica de los fondos ha sido diversificar.
“Cerca del 43% del total de los fondos está invertido en activos emitidos por extranjeros. El complemento, aproximadamente 57%, está invertido en activos emitidos por colombianos, entre ellos el Gobierno Nacional”, explicó.
El dirigente gremial también negó que, como consecuencia de las normas expedidas por el anterior Gobierno, los fondos hubieran alcanzado a repatriar recursos del exterior. “No se alcanzaron a traer recursos”, enfatizó.
Según explicó, la norma establecía seis meses para presentar un plan informativo ante la Superintendencia Financiera, cuyo plazo vence el próximo 7 de octubre.
“Lo que estamos esperando es que el Gobierno emita el decreto antes de esa fecha para no generar expectativas de repatriación”, agregó.
Otro elemento del asunto pensional que permanece en discusión es el traslado de recursos asociado a los cambios de afiliación entre los fondos privados y Colpensiones, por valor superior a $8 billones.
Velasco señaló que el Consejo de Estado ya se pronunció de manera preliminar sobre el asunto al suspender el decreto que pretendía ordenar el traslado de recursos.
“A todas luces, ese traslado no se ceñía a la legalidad y por eso el Consejo de Estado detuvo esos traslados de forma precautelativa”, afirmó.
Velasco reconoció que Colpensiones es una entidad importante dentro del sistema establecido por la Ley 100 y que su relevancia aumenta con la reforma pensional, debido al papel que tendrá en el pilar básico contributivo.
“En el contexto de la Ley 2381, que es la reforma pensional, la relevancia de Colpensiones sube de forma importante porque se vuelve el centro del pilar básico contributivo, que es donde vamos a estar afiliados todos los colombianos que no podemos entrar en el régimen de transición”, explicó.
Frente a la llegada de una nueva administración a Colpensiones, tras la salida de Carlos René Montoya, el presidente de Asofondos manifestó que el gremio espera establecer una relación de trabajo que contribuya al funcionamiento del sistema.
“Nosotros tenemos relación con Colpensiones en muchísimos niveles operativos. Tenemos la expectativa de que esa relación sea fructífera en pro de la tranquilidad de los colombianos y del buen funcionamiento del sistema pensional”, afirmó.
El dirigente gremial insistió en que la industria de las administradoras de fondos de pensiones deberá adaptarse a las nuevas reglas establecidas por la reforma.
Al ser consultado sobre la posición de las administradoras frente a la reforma pensional, Velasco fue enfático en señalar que los cambios no representan un escenario favorable para la industria.
“La reforma es una reforma que para la industria no es buena. Nosotros vamos a tener que hacer mucho más y vamos a tener menor remuneración”, sostuvo.
Sin embargo, señaló que el desafío no se limita a la implementación de la nueva legislación. A su juicio, el sistema pensional seguirá enfrentando problemas estructurales relacionados con la cobertura, la equidad y la sostenibilidad.
“La industria ha cumplido con la responsabilidad que la ley le exige de adaptarse a la nueva ley, implementarla y ponerla al servicio de los colombianos”, indicó.
Velasco agregó que Asofondos continuará participando en la discusión sobre el futuro del sistema, con énfasis en tres elementos: ahorro, propiedad y sostenibilidad.
Uno de los asuntos que, según el presidente de Asofondos, deberá abordarse en el futuro está relacionado con las variables demográficas del país y su impacto sobre el sistema pensional.
“La realidad es que nuestra demografía, la tasa de natalidad y la tasa de longevidad de las generaciones que hoy estamos vivos y que vamos a demandar pensiones en el futuro nos llaman la atención sobre la necesidad de hacer cambios que incluyan esas variables y muchas otras”, señaló.
Para Velasco, estos cambios son necesarios para garantizar que las obligaciones pensionales puedan cumplirse en el futuro.
“De nada sirve tener un sistema pensional que promete muchas cosas y que, al final, no va a poder cumplirlas”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que Colombia necesita un sistema con mayor cobertura y equidad, pero, sobre todo, sostenible. Por eso, puso el foco en la importancia de la formalidad y las cotizaciones al sistema de seguridad social para quienes están comenzando su vida laboral.
“La formalidad es el mejor negocio de los colombianos, tanto de los hogares colombianos como de las firmas y los negocios colombianos. Entonces, el mensaje para los jóvenes es que sean formales y que coticen, porque vale la pena cotizar por la protección social que recibimos los ciudadanos al ser formales y participar en el Estado Social de Derecho”, manifestó.
El dirigente gremial también hizo énfasis en el ahorro como una herramienta para construir ingresos durante la etapa de retiro.
“Para los más jóvenes, además, que entiendan que el ahorro es una de las características más importantes de la generación de tranquilidad futura”, dijo.
Según Velasco, los cambios del nuevo sistema harán necesario un mayor esfuerzo de ahorro para quienes busquen mantener ingresos similares a los que tenían al final de su vida laboral.
Frente a los anuncios relacionados con posibles faltantes presupuestales para el pago de pensiones de Colpensiones hacia el cierre de 2026, Velasco envió un mensaje de tranquilidad a los pensionados.
“Ellos ya tienen unos derechos adquiridos, esos derechos pensionales que Colpensiones tiene para con ellos van a tener que cumplirles”, aseguró.
El presidente de Asofondos explicó que, desde su perspectiva, el problema corresponde a la presupuestación de las obligaciones pensionales y deberá ser atendido por el Gobierno Nacional mediante los mecanismos presupuestales correspondientes.
“La presupuestación de las pensiones en el año 2026 fue hecha de forma inadecuada porque se hizo pensando en un aumento del salario mínimo del 7% y terminó siendo del 23%”, sostuvo.
Según Velasco, corresponde al Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, solucionar ese desbalance mediante traslados presupuestales.
“La tranquilidad no es un deseo, es una obligación que tiene el Gobierno Nacional a través del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que prioriza el pago de pensiones por encima de todos los demás pagos, con excepción de los intereses y los salarios”, concluyó.
Con el 1° de abril de 2027 como fecha definida para la entrada en funcionamiento de la reforma pensional, la discusión empresarial comienza a trasladarse del debate jurídico hacia la preparación operativa.
Para las compañías, el escenario supone empezar a revisar cómo las nuevas reglas afectarán la nómina, los aportes a seguridad social, la contratación de trabajadores y contratistas y la administración de la información laboral.
Según KPMG, aunque el fallo aporta mayor claridad sobre el calendario, también activa una etapa de preparación que no debería concentrarse en los meses inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia.
“El fallo reduce una parte importante de la incertidumbre y traslada la conversación hacia la implementación. Abril de 2027 puede parecer todavía lejano, pero revisar la población de trabajadores, validar información, ajustar parametrizaciones de nómina y preparar los procesos de aportes requiere tiempo”, señaló María Camila Ortiz, gerente de Servicios Legales de KPMG Law en Colombia.
La ejecutiva agregó que uno de los principales riesgos sería abordar la reforma únicamente como un cambio para los afiliados, sin considerar sus efectos sobre los empleadores.
Uno de los primeros ejercicios para las compañías será determinar qué trabajadores estarán cobijados por el nuevo sistema y cuáles permanecerán bajo el régimen de transición.
La Ley establece el régimen de transición para mujeres con 750 semanas o más cotizadas y hombres con 900 semanas o más, mientras que los demás afiliados sujetos a la reforma ingresarán a la nueva estructura de pilares.
Esto significa que una misma empresa podría tener empleados sometidos a tratamientos pensionales diferentes. Por esa razón, la calidad, actualización y consistencia de la información laboral y de seguridad social será un elemento relevante durante la preparación.
Para los trabajadores que ingresen al nuevo esquema contributivo, las cotizaciones correspondientes a ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos serán administradas por Colpensiones. Los aportes sobre el excedente y hasta 25 salarios mínimos se dirigirán al componente de ahorro individual.
A esto se suman los aportes progresivos al Fondo de Solidaridad Pensional para determinados niveles de ingreso, con porcentajes que van desde 1,5% hasta 3%, lo que implica nuevos elementos que deberán ser considerados en la liquidación de los aportes.
Desde el punto de vista empresarial, la implementación no será responsabilidad exclusiva del área de nómina. El proceso requerirá coordinación entre áreas legales, talento humano, tecnología, seguridad social y proveedores de servicios.
Entre las tareas que las compañías pueden comenzar a revisar están la clasificación de sus trabajadores, la consistencia de las semanas y demás datos disponibles, las reglas de parametrización de los sistemas y los procedimientos necesarios para direccionar correctamente los aportes.
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