Las cuentas fiscales de Colombia no dan espera. Con un déficit del 6,5% que varios analistas ya consideran estructural, una deuda pública que aumentó $362 billones en los últimos cuatro años, y una desfinanciación de $30 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá como principal desafío el recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.
Los expertos consultados coinciden en que el país requiere un ajuste fiscal equivalente a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa alrededor de $80 billones. Durante la campaña y en las semanas posteriores a su elección, el mandatario anticipó algunas de las medidas que pretende implementar para reducir el tamaño del Estado y contener el gasto público, pero el ahorro sería mínimo.
Su propuesta en campaña fue muy ambiciosa: reducir un 40% del gasto mediante una reforma integral del Estado, eliminando ministerios, burocracia y entidades consideradas innecesarias. Habló de alcanzar ahorros cercanos a $30 billones anuales. Sin embargo, varios analistas consideran que esas metas responden más a planteamientos de campaña que a cifras que realmente puedan ejecutarse. ¿Pero cómo se podría ajustar la caja estatal?¿Qué ha propuesto el nuevo Gobierno?¿Y qué tan realizable es un recorte ‘milagroso’?, este artículo busca dar respuesta. ¿Por qué debería importarle?, sencillo, porque es la administración de la plata de todos los colombianos.
El debate sobre el ajuste fiscal
Para Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, la discusión no gira alrededor de si Colombia necesita un ajuste fiscal, sino sobre cuál es la mejor estrategia para lograrlo: disminuir el gasto público, aumentar los impuestos o combinar ambas herramientas.
Como parte de ese debate, Malagón y José Ignacio López, presidente de Anif, realizaron una investigación sobre 61 procesos de ajuste fiscal aplicados en América Latina durante los últimos 35 años. El estudio concluyó que las estrategias basadas en la reducción del gasto generan mejores resultados que aquellas sustentadas principalmente en aumentos tributarios.
Según explicó el presidente de Asobancaria, elevar los impuestos puede afectar la economía hasta cuatro veces más que un ajuste realizado mediante reducción del gasto.
“Reducir el gasto es una medida que se vuelve sostenible en el tiempo; a diferencia de los impuestos, que una vez entra la plata rápidamente se gasta y por eso se requieren tantas reformas tributarias en menos de año o un periodo cercano a 2 años”, dijo.
Una visión complementaria presentó Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), quien aseguró que el ajuste fiscal debe apoyarse en cuatro frentes simultáneos.
El primero consiste en fortalecer los ingresos del Estado mediante una eventual reforma tributaria o mejorando el recaudo de la Dian con una lucha más efectiva contra la evasión y la elusión.
El segundo pasa por racionalizar el gasto público. Ramírez explicó que esta tarea resulta compleja debido a las obligaciones constitucionales, legales y administrativas que limitan la capacidad del Gobierno para modificar buena parte del presupuesto. Sin embargo, aseguró que aún existe espacio para hacer más eficiente el gasto y que ese esfuerzo será indispensable para que la próxima administración pueda financiar nuevas políticas públicas sin comprometer la estabilidad fiscal.
El tercer frente, según el presidente del Carf, consiste en mejorar la planeación fiscal para hacerla más creíble y cumplible, mientras que el cuarto busca impulsar un crecimiento económico más alto y sostenido, al considerar que una economía que crezca más genera mayores ingresos fiscales y facilita la estabilización de las finanzas públicas.
¿Qué propone De la Espriella?
Las primeras señales del nuevo Gobierno apuntan a privilegiar una reducción del tamaño del Estado antes que un incremento de los impuestos.
El pasado 14 de julio, durante una alocución digital, el presidente electo anunció que eliminará varias consejerías presidenciales y alrededor de 229 cargos vinculados directamente a la Presidencia de la República.
Agregó que transformará la estructura de la Casa de Nariño en un centro de coordinación ejecutiva “sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”, con una administración enfocada en la austeridad, la eficiencia y los resultados.
“Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí”, comentó.
Entre las primeras entidades que desaparecerían se encuentran la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones pasarían a diferentes ministerios.
También anunció que desaparecerá la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y que las funciones relacionadas con esa dependencia serán trasladadas al Comisionado Nacional de Seguridad. Con eso se estima un ahorro de solo $10.000 millones anuales.
Otra de las medidas anunciadas por De la Espriella apunta al servicio exterior. El pasado 26 de julio, se reveló su intención de cerrar 17 embajadas y cerca de 15 consulados como parte de su estrategia para reducir el tamaño del Estado.
Aunque la medida ha generado debate, su impacto fiscal sería demasiado pequeño. El presupuesto asignado al sector de Relaciones Exteriores para 2026 asciende a $1,9 billones, equivalente apenas al 0,34% del Presupuesto General de la Nación, que este año fue aprobado por $546,9 billones.
Le puede gustar: Los 7 dolores de cabeza económicos que Petro le deja a De la Espriella
Incluso esa cifra incluye los recursos de Migración Colombia. En la práctica, el presupuesto directamente administrado por la Cancillería ronda los $709.000 millones, cerca del 0,13% del presupuesto nacional, por lo que el ahorro sería muy inferior a esta cifra.
Hay que decir que todavía no se descartan estrategias para incrementar los ingresos, de hecho, el propio ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reconoció en una entrevista con La República que se estudia presentar una reforma tributaria orientada a estimular el crecimiento económico.
¿Es posible el recorte ‘milagro’?
Más allá de los anuncios, la capacidad real para reducir el gasto público a un nivel como el propuesto en Campaña no es posible hoy. La razón es que la mayor parte del PGN ya está comprometida por obligaciones constitucionales, legales y contractuales, lo que históricamente ha dificultado los recortes y ha llevado a que los gobiernos recurran con mayor frecuencia a reformas tributarias para hacer ajustes de caja.
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, explicó que cerca del 90% del Presupuesto General de la Nación tiene algún tipo de restricción jurídica, por lo que el Ejecutivo dispone de un margen muy reducido para modificarlo de manera discrecional.
El analista señaló que solo el Sistema General de Participaciones, las transferencias que realiza la Nación a los territorios, representan más de la mitad del presupuesto. A ello se suman los recursos destinados a defensa y seguridad, la rama judicial, las pensiones y el sistema de salud.
Romero anotó que en estos sectores existen derechos adquiridos y obligaciones constitucionales que impiden disminuir los recursos sin afectar el funcionamiento del Estado. En el caso del sistema de salud, recordó además que el país atraviesa una crisis que hace todavía más complejo pensar en recortes. “El único espacio de recorte termina siendo el presupuesto de inversión, pero eso afecta proyectos sociales, comunidades y productividad”, señaló.
Precisamente por esa rigidez, Corficolombiana considera que una reducción significativa del gasto solo sería posible mediante una reforma estructural al gasto público, que permita modificar las normas que hoy hacen inflexible buena parte del presupuesto.
Una iniciativa de este tipo requeriría tramitar un proyecto de ley en el Congreso de la República, pues implicaría cambiar las reglas que actualmente determinan la destinación obligatoria de numerosos recursos públicos.
Por esa razón, la idea de un recorte ‘milagro’ por ahora está atada de mano, y lo más viable obedece a un ajuste que combine reducción del gasto, reformas estructurales, crecimiento económico y posible reforma tributaria.
Entérese: “El deterioro fiscal del país terminará encareciendo los créditos para hogares y empresas”: presidente del Carf
Regístrate al newsletter