El Gobierno estableció una tarifa general del 0,5% para patrimonios por encima de los 10.474 millones; sin embargo, las empresas del sector minero energético y los bancos tendrán tarifas más agresivas.
La intensa ola invernal que afecta a 61 municipios del país llevó al Gobierno Nacional a proponer un esquema de financiación mediante decreto de emergencia. Eso incluye un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas que golpeará especialmente a empresas del sector minero energético y al financiero, que aportarán más de la mitad del recaudo, que podría ser superior a los $8 billones.
El eje central de la propuesta es la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con tarifas diferenciadas según el sector económico. Este impuesto comenzaría a funcionar a partir de abril del 2026.
El decreto contempla una tarifa general del 0,5% para las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, es decir, aproximadamente 10.474 millones de pesos. Además, establece una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético.
De acuerdo con la estimación del Ministerio de Hacienda, el 56% del recaudo esperado provendría de los sectores financiero y minero-energético, que estarán sujetos a la tarifa especial del 1,6%. El 44% restante sería aportado por los demás sectores productivos, gravados con la tarifa general del 0,5%.
El ministro de Hacienda explicó que esta diferenciación busca evitar un mayor impacto sobre la producción real y distribuir de manera más equilibrada la carga fiscal derivada de la emergencia.
Los banqueros y los mineros aportarían la mayor parte del recaudo, por ejemplo, Ecopetrol, que reportó utilidades por 14,9 billones de pesos y un patrimonio de 83,69 billones al cierre de 2024, pagaría alrededor de 1,33 billones de pesos por concepto del nuevo gravamen.
En el sector financiero, Bancolombia, el banco más grande del país, aportaría aproximadamente 696.000 millones de pesos.
La propuesta responde a la necesidad de obtener recursos para atender los efectos de la ola invernal en decenas de municipios, en un contexto en el que las alternativas tributarias anteriores fueron suspendidas por decisión judicial.
Con este nuevo impuesto al patrimonio, el Ejecutivo busca garantizar financiación inmediata para enfrentar la emergencia, procurando que el mayor peso del recaudo recaiga sobre sectores con mayor capacidad contributiva, sin afectar de forma desproporcionada al resto del aparato productivo.
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