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Proyecto de reforma a los servicios públicos, ¿qué propone y por qué Andesco lanzó duras críticas?

Andesco mostró su inconformidad con las atribuciones que se le conceden al presidente de la República, como directo regulador, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político.

  • El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, fue enfático en que, por un problema coyuntural de tarifas, no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años. Foto: Cortesía
    El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, fue enfático en que, por un problema coyuntural de tarifas, no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años. Foto: Cortesía
19 de febrero de 2024
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Después de haberse conocido públicamente el borrador del proyecto de reforma a la Ley de Servicios públicos, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que el texto es “señal de intervención estatal para privilegiar lo público”, lo cual, según él, perjudica el modelo actual cuyo éxito principal ha radicado en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.

“Se estaba avanzando en una posible construcción de manera concertada del proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos, pero al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado”, advirtió Sánchez.

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Agregó que este es “un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, y

¿Qué dice el borrador?

El Gobierno Nacional presentó este lunes el borrador del proyecto de ley que busca reformar las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios de electricidad, acueducto, aseo, alcantarillado y gas natural.

El proyecto, que será radicado en el Congreso en marzo, plantea varios cambios en la regulación, el control, el régimen tarifario y el acceso a estos servicios.

Entre los principales está que la regulación de los servicios públicos estará a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, o delegar esa responsabilidad a las comisiones de regulación. Actualmente, el presidente no tiene la capacidad de hacer una regulación específica.

Entre tanto, el artículo 131 del mismo documento expone que las funciones de regulación delegadas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podrán ser ejercidas solo si el presidente así lo decide, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el presidente”.

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Adicionalmente, sostiene que el Ministerio de Minas y Energía podría presentarle al presidente proyectos regulatorios en temas energéticos y con mensaje de trámite preferente “cuando la aplicación de las normas expedidas por la Creg resulten contrarias a la política pública del Gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”.

Asimismo, propone fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en términos de las sanciones y acciones que puede tomar en la vigilancia de las compañías prestadoras de electricidad, acueducto, aseo, alcantarillado y gas natural.

También reglamenta la creación de las comunidades energéticas con las que el Gobierno actualmente busca impulsar la transición energética.

En cuanto al régimen tarifario, el articulado del borrador define una serie de cambios en los criterios que establecía el artículo 87 de la ley 142 de 1994.

Ahora se establece que “cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios, la tarifa no podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos.

“ (...) Con todo, las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora respectiva cada cinco años y cuando esta ley así lo disponga”, dice el articulado.

Y se añadió un parágrafo para que los municipios, con cargo a su presupuesto, puedan asumir la reducción de tarifas a los servicios.

En este, además, se estableció que se podrá crear un régimen “solidario y equitativo en el que las tarifas no solo se determinen por la ubicación del inmueble y el nivel de consumos, sino que además se tengan en cuenta otros factores asociados a la capacidad de pago de los usuarios”.

Según el Gobierno, “la regulación tarifaria deberá incluir factores de solidaridad y redistribución de ingresos que permitan el acceso a los servicios a los usuarios con menor capacidad de pago, y tendrá en cuenta que el fin de la intervención del Estado en los servicios públicos es garantizar el servicio universal, proteger los derechos de los usuarios y procurar que las tarifas de los servicios obedezcan a factores de alta eficiencia y competitividad”.

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Las críticas de Andesco

Desde el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos y comunicaciones se señalaron algunos de los aspectos principales de este borrador de reforma que serían perjudiciales para la prestación de servicios públicos en Colombia.

El primero de ellos es que, entre los principios rectores que representan la brújula para la prestación de servicios públicos, no se incluyen algunos que han sido esenciales para el desarrollo y el mejoramiento de los indicadores de la cobertura y la calidad de los servicios, como el de libertad de entrada y el de suficiencia financiera.

Como segundo punto, Andesco mostró su inconformidad con las atribuciones que se le conceden al presidente de la República, como directo regulador, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político.

Además, dijo, esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado, que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del Presidente.

“Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad”, afirmó Sánchez.

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El gremio también advirtió sobre las “facultades exorbitantes al Superintendente de Servicios públicos”, entre las que estaría el ejercicio de funciones jurisdiccionales “con un poder absoluto y sancionador, multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios”.

Asimismo, le preocupa que el borrador planteé el tema de mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC, sin precisar con claridad las nuevas fuentes de financiación que lo faciliten.

“En estos momentos de estrechez fiscal y de decrecimiento económico no hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación y, por el contrario, se aumentaría el déficit a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la suficiencia financiera de las empresas”, comentó el dirigente del gremio.

Como un último punto, Andesco insistió en que las TIC, por sus características de prestación, las particularidades y especialidad requeridas tanto en lo regulatorio como en lo técnico, no deben estar incluidas en la reforma, dado que existen ya normas específicas que regulan la prestación de estos servicios.

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“Este sector tiene elementos como los de neutralidad de red, asignación del espectro, individualización de los usuarios y no tienen subsidios, quedando claro que es un sector totalmente diferente a los servicios públicos domiciliarios, es decir, ‘mezclar peras con manzanas’”, manifestó Sánchez.

Finalmente, desde Andesco fueron enfáticos en que, por un problema coyuntural de tarifas, no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años.

“No hay que olvidar que Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de Servicios Públicos en Latinoamérica. Lo que funciona no se destruye, se mejora, y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el Fenómeno del Niño con éxito”, señaló el presidente del gremio.

La carta publicada terminó con un contundente mensaje:

“Bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual, en este como en los demás proyectos de reforma hay una desconexión entre ideales y practicidad. Lo que terminaría sucediendo es que prestar servicios públicos en Colombia se vuelva muy difícil pues, entre otras cosas, la inseguridad jurídica desincentiva la inversión. Es imperativo seguir dialogando para construir sobre lo construido. Esta es una reforma en la que no tenemos que correr porque una mala decisión puede ocasionar daños irreparables en detrimento de los usuarios y de los servicios”.

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