El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ya superó su primer paso en el Congreso, pero la discusión decisiva sobre el tamaño del gasto apenas comienza. Las Comisiones Económicas aprobaron el monto global de $634,9 billones, mientras el Gobierno De la Espriella pretende recortar $45 billones mediante su propuesta de Ley de Rescate Económico o Ley de Ajuste Fiscal.
La fecha clave es el 25 de septiembre, cuando el proyecto deberá superar su primera votación en el Congreso, pero ese recorte no está garantizado, pues requiere la aprobación del Legislativo. Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno definitivo antes del 20 de octubre.
Cabe recordar que el presupuesto presentado por el Gobierno equivale al 29,9% del PIB, frente al 28,5% de la propuesta anterior. Sin embargo, el nivel de gasto planteado está asociado a un déficit fiscal de 9,4% del PIB para el 2027.
La propuesta de ajuste busca reducir ese desequilibrio. Si el Congreso aprueba el recorte de $45 billones, el gasto efectivamente ejecutado pasaría de $635 billones a $590 billones. Con ese cambio, el crecimiento del gasto ajustado frente a 2026 bajaría de 11,4% a 3,5%. A su vez, el ajuste también tendría efecto sobre las cuentas fiscales: el déficit total del Gobierno Nacional Central pasaría de 9,4% a 7,2% del PIB, mientras que el déficit primario (ingresos y gastos) se reduciría de 4,5% a 2,3% del PIB.
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Así avanza el calendario del presupuesto 2027
Analistas del Banco Itaú señalan que el calendario adquiere relevancia por el recorte de $45 billones. Al depender de una decisión del Congreso, el monto final del gasto para 2027 todavía puede cambiar durante el trámite legislativo. Si el Congreso no aprueba el proyecto antes del 20 de octubre, el Gobierno quedaría facultado para expedir por decreto la versión aprobada en el primer debate.
En ese contexto, el ajuste impactaría la inversión pública. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para 2027 se proyectan $87 billones, una reducción real de 9% frente a 2026, equivalente a $8,6 billones menos. La inversión representaría así 13,7% del presupuesto y 4,1% del PIB, su participación más baja desde 2020.
Entre los sectores con mayores reducciones frente a 2026 está Presidencia de la República, con una disminución de $7,9 billones (-77,2%); seguida de Minas y Energía, con $6,8 billones menos (-47,4%); Deporte y Recreación, con -43,8%; Planeación, con -37,3%, y Agricultura y Desarrollo Rural, con una caída de 36,5%, equivalente a $1,6 billones.
En el caso de Presidencia, la reducción está explicada principalmente por la culminación de recursos extraordinarios ejecutados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la emergencia del frente frío en 2026.
Deuda y déficit en Colombia
Los analistas del Banco Itaú señalan que el proyecto refleja una estructura fiscal con mayor peso del funcionamiento y del servicio de la deuda. El gasto de funcionamiento equivale a 18,5% del PIB, mientras la deuda representa 7,3% y los intereses 4,4% del PIB.
Con la aplicación del ajuste de $45 billones, la deuda neta proyectada se reduciría de 66,2% a 64,1% del PIB. Además del recorte para 2027, para este 2026 aún se contemplan medidas de contención del gasto por $21,9 billones, que alcanzan $23,4 billones al compararlas con la apropiación vigente a julio.
El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez, también deberá presentar, antes de finalizar este mes de septiembre, un plan de ajuste fiscal con medidas equivalentes a aproximadamente 2,2% del PIB.
Dudas e inquietudes del presupuesto 2027
Ante este panorama, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calificó el proyecto como un presupuesto “talla XXL” y señaló que, aunque considera que incorpora gastos que no estaban reflejados de manera suficiente en la propuesta anterior, no existen recursos para financiarlo completamente.
Según el exfuncionario, el presupuesto puede ser “sincero” porque incorpora obligaciones como salarios, gastos e intereses de la deuda que, a su juicio, no estaban contemplados de manera adecuada en la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, advirtió que el monto aprobado no sería financiable en su totalidad.
Para Cárdenas, la principal incógnita ahora está en cuáles serán las partidas que se sacrificarán para conseguir el ajuste anunciado. “Aprobaron algo muy grande que no hay cómo pagarlo para después recortarlo en $45 billones”, señaló.
El exministro cuestionó que el Congreso haya aprobado primero el monto total sin que, al mismo tiempo, se conozcan las partidas que serán objeto del recorte. “Hubiera sido bueno que de una vez nos dijeran cuáles son las partidas que se van a recortar, porque esa es la parte impopular de gobernar, es tomar esas decisiones difíciles”, manifestó.
También comentó que la anunciada Ley de Rescate Económico será el mecanismo para conocer cuál será la estrategia de ajuste del Gobierno. “Es la reforma más importante porque es donde nos van a decir cuál es realmente la estrategia del gobierno para poner las finanzas públicas en orden”, explicó.
Pero, ¿de dónde saldrían los $45 billones? Cárdenas señaló que el Gobierno no tendría una única medida capaz de generar un ajuste de esa magnitud y que, por el contrario, tendría que combinar varias decisiones. Entre las opciones que mencionó están congelar salarios, reducir plantas de personal, no renovar contratos de prestación de servicios, cerrar entidades, suprimir fondos existentes en la administración pública y ajustar los precios de los combustibles. “Todo eso sumado a duras penas llega a los $45 billones”, afirmó.
Y planteó que, si el Gobierno no logra conseguir los $45 billones mediante recortes de gasto, podría entrar en escena una ley de financiamiento. “Si no lo logran, y ese es el gran desafío, pues seguramente va a entrar en escena la famosa ley de financiamiento”.
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Por su parte, otro exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señaló que los mercados internacionales están comenzando a castigar a Colombia por la demora en presentar el plan de ajuste fiscal y, especialmente, porque todavía no se conoce el contenido del proyecto de ley denominado de “rescate”.Aunque el Gobierno anunció que el Ministerio de Hacienda trabaja en esa iniciativa, hasta ahora no se conocen sus contenidos ni se ha precisado cómo funcionará el ajuste que, según lo anunciado, tendría como objetivo enfrentar la situación de las finanzas públicas.
El exministro señaló que esta incertidumbre se suma al proyecto de presupuesto 2027, cuyo monto se ubica en $634,9 billones, pero tendría un “bache” de financiación de $60 billones. Para Restrepo, uno de los principales interrogantes que enfrenta el Gobierno de Abelardo de la Espriella es cómo se financiará ese faltante presupuestal.
El exministro sostuvo que los mercados están observando un proyecto de presupuesto de gran tamaño, acompañado de un abultado déficit de financiación cuya solución todavía no se conoce con certeza.
Para el exjefe de la cartera de asuntos económicos, mientras no se hagan públicos los detalles y las cifras del plan, persiste la incertidumbre sobre el alcance real del ajuste fiscal y planteó esta situación mediante una comparación: “como alguien dijo, los mercados no creen en ‘milagros’, sino en ‘realidades’”.
Tal es el caso que al Gobierno le está costando más conseguir dinero prestado. La tasa del TES (los papeles con los que la Nación se endeuda en el mercado local), con vencimiento en 2036, subió de 11,9% a 12,5% en pocas semanas, incluso llegó a 12,70%.
Cómo van las tasas de interés y cuáles son los riesgos
Por eso, Restrepo enfatizó en el deterioro de la percepción de riesgo sobre Colombia, que ya se estaría reflejando en los mercados internacionales mediante mayores tasas de interés, desvalorización de activos colombianos y altas tasas de riesgo.
En su análisis, la expectativa de los mercados está concentrada en conocer medidas concretas que permitan determinar cómo se cerrará el faltante del presupuesto y cuál será la estrategia para corregir los desequilibrios fiscales.
En esa línea, “algo se está moviendo en el mercado de deuda colombiana”, advirtió Diego Montañez, máster de Economía de Eafit, quien señaló que no solo subieron los TES denominados en pesos, sino también las tasas de los bonos que Colombia emite en los mercados internacionales, tanto en dólares como en euros.
De acuerdo con Montañez, estas tasas se encuentran en máximos desde mayo, en un contexto de mayor presión sobre los mercados globales. Sin embargo, el economista planteó que el comportamiento de la deuda colombiana no puede explicarse únicamente por el entorno externo. Uno de los indicadores que refleja esta situación es el EMBI, utilizado para medir la prima de riesgo de los mercados emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con datos al 15 de septiembre, Colombia subió a 2,06, su nivel más alto desde el 3 de junio.
El economista señaló que Colombia ya venía mostrando una prima de riesgo elevada frente a varios países de la región. A finales de agosto, el indicador colombiano estaba por debajo del de México, pero posteriormente la relación cambió. Por ejemplo, Colombia está en 2,06, frente a 1,97 de México, 1,64 de Brasil y 0,89 de Chile. Esto significa que, en el momento analizado, el mercado estaba exigiendo una mayor prima de riesgo a Colombia que a esos tres países.
Esto ocurre en un momento clave por la discusión del PGN de 2027, cuando los mercados internacionales también presentan mayor movimiento. El aumento de la prima de riesgo tiene implicaciones para el costo al que el Gobierno puede financiarse. Según Montañez, con un nivel de deuda más elevado, la prima fiscal adquiere mayor importancia, porque puede traducirse en mayores costos tanto para los TES como para la refinanciación de las obligaciones existentes.
En ese orden, cuando los inversionistas perciben un mayor riesgo, pueden exigir mayores rendimientos para comprar esos títulos, lo que incrementa el costo de financiación del Gobierno. El mismo principio aplica a las nuevas emisiones de deuda colombiana en los mercados internacionales.
Para Montañez, el movimiento de la deuda debe analizarse considerando simultáneamente las condiciones internacionales y la situación particular de Colombia.
Su conclusión es que no todo el movimiento responde al presupuesto 2027, pero tampoco todo puede atribuirse al entorno internacional. La evolución del riesgo país será, por tanto, uno de los elementos a observar mientras avanza la discusión presupuestal, especialmente porque una prima de riesgo más elevada puede aumentar el costo de financiar y refinanciar la deuda pública.
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Opciones de más recursos para el presupuesto 2027
Por otro lado, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) planteó que Colombia debe enfrentar su crisis fiscal con una reforma estructural del Estado y no únicamente con más impuestos o ajustes contables.
La propuesta apunta a reducir el tamaño del aparato estatal, fusionar entidades con funciones similares y eliminar aquellas consideradas redundantes o de bajo impacto. El objetivo es avanzar hacia un Estado “limitado, moderno y austero”, concentrado principalmente en seguridad, justicia, defensa nacional y relaciones internacionales.Uno de los cambios planteados está en la manera de elaborar el presupuesto. El ICP propone aplicar un Presupuesto Base Cero, con el que cada año se evalúen las necesidades reales de gasto, en lugar de tomar automáticamente el presupuesto anterior y sumarle la inflación.
El Instituto también propone establecer el Déficit Cero como meta y contar con una regla fiscal vinculante y contracíclica. A esto se suma una modificación de la composición del gasto para disminuir el peso del funcionamiento y recuperar espacio para la inversión productiva.
El ICP consideró además que el Estado debe apoyarse más en el sector privado para ejecutar y prestar servicios, en lugar de asumir directamente todas estas funciones. La propuesta incluye simplificar trámites para reducir el costo de formalizarse, con el propósito de ampliar la base tributaria y atacar la informalidad desde sus causas.
También propuso fortalecer la seguridad jurídica mediante reglas claras que generen certidumbre para el ahorro, la formación de capital y la inversión privada de largo plazo. En síntesis, el planteamiento del ICP busca que el ajuste fiscal no dependa exclusivamente de recaudar más, sino de revisar cuánto Estado necesita Colombia, cómo se organiza y en qué se gastan los recursos públicos.
Pero el ajuste fiscal también pone sobre la mesa otras opciones. El congresista Óscar Darío Pérez plantea una eventual venta de activos estatales, incluida una participación de Ecopetrol, sin que el Estado pierda el control de la petrolera. También menciona electrificadoras regionales y otras empresas públicas como posibles fuentes de recursos.Otra propuesta es acelerar los procesos de extinción de dominio para que los bienes incautados puedan convertirse en activos aprovechables por el Estado en plazos mucho menores.
El idea también apunta a reducir el costo de la deuda mediante mayor acceso a banca multilateral y mejores condiciones de financiación. A esto se suma una apuesta por recuperar la inversión y reactivar sectores como petróleo, gas y minería.
Asimismo, sugirió una propuesta sobre los TES, estudiar un impuesto extraordinario y por una sola vez a las ganancias obtenidas por inversionistas que compraron deuda pública a tasas excepcionalmente altas.
El exdirector de la Dian, Lisandro Junco, sostuvo que el país está ante una situación fiscal excepcional. “Dejo esta idea. Vender ISA para ayudar a cubrir el faltante de recursos del presupuesto nacional. Estoy convencido que le interesaría a EPM y al Grupo Energía Bogotá, así se fortalece la caja del Gobierno y un activo estratégico sigue en manos públicas colombianas”.
Igualmente, abogó por una regla fiscal verde, como una vía responsable para retornar a la disciplina fiscal porque reconoce que el cambio climático también genera riesgos directos para las finanzas públicas, al destruir infraestructura y presiona el gasto por desastres.
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