La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles 15 de octubre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 con un monto total de $546,9 billones, tras una reducción de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno Petro.
La votación terminó con 74 votos a favor y 24 en contra, pero las discusiones no se cerraron en paz, la redistribución de recursos generó reclamos por presuntos intereses políticos, especialmente tras el aumento de $300.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo.
El proyecto aún necesita superar un debate en el Senado, programado para este jueves 16 de octubre a las 9:00 a.m., antes de pasar a conciliación. La sesión anterior fue levantada por falta de quórum.
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“Plata para tarimas, no para el campo”: la denuncia de Katherine Miranda
La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, encendió la polémica al denunciar un supuesto uso político del presupuesto destinado al Fondo Colombia en Paz, adscrito al Dapre.
“¿Cómo es posible que de la nada determinen que al Fondo Paz se le incrementen $300.000 millones? Sabemos que se está utilizando para tarimas, transportes, almuerzos... para los discursos del presidente Petro”, denunció Miranda.
Según la representante, esos recursos estarían financiando actividades proselitistas, de cara a las elecciones de 2026.
“Se están usando esos recursos para la campaña del 2026. Eso nos preocupa muchísimo, porque hemos visto cómo se contratan tarimas, proveedores, transportes y sonidos para todos estos shows”.
Miranda cuestionó además que se privilegie el aumento del presupuesto del Dapre por encima de sectores estratégicos como el agro. “No entiendo cómo dejan de lado aumentar la inversión en agricultura para subirle al Fondo Paz. Es irresponsable”, afirmó.
A su juicio, el recorte de $10 billones al presupuesto es insuficiente. “Por lo menos deberían reducirse $16 billones adicionales. Esta planeación es profundamente irresponsable con el país”, insistió.
Los cuestionamientos no solo vienen del Congreso. Según Miranda, tanto la Corporación Andina de Fomento (CAF) como el Banco de la República han expresado reparos sobre la sostenibilidad del presupuesto.
El Banco de la República alertó que el PGN 2026 crece un 9%, casi el doble de la inflación proyectada, lo cual califica como “una señal de irresponsabilidad fiscal”.
Por su parte, la CAF indicó que el país presenta una desfinanciación estructural y advirtió que existen $13,2 billones sin fuente clara de financiación, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del gasto público.
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El contrapunto de la polémica: “Los recursos son para la paz”
La ponente del proyecto de ley del presupuesto la representante Olga Lucia Velásquez, de la Alianza Verde, precisó que el incremento al Dapre corresponde a recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
“Esos $300.000 millones son para el Fondo Colombia en Paz, para avanzar en la implementación del Acuerdo. Lo que debemos hacer es control político para verificar en qué se va a invertir”, sostuvo.
Velásquez defendió que todas las entidades tuvieron ajustes tras la reducción general del monto. “Hubo una disminución de $10 billones frente al monto inicial. En la Defensoría se discutieron proposiciones, incluso llamé a la defensora para que defendiera sus recursos, pero no hubo concertación”.
Además, argumentó que una proposición para aumentar los recursos de la Defensoría no podía prosperar por falta de aval del Ministerio de Hacienda. “Ya hay jurisprudencia que dice que cualquier aumento requiere el aval del Ministerio. Sin ese respaldo, aprobarlo era inocuo”.
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“El Gobierno está premiando la lealtad política”: Juvinao
La representante Catherine Juvinao, también del Partido Verde, se sumó a las críticas, pero fue más allá al acusar al Gobierno de usar criterios políticos para asignar los recursos.
“No es cierto que todas las entidades hayan sufrido reducción. La Procuraduría recibió $600.000 millones más para una universidad que no va a funcionar. Aquí hay un criterio político, el Gobierno está mandando las platas para donde las puede sacar en época electoral”, dijo.
Según Juvinao, el recorte a la Defensoría del Pueblo responde a la independencia de su actual directora, Iris Marín. “El Gobierno le está cobrando su autonomía. Les salió más independiente de lo que creían. Ayer fue muy triste escuchar a partidos decir que no la iban a ayudar porque no les daba puestos ni burocracia”.
Durante el debate, Juvinao también lanzó una frase que encendió los ánimos. “Este Gobierno prefiere mandar $300.000 millones al Dapre, que ya sabemos en qué se van a gastar: en lechonas, tarimas y buses, como lo vienen haciendo”.
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En el Senado, la estrategia de la oposición será negar el proyecto para que el Gobierno se vea obligado a decretarlo directamente, manteniendo los cambios ya aprobados en las comisiones económicas.
El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) pidió explicaciones sobre el aumento del presupuesto del Dapre, que reporta un incremento del 16%, equivalente a $289.000 millones.
“¿En qué consiste ese aumento? ¿Para qué aumentan el presupuesto del Dapre? ¿Para actos proselitistas, convocatorias amañadas de respaldo al Gobierno? Esta asignación nunca antes vista requiere una explicación”.
Motoa también cuestionó que sectores como vivienda y agricultura estén recibiendo recortes mientras la Presidencia amplía su caja.
Una de las proposiciones más debatidas fue la que buscaba trasladar $150.000 millones (100.000 del Dapre y 50.000 del Ministerio del Interior) para reforzar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa fue derrotada por falta de apoyo del Gobierno Petro y por la negativa del Ministerio de Hacienda a otorgar aval. En total, se votaron 80 de los 91 artículos del proyecto, quedando pendientes algunos ajustes antes del debate definitivo en el Senado.
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