Si se comprueba la vulneración de los derechos de los consumidores, la SIC podrá imponer sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la formulación de pliego de cargos e investigación contra Muebles & Accesorios, propietaria de Colchones Paraíso, que actualmente enfrenta un proceso de liquidación judicial, así como contra Casa y Confot S.A.S., y Manuel Brosntein Tisminezky.
La investigación se dio tras la indagación y presunto hallazgo de una vulneración de derechos de los consumidores, relacionado con la venta y comercialización de muebles y colchones. Las conductas investigadas son tres en específico.
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La entidad investigará el incumplimiento en la entrega de bienes: “Las empresas habrían defraudado las expectativas de los consumidores al no cumplir con la obligación legal de realizar la entrega material y efectiva de los productos adquiridos en los tiempos pactados”.
También se les acusa de deficiencia en la calidad de los productos, pues las empresas habrían incurrido en posibles “fallas en la calidad de los bienes ofrecidos a los ciudadanos, específicamente en lo que respecta a sus características inherentes, además de haberse presentado una posible falta de idoneidad de los bienes”.
Otra de las razones de la investigación es la falta de claridad en la información suministrada, debido a que las compañías investigadas habrían entregado información carente de claridad, veracidad y precisión sobre los tiempos de entrega de los productos adquiridos en el marco de la relación de consumo.
La SIC también comenzó la investigación administrativa en contra de Manuel Brosntein Tisminezky, en su calidad de persona natural matriz del grupo empresarial de las sociedades investigadas.
Lo anterior, al no haber aparentemente cumplido con la orden impartida por esta Superintendencia en la que se dispuso el deber de implementar un plan de entrega o devolución de dinero a los consumidores afectados por el incumplimiento en los tiempos de entrega.
Si se comprueba la vulneración de los derechos de los consumidores, la entidad podrá imponer sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
