El pleito jurídico internacional entre Colombia y Telefónica concluyó por fin. Eso, con un fallo definitivo adverso para el Estado colombiano. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó los argumentos del país y confirmó que no garantizó un trato justo y equitativo a la empresa de telecomunicaciones.
La información revelada por Caracol Radio, apunta a que Colombia debe pagar cerca de US$380 millones a la multinacional española (Telefónica), cerrando así un proceso que se prolongó durante varios años y que tuvo su origen en la aplicación de una cláusula contractual.
¿Cuál fue el origen del conflicto con Telefónica?
El caso se remonta a la cláusula 33 del contrato de concesión de telecomunicaciones, que establecía que, al finalizar la concesión, los bienes utilizados para la operación debían revertir a la Nación.
Para comprenderlo, el conflicto tiene su origen en una disputa por la “reversión de activos”, una regla del 1994 (cuando los celulares llegaron a Colombia). Como se dijo, la norma obligaba a las operadoras a entregar sus antenas y redes al Estado al finalizar sus contratos. Aunque leyes posteriores eliminaron esta obligación, un fallo judicial en 2013 revivió la norma original, forzando a Telefónica a pagar cerca de 380 millones de dólares en 2017 para conservar su infraestructura.
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La empresa respondió en 2018 con una demanda ante tribunales internacionales alegando que Colombia cambió arbitrariamente las reglas de juego, violando la confianza de los inversionistas extranjeros. Tras años de litigio, el tribunal internacional CIADI falló a finales de 2024 a favor de la multinacional española, ordenando a Colombia devolver el millonario monto más intereses por la infraestructura.
Sin embargo, la batalla legal dio un nuevo giro cuando el Gobierno colombiano logró que se suspendiera provisionalmente el pago. El Estado argumenta que el fallo tiene “defectos graves” y falta de motivación, logrando frenar el desembolso mientras un comité de expertos revisa si se debe anular definitivamente la condena, pero ahora el fallo es definitivo y a favor de Telefónica.
Telefónica, operadora de Movistar en Colombia, argumentó que esta obligación afectaba sus finanzas y constituía un trato inequitativo bajo los estándares de protección a la inversión extranjera. Con base en ello, demandó al Estado colombiano ante el CIADI.
¿Qué argumentos presentó el Gobierno para anular el laudo?
Tras el fallo inicial, el Gobierno colombiano intentó revertir la decisión mediante un recurso de anulación presentado en noviembre de 2024.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) alegó que el tribunal se extralimitó en sus funciones, quebrantó normas fundamentales del procedimiento y no explicó adecuadamente los fundamentos de su decisión, especialmente en lo relacionado con responsabilidad y daños.
Además, sostuvo que el tribunal ignoró el derecho aplicable y actuó como una instancia de apelación sobre asuntos ya definidos por la Corte Constitucional y por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Otro de los argumentos fue que el laudo ordenó el pago de intereses sin justificación, lo que, según la ANDJE, terminaba penalizando al país por la demora de más de tres años y medio en la emisión de la decisión por parte de los árbitros.
El proceso contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien había manifestado la necesidad de revisar decisiones de este tipo, calificándolas como “lesivas para la soberanía nacional”.
En ese contexto, el mandatario afirmó: “Ahora Telefónica va a quedarse gratuitamente, prácticamente, con el otro pedazo pequeño que quedaba de Telecom por la demanda”.
Pese a los intentos del Gobierno, incluyendo la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo mientras se resolvía el recurso de anulación, el CIADI mantuvo su decisión.
¿Qué papel jugó el tratado de inversión con España?
La demanda de Telefónica se sustentó en el Acuerdo entre Colombia y España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 31 de marzo de 2005.
Bajo este tratado, la empresa argumentó que el país violó sus obligaciones internacionales al no garantizar condiciones equitativas para su inversión.
El tribunal del CIADI también ordenó al Estado reembolsar a Telefónica el monto que la compañía había pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en cumplimiento de un fallo previo de un tribunal arbitral nacional.
¿Qué implica la decisión final para Colombia?
Con la derrota definitiva, Colombia deberá asumir el pago de la indemnización, lo que representa un impacto fiscal relevante y reabre el debate sobre la seguridad jurídica y la gestión de controversias internacionales de inversión.
El fallo también sienta un precedente sobre la interpretación de cláusulas contractuales en concesiones y su compatibilidad con los compromisos internacionales del país en materia de protección a inversionistas.
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