La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó fuertes reparos frente a un proyecto de ley presentado por congresistas del Pacto Histórico, al que acusa de abrir la puerta para afectar a las empresas privadas y desincentivar la inversión extranjera en el país.
Según expresó, la iniciativa permitiría que el Estado cancele contratos mineros, licencias ambientales y autorizaciones de exploración o explotación de recursos naturales con base en “indicios fundados” y no necesariamente en decisiones judiciales en firme.
Señalamientos sobre cancelación de contratos y facultades del Gobierno
Valencia afirmó que la propuesta habilitaría a cualquier persona con interés directo a solicitar que el Gobierno suspenda o revierta este tipo de contratos.
Además, advirtió que la iniciativa contempla sanciones contra empresarios y multinacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos, un concepto que, a su juicio, es ambiguo y podría prestarse para decisiones discrecionales.
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“El Estado podría perseguir a socios y administradores sin pruebas concluyentes”, dijo.
La senadora agregó que el proyecto permitiría levantar el velo corporativo y responsabilizar a socios, administradores y beneficiarios de las compañías sin necesidad de demostrar intención de fraude. Según explicó, bastaría con que existieran “hechos verificables, múltiples o convergentes” para iniciar acciones contra ellos.
“En la práctica, el Gobierno podría iniciar procesos contra los dueños o directivos de cualquier empresa por hechos que considere cuestionables. Imagínense a Petro o a Iván Cepeda con este megapoder”, cuestionó.
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Riesgos señalados sobre derechos humanos y responsabilidad empresarial
El borrador que compartió Valencia también prevé levantar el velo corporativo cuando una empresa haya sido utilizada, directa o indirectamente, para encubrir o dificultar la reparación de daños asociados a violaciones graves de derechos humanos, afectaciones al ambiente o vulneración de derechos colectivos.
Según Valencia, esta amplitud permitiría castigar a las compañías por hechos tan diversos como talar un árbol sin permiso o realizar operaciones de extracción. “Así, el Gobierno tendría la facultad de perseguir a empresarios por un abanico de situaciones demasiado amplio. Es el fin de la inversión privada”, señaló.
Multinacionales responderían por actos de sus filiales
Otro punto que cuestionó la congresista es que las casas matrices podrían ser sancionadas por las actuaciones de sus filiales en Colombia. A modo de ejemplo, planteó que una marca global podría enfrentar consecuencias legales por una falta ambiental cometida por su operación local.
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A su juicio, esta medida espantaría a grandes inversionistas y llevaría a muchas compañías a reubicar sus operaciones fuera del país. “Sin empresa privada se allana el camino para que el Estado se quede con el control del mercado”.
Críticas por falta de definiciones claras
La senadora insistió en que el proyecto no define con precisión qué se entendería por violación a los derechos humanos, lo que, según ella, permitiría que cualquier actividad que incomode al Gobierno pueda ser objeto de sanción.
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“Este proyecto acabaría con el sector privado en Colombia, expulsaría la inversión hacia otros países y nos condenaría a décadas de atraso, desempleo y pobreza. Es una muestra de lo que podría venir si la izquierda continúa en el poder”, concluyó Valencia.
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