La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con multas que ascienden a los $6.495 millones a los operadores de servicios móviles Claro, Movistar, Tigo, ETB, Virgin Mobile, Móvil Éxito, WOM y Avantel. Según la entidad, esto obedece a una violación del Régimen de Portabilidad Numérica, es decir, a impedir que los usuarios cambien de proveedor manteniendo su mismo número telefónico.
En el año 2021, de acuerdo con el ente supervisor, como consecuencia de quejas presentadas por usuarios, denuncias de operadores, actividades de inspección y requerimientos de información, iniciaron las investigaciones sobre el tema, mismas que arrojaron que los ocho operadores de telefonía móvil fueron hallados responsables de cuatro irregularidades.
En primer lugar, según la SIC, incumplieron los pasos para hacer efectivo el trámite de portación. En segundo lugar, rechazaron solicitudes de portabilidad, sin cumplir con los requisitos establecidos en la regulación. En tercero, no cumplieron los plazos máximos y los pasos previstos para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación. Y por último, desconocieron el deber de suministrar la información requerida por la autoridad de manera exacta y completa.
“Por el incumplimiento de lo anterior, se presentó una violación al Régimen de Portabilidad Numérica por desconocer el derecho que tienen los usuarios de escoger de manera libre su operador y conservar el número de su línea telefónica”, aseveró la entidad.
Los siguientes son los montos de las sanciones que le corresponden a cada operador por violar el Régimen de Portabilidad numérica de sus usuarios.
La SIC informó que, además de las sanciones económicas, se le ordenó a cada uno de los operadores una medida administrativa con la finalidad de que se abstengan de realizar cualquier tipo de conducta que limite a los usuarios en su derecho de la libre elección de proveedor, de conservar el número de su línea, así como garantizar la continuidad del servicio.
El ente supervisor aclaró que contra esta medida proceden los recursos de repocisión y apelación por parte de las empresas en cuestión.
