A sanción presidencial pasó ayer el proyecto de ley “por medio de la cual se establecen mecanismos de protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras disposiciones”.
Y, sin entrar en vigencia, ya tiene al sector aeronáutico haciendo cuentas de un impacto que advierten, tarde o temprano, subirá las tarifas de los tiquetes aéreos. Pero, desde la Aeronáútica Civil (Aerocivil), que acompañó la iniciativa, se asegura que no hay razón para subir precios.
El proyecto de ley es del representante a la Cámara Eduardo Alfonso Crissien, quien lo radicó en 2014, y luego lo impulsó en Senado la liberal Arleth Casado, alegando millonarios pagos por incumplimientos de los usuarios. En síntesis, en 10 artículos se elevan a ley, disposiciones regulatorias para vuelos nacionales, con algunas variantes.
En primer lugar, en tarifas no promocionales se podrá cambiar la fecha y hora de reserva, máximo con ocho días de anticipación a la salida del vuelo; superado ese tiempo, se cobrará la diferencia tarifaria, si la aerolínea la contempla, y máximo 29.875 pesos (1,3 salarios diarios vigentes en 2016) por costos administrativos.
Segundo, el derecho de retractarse de la compra de un tiquete pasa de dos a tres días después del pago, y siempre que sea más de ocho días antes de la fecha del viaje. La aerolínea deberá reembolsar en máximo cinco días y las agencias de viaje en un mes.
Y si antes se podía cobrar hasta 30 mil pesos por correcciones en datos personales, ahora no tendrá costo, siempre que sea el beneficiario original. Por último, obliga a la Aerocivil a publicar cada seis meses el costo promedio de pasajes nacionales por ruta y empresa.
¿Efecto inverso?
Las dos primeras medidas son las que más preocupan a aerolíneas, pues se alejan de las prácticas internacionales de dejar al regulador y no al legislador las disposiciones aeronáuticas y, el mundo 24 horas.
“La lógica parte de ofrecer familias tarifarias en que se aplica que a menor precio, menos servicio y más restricciones, y a mayor precio, más flexibilidades. Pero la ley agrega unos servicios que las tarifas no ofrecen, cuando a más sillas llenas, menos tarifas”, explica Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia (Atac), que ahora trabaja en cuantificar los impactos de la norma.
También los presidentes de las aerolíneas de bajo costo VivaColombia, Juan Emilio Posada, y Easy Fly, Alfonso Ávila, coinciden en que se está dando la posibilidad de que un pasajero retenga por tres días una silla que no se puede comercializar y es probable que vaya vacía y, por esa vía, se incremente la posibilidad de aumento de tarifas.
Consultado Avianca, principal jugador del mercado doméstico, respondió por escrito que la ley es “contraproducente” y analiza sus implicaciones para la competitividad.
Que se mantengan las condiciones para tarifas promocionales, para Avianca no cree que compense el impacto de la nueva ley: “si una persona planea su viaje con anticipación, es muy difícil que se venda una silla cancelada con solo ocho días de anticipación”.
¿Qué dice la Aerocivil?
Pero desde la orilla del Gobierno, el discurso es otro. “La ley ratifica lo que decía la reglamentación aeronáutica, y los riesgos son los mismos que ha habido en los últimos meses y no ha pasado nada (...) El retracto sube a 72 horas, eso no le genera impacto a la industria”, asegura Eduardo Tovar, jefe de Transporte Aéreo de la Aerocivil.
El funcionario agrega que los precios de tiquetes no aumentarán, porque se protegieron las tarifas promocionales y eso garantiza ofertas más baratas y que más personas se movilicen (ver gráfico).
“Ahora no es que todo sea promoción para abrir ventanas en desmejora del usuario, sino que coexisten tarifas promocionales que tienen restricciones y otras tarifas que no lo son con un precio mas alto”, concluye Tovar.
