La Contraloría General de la República lanzó una dura alerta sobre la asignación y pago de subsidios de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, luego de analizar las respuestas al requerimiento de información sobre la destinación y pago de estos subsidios en el país.
Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Contraloría encontró que 361 municipios no están destinando para subsidios el 15 % del total de los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, y 145 municipios no presentaron reporte, lo que sería un incumplimiento a la Ley 1176 de 2007.
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El órgano de control también encontró que las entidades territoriales adeudan recursos por concepto de subsidios a los operadores y/o prestadores de estos servicios públicos, afectando la capacidad financiera de los mismos, supeditando la prestación y calidad de los acueductos, alcantarillados y procesos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Esto, puesto que se identificaron demoras en el reconocimiento de los subsidios y pagos de los mismos por parte de las alcaldías, en promedio de 60 días y en algunos casos hasta de 360 días.
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Por ejemplo, según datos entregados por la Superservicios, debido a las demoras en el reconocimiento de los subsidios por parte de la Alcaldía de Maicao, la Empresa Aguas de la Península S.A. “se vio obligada a solicitar recursos adicionales a su casa matriz de manera mensual, con el fin de priorizar el pago de sus obligaciones con terceros o garantizar la continuidad de sus operaciones”.
Prestación de servicios públicos a la población más vulnerable está en riesgo
De acuerdo con la contraloría, hay importantes riesgos para la sostenibilidad de los operadores y la prestación de servicios públicos a la población más vulnerable: esta cartera, con corte a 31 de diciembre de 2024, corresponde aproximadamente a $180.505 millones, lo que pone en riesgo a la población más vulnerable, correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que constituyen la población beneficiaria de estos subsidios.
Además, se identificaron municipios hasta con 75 cuentas de cobro por pagar por $5.671 millones en un solo caso, específicamente por subsidios a los servicios prestados de acueducto y alcantarillado. En otro caso, por servicio de aseo se adeudan 13 cuentas de cobro por $4.060 millones, esto con corte al 31 de diciembre de 2024.
La Contraloría resaltó que esta situación agrava la problemática de los rellenos sanitarios, que se encuentran al límite de su capacidad, poniendo en riesgo su operación y generando afectaciones al medio ambiente por lixiviados, emisión de gases de efecto invernadero, riesgos para la salud pública y reducción de la vida útil de los sitios autorizados de disposición final de residuos sólidos. Un operador en Córdoba, por ejemplo, ha presentado ante la Contraloría 10 derechos de petición.
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“En concordancia con la Corte Constitucional y su sentencia C-203 de 2020, la Contraloría General de la República indica que es obligatoria la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a agua potable y saneamiento básico por parte de las entidades territoriales, con el fin de asegurar y garantizar la prestación continúa y de calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”, dijo el órgano de control.
Ante esta problemática, la Contraloría afirmó que continuará sus actuaciones de vigilancia y control fiscal para verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En el primer semestre de 2025 está ejecutando ocho auditorías en 32 municipios y siete departamentos.
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