Sin fecha cierta de su salida del Ministerio de Agricultura que asumió el 19 de agosto de 2014, Aurelio Iragorri Valencia lleva tres semanas con la maleta lista, a la espera de la señal del presidente Juan Manuel Santos para dejar una de las carteras más complejas en tiempos de restricciones fiscales, desaceleración económica, penurias para varios sectores agrícolas y una abultada agenda de implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.
“Creo que anunciaron mi salida antes de tiempo, me encartaron con el anuncio y ahora me despido más que circo pobre cada semana”, bromeó este abogado de 51 años, que se prepara para retomar tareas políticas en el Partido de La U, de cara a la próxima contienda electoral, luego de liderar los ministerios del Interior y Agricultura en la era Santos.
Por ahora, Iragorri viajará mañana a París. Acompañado de los técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), argumentará los próximos miércoles y jueves ante la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE, por su sigla en inglés) que Colombia hizo la tarea para combatir los brotes y focos de fiebre aftosa.
Como indica en diálogo con EL COLOMBIANO, su meta es recuperar de forma inmediata el estatus sanitario para reactivar exportaciones de carne de res y ganado en pie. “Que ya tengamos la cita es muy importante, pues solo la esperábamos en noviembre”, agrega el funcionario.
Entre tanto, aún no se conoce el nombre de su sucesor, pero está claro que Iragorri deja grandes pendientes en el escritorio de su amplio despacho de la Avenida Jiménez con Séptima, en Bogotá.
Tareas del sucesor
De una parte está la tarea inconclusa de asegurar esquemas de comercialización más justos con el ingreso de los pequeños cultivadores, a merced de lo que ofrezcan intermediarios y la industria por sus cosechas, como Iragorri insiste.
Por otro lado, se quedó con ganas de ver aprobada en el Congreso de la República la Ley de Tierras, que sin presentarse ha generado polémica en su intención de formalizar la tenencia de la propiedad rural, pues más de un 70 % de 4 millones de hectáreas agropecuarias no tiene escrituras.
Apenas comenzaría esta semana el proceso de consulta previa con comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas) para luego ser radicado el proyecto.
También queda por delante lograr la admisibilidad en mercados de más productos agropecuarios, lidiar con un limitado presupuesto para 2018 y la adjudicación del Fondo Nacional del Ganado, bolsa de recursos cuya administración le retiró a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que le ha sacado canas.
Gestión nacional y regional
Por ahora, mientras sale de la cartera, Iragorri saca pecho con que el producto interno bruto (PIB) agropecuario haya crecido al primer semestre de este año 6,1 %, casi cinco veces más que la economía nacional, que lo hizo a 1,2 %.
Tampoco se cansa de reiterar que el programa Colombia Siembra es su mayor legado, con 1,16 millones de hectáreas nuevas cultivadas entre 2015 y lo que se proyecta para el cierre de 2017, en los cultivos en 26 departamentos que mide el Dane.
Esto se traduce en 4,56 millones de toneladas adicionales producidas y más de 300 mil nuevos empleos rurales, para llegar en julio a una tasa de desempleo de 4,9 % en el campo, la más baja en los últimos 16 años.
Aunque no hay una medición de Colombia Siembra por departamento, en el caso de Antioquia, la última Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane, con corte a 2016, registra un aumento de 32,11 % en el área cultivada, hasta 290.627 hectáreas, el segundo departamento con mayor crecimiento frente a 2015, después de La Guajira.
En las cuentas del Ministerio de Agricultura, Antioquia recibió en los últimos dos años y medio 4,9 billones de pesos que beneficiaron a 316.874 pobladores rurales, de los cuales 4,6 billones llegaron al territorio en forma de 72.313 créditos agropecuarios.
“Antioquia es después de Nariño el departamento con mayor colocación de créditos a bajas tasas y condiciones blandas (9,5 % del total), la gran mayoría para pequeños productores, unos 4,6 billones de pesos, sobre todo en café, ganadería, cacao y para capital de trabajo”, destaca Iragorri.
Entre tanto, aún está por verse un proyecto que desde 2015 anunció el ministro para Antioquia: el distrito de riego y drenaje para Urabá, cuya ejecución está en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM):
—¿En qué deja ese proyecto clave para la competitividad de la región bananera?
—Hay algo de retraso, pero cumplimos con entregar hace más de un año a Empresas Públicas de Medellín (EPM) los recursos (10.600 millones de pesos), mediante el extinto Incoder (hoy Agencia de Desarrollo Rural). Esperamos que este año EPM entregue los estudios y diseños para poder arrancar obras lo más pronto posible.
Las pullas de Iragorri
De nuevo en el plano nacional, así como ya se ve en las cuentas del PIB el impacto de Colombia Siembra, también desde la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) le advierten a Iragorri que a su plan le faltó un Colombia Compra.
En ese sentido, el funcionario dio a entender que todas las soluciones para el campo no están en el Ministerio de Agricultura, sino que también se necesita el concurso de otras carteras como Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, para facilitar que más productos del campo se comercialicen en esquemas más equitativos.
—Necesitamos que la industria que está importando prefiera el producto nacional, que no solo piense en el valor, porque muchos productos nacionales pueden ser incluso de mejor calidad que los extranjeros. Solo por esa vía se podrá hacer una sustitución de 12 millones de toneladas de alimentos que se importan hoy.
—Pero será que también a las familias colombianas les falta comprar más colombiano...
—Necesitamos que los 49 millones de habitantes de este país entiendan que elegir alimentos nacionales es la mejor manera de ayudar a 12 millones de campesinos, en vez de comprar importados que engordan el bolsillo de un comercializador, que con levantar un teléfono ya vende un millón de dólares.
Y mientras esos deseos de Iragorri se cumplen, las mayores extensiones sembradas también se han traducido, por ejemplo, en bajos precios del arroz por la sobreoferta.
Ese es otro dolor de cabeza de Iragorri en los últimos días en su cargo. El mes pasado decidió cambiar la asignación de subsidios mediante la industria molinera para darlos directamente a los productores, a razón de 8 mil pesos por cada carga de 125 kilos.
–En plata blanca, ¿cuánto le hace falta para cumplir con ese subsidio directo?
–Con ayuda del Ministerio de Hacienda y congelando recursos me conseguí 60 mil millones de pesos que no teníamos para cubrir la cosecha de septiembre a diciembre (...). Ahora los arroceros me dicen que quedaron faltando julio y agosto, que valen otros 60 mil millones y eso sí no los tengo, pero voy a ver cómo me los consigo. Ahora, no puede pasar que cuando se entregue el subsidio, la industria molinera baje el precio del arroz en 8 mil pesos. Eso el Gobierno no lo va a permitir.
Mientras sabe que su fama de incumplido crece entre arroceros, Iragorri lanza su último vainazo con destino al Congreso de la República, responsable de aprobar a mediados de octubre el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2018.
El funcionario piensa en las afugias de su sucesor con un recorte de 28,7 % en lo previsto para el sector agropecuario, pero igual carga de compromisos con distintos sectores productivos del campo.
Con solo 2,1 billones de pesos asignados, de los cuales 1,5 billones son para inversión, 34,6 % menos que este año, Iragorri recuerda que la cartera hoy tiene 70 % menos recursos que en 2014:
—El sector representa este año 1,2 % del presupuesto y para 2018 eso bajará a 0,9 %, cuando es la actividad que mejor crece, gran generadora de nuevos empleos y da el mayor rendimiento social de inversión para sacar gente de la pobreza. Al ver esos indicadores, la recomendación es inyectar más recursos al sector. .
$4,9
billones se giraron al agro
de Antioquia en créditos e incentivos desde 2015.
