El Partido Comunes, con acompañamiento de los Ministerios de Agricultura, de Justicia y del Interior, radicó ayer en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo con el que se espera crear una Jurisdicción Agraria y Rural.
Con la iniciativa se busca la creación de una Corte Agraria y Rural, que sería el máximo tribunal de la jurisdicción y que se encargaría únicamente de dirimir los conflictos por la propiedad, uso y tenencia de la tierra.
“Esta iniciativa busca fortalecer la institucionalidad colombiana, para que comprenda y resuelva de manera eficiente los problemas presentados en nuestro campo en torno a la tierra y el territorio, garantizando así los mínimos vitales de las comunidades”, explicaron los coautores del proyecto.
Cabe recordar que la creación de dicha jurisdicción no es algo nuevo, pues se remonta al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc, cuando se solicitó reconocer que los problemas más graves del país tienen que ver con el despojo, la informalidad, la falta de acceso a tierras y las dificultades para tecnificar el campo.
¿Cómo funcionaría?
El tribunal estará compuesto por un número impar de magistrados, los cuales, para ser elegidos deberán cumplir con los mismos requisitos que se necesitan para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario.
Y de aprobarse este proyecto, que debe cursar ocho debates en el Congreso, en dos años se deberá aprobar una ley estatutaria que regule los detalles de esta nueva jurisdicción, así como las funciones de los nuevos jueces.
“En el acto legislativo se está creando solamente la jurisdicción, seguramente en un segundo momento ya tenemos ese borrador listo y habrá una ley estatutaria que desarrolle esa reforma constitucional, donde se especifique efectivamente cómo van a quedar conformados los juzgados y las jurisdicciones territoriales agrarias y el tipo de conflictos que deben ser objetos de análisis”, expresó Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Comunes.
Y agregó que esto será un complemento del proyecto que reconoce al campesinado como sujeto especial de derechos, que se radicó recientememente. “Estamos viviendo una etapa en la que Colombia comienza a saldar esa deuda histórica que tiene con el campo”, dijo Lozada.
Por su parte, Padra, ministro de Interior, aseguró que esto les facilitará a los campesinos el acceso a justicia especializada para tener una respuesta “pronta, rápida y cumplida”. También agregó que la violencia por las tierras en Colombia “ha sido una de las causas, tal vez la más importante, del conflicto rural” en el país.
Es de anotar que lo anterior no constituye en sí una reforma agraria, ya que apenas es una parte de los cambios que propuso llevar a cabo la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien, además, ya afirmó que el Gobierno no presentará una gran reforma rural, sino que utilizará las herramientas legales que ya existen realizar las transformaciones que necesitaría el campo colombiano.
Los pro y contra
De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), esta iniciativa es importante en cuanto a la formalización de la tierra; sin embargo, afirmó que el Gobierno se debe preguntar si esa es la ruta más adecuada.
“Esta jurisdicción implicará la creación de nuevas instancias, que generarán un gran gasto para la Nación. Deben evaluarse los impactos desde la arquitectura institucional, los tiempos y las necesidades presupuestales, en lugar de la creación, por ejemplo, de una alternativa como la especialidad agraria”, apuntó Bedoya.
Y agregó que lo más importante es ver cómo este proyecto en realidad se materializa en un servicio a los habitantes de la ruralidad.
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