A pocos días de vencerse por completo el calendario del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, decretado para atender la ola invernal, el recaudo está muy por debajo de las expectativas del Gobierno Nacional. Eso, pese a que la Corte Constitucional dejó en firme el gravamen mientras se pronuncia de forma definitiva.
EL COLOMBIANO pudo establecer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) apenas acumula cerca de $3,3 billones entre la primera y segunda cuota del nuevo tributo, con corte a abril. Hay que tener en cuenta que la fecha principal de pago venció el 4 de mayo para personas jurídicas (mayor parte del recaudo).
Sin embargo, la Dian defiende que todavía puede ampliar los ingresos, ya que la fecha límite para establecimientos permanentes o sucursales extranjeras culmina el 1 de junio; sin embargo, los expertos consideran que ese aporte es mínimo.
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Así las cosas, la diferencia representa un desfase cercano a $5 billones frente a los $8,3 billones esperados por el Ministerio de Hacienda, equivalente a un rezago de aproximadamente 60,2% frente a la meta planteada en el Decreto 173 de 2026, expedido para financiar medidas asociadas a la emergencia económica por la ola invernal. El impuesto estaba dirigido a compañías con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones.
Un rezago que viene desde la primera cuota
En teoría, la entidad de impuestos debía recaudar alrededor de $4,15 billones en la primera cuota, debido a que cada pago equivalía al 50% del total esperado. No obstante, solo ingresaron cerca de $2,5 billones.
Posteriormente, la misma Dian le confirmó a este medio que la segunda cuota apenas había sumado unos $800.000 millones con corte a abril. Con ello, el recaudo total llegó a aproximadamente $3,3 billones.
El bajo desempeño de la segunda cuota agravó el desfase fiscal y dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para cumplir las metas planteadas con este tributo extraordinario.
A qué se debe el bajo recaudo
Henry Amorocho, gerente de Amorocho&Daza y docente de la Universidad del Rosario, aseguró que parte del rezago se explica por la incertidumbre jurídica alrededor del impuesto.
Hay que recordar que a finales de abril, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el cobro de la segunda cuota para universidades pertenecientes al régimen tributario especial, pero dejó el decreto. La corte fue muy clara al especificar que la suspensión aplicaba únicamente para dos grupos muy delimitados: las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen especial y las sociedades que están cerrando sus puertas y repartiendo sus activos para pagar deudas.
“A raíz de esa suspensión, muchas empresas optaron por esperar el fallo definitivo antes de pagar”, dijo.
Según Amorocho, varias compañías también realizaron planeaciones tributarias defensivas para reducir la base gravable o incluso trasladar capitales fuera del país ante el anuncio de un tributo extraordinario que no tenía antecedentes recientes para personas jurídicas.
De hecho, el pasado 31 de marzo, en el artículo Con emergencia económica de Petro, 3.000 empresas paisas pagarán $1 billón de impuesto al patrimonio, EL COLOMBIANO contó que algunas empresas efectivamente tomaron la decisión de declarar su patrimonio ante la Dian, pedir plan de pagos, pero todavía no girar la plata.
Incluso, se habló de empresarios que optaron por no acatar esta norma, es decir, evadir por completo ese tributo y no declarar ni desembolsar. Algo que explicaría parte del bajo recaudo.
Lo cierto es que empresas consideran que existen argumentos jurídicos para cuestionar el decreto, entre ellos posibles escenarios de doble tributación debido a anticipos ya pagados sobre renta y cambios en los periodos de causación.
¿Puede mejorar el recaudo con las sucursales extranjeras?
Amorocho señaló que el resultado de la segunda cuota fue “bien pálido y bastante bajo”, ya que apenas se recaudó una tercera parte de lo obtenido en el primer pago. “Esto muestra la poca efectividad del recaudo estimado por el Ministerio de Hacienda”, comentó.
Y aunque aún faltan pagos de establecimientos permanentes y sucursales extranjeras, los expertos consideran que ese recaudo adicional no cambiará sustancialmente el panorama.
Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, estas compañías generalmente operan en Colombia, pero no concentran grandes activos en el país, por lo que su contribución sería limitada. Realmente, el impacto sería marginal y no alcanzará para cerrar la enorme brecha frente a la meta oficial.
El meollo del asunto es que el bajo recaudo representa un problema para las finanzas públicas, especialmente porque estos recursos estaban destinados a financiar programas y obras relacionadas con la emergencia provocada por las lluvias.
Y la situación podría empeorar más si este tributo termina siendo declarado inexequible. El Ejecutivo tendría que buscar recursos alternativos, como excedentes de regalías o sobrantes presupuestales de otras entidades estatales.
Mientras tanto, el resultado deja dudas sobre la efectividad del tributo y sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus proyecciones fiscales en medio de un entorno económico y jurídico incierto.
Qué pasará con las empresas que no paguen
Junco advirtió que el plazo para pagar ya venció y que quienes no cancelen deberán asumir intereses elevados. “Son dos puntos por debajo de la tasa de usura”. Este mes la tasa de usura se ubica en 28,17%.
Adicionalmente, las empresas que presentaron declaraciones sin pago se exponen a procesos de cobro por parte de la Dian, incluyendo embargos y medidas cautelares.
Por ahora, la noticia enciende las alarmas en la Dian y en el Gobierno Nacional, pero la mayor preocupación sobre los problemas de caja tendrán que ser solucionados por la nueva administración que llegue el próximo 7 de agosto.
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