El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mauricio Lizcano, se pronunció nuevamente sobre el fallo adverso que condena al Estado colombiano a pagar US$379,8 millones a la empresa Telefónica, destacando que el país tiene tanto el derecho como las razones jurídicas para solicitar la anulación de la decisión.
Lizcano explicó que el origen del conflicto data de los contratos de concesión firmados en 1994 entre el gobierno colombiano y los operadores de telefonía móvil, como Telefónica y Claro.
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En esos acuerdos se estipulaba que, al finalizar las concesiones, el espectro y la infraestructura deberían ser revertidos al Estado.
Sin embargo, en 1998, una ley modificó esas condiciones, lo que posteriormente llevó a la condena de Colombia por US$379,8 millones, ya que se consideró que el cambio legislativo afectó negativamente los intereses de la empresa.
A pesar de la condena, el ministro Lizcano subrayó este jueves que, en su opinión, la ley debe aplicarse de manera prospectiva y no retroactiva.
“Nosotros creemos que la ley va hacia el futuro, no hacia el pasado”, afirmó, argumentando que el contrato original de concesión ya especificaba la reversión de los activos y que el Estado tiene una defensa sólida en el caso.
Por ello, el gobierno colombiano decidió presentar un recurso de anulación ante la Cámara de Comercio Internacional y la Corte de la ciudad en la que se dictó la sentencia.
“Vamos a interponer este recurso en unidad, con el objetivo de evitar el pago de los US$379,8 millones y defender los intereses del Estado y de todos los colombianos”, concluyó Lizcano, confiado en que la apelación tendrá un fallo favorable que protegerá los recursos públicos.
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