La facturación electrónica se ha convertido en un reto para el cumplimiento tributario y legal de las organizaciones, teniendo efectos tanto en la emisión como en la recepción de las facturas de venta. Por eso, las compañías afrontan el desafío de realizar análisis fiscales y tecnológicos oportunos para tomar decisiones en cuanto a su implementación —las que no lo han hecho aún— y eliminar los riesgos sancionatorios que implica su incumplimiento.
Mario Márquez Olier, gerente de Factura Electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), precisó que el 1 de diciembre las empresas de todas las actividades económicas y algunas personas naturales, quienes facturen más de 10 millones de pesos al mes y no sean empleados (dueños de inmuebles, consultores, médicos, abogados, contadores), deberán estar facturando electrónicamente.
El funcionario recordó que este es un proceso en el que se está trabajando para masificar la facturación electrónica desde 1995. “Se han hecho varios intentos. En 2015 empezaron a entrar a este sistema los grandes contribuyentes, ahí se hicieron unos pinos, pero ese fue un esquema que no funcionó porque lo recibía la Dian en el Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (Muisca) y el envío de las facturas se hacía dos días después de haber hecho el negocio y solo se validaban ocho campos de la factura, por lo que hubo necesidad de cambiarlo”.
Fue así como la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018, que posteriormente declaró inexequible la Corte Constitucional, introdujo el concepto de factura electrónica con validación previa, cuya gran bondad es que antes de que el proveedor se la entregue al cliente, la Dian la valida, lo cual le impuso a la entidad un estrés de tecnología muy grande.
Para evitar inconvenientes, Márquez sostuvo que la inversión hecha es enorme y que hoy el país dispone de una plataforma robusta y poderosa que en menos de un segundo valida 800 campos del documento requerido.
“Hoy estamos en cuatro millones de facturas diarias, y Chile, que es el pionero de este modelo, está en dos millones. Obviamente, la base empresarial colombiana es muy grande, pero existe mucha informalidad y la meta que nos trazamos este año fue que todas las empresas que en 2019 vinieron a la Dian a presentar una declaración debían facturar electrónicamente, es decir las empresas formales”, señaló Márquez.
Transformación digital
Pero, ¿cómo hacer para que el resto de empresas le marchen a este sistema y poder involucrarlas a todas? “La clave estará en que cuando estas presenten su declaración de renta y no tengan como soporte una factura electrónica serán rechazadas, y eso hará que quienes no tenga implementado ese tipo de documento no van a vender ni a tener compradores porque nadie va a querer ese tipo de problemas con la Dian”, agregó el gerente de Factura Electrónica de la entidad, quien estimó que al finalizar 2020 unas 450.000 compañías y personas habrán acogido esta herramienta.
La apuesta es que se genere una presión social para que en 2021 aumente el número de quienes expiden este tipo de factura y llegar a unos 700.000, lo que constituiría una gran ecosistema entre quienes emiten, envían y reciben la factura electrónica.
Detrás de esto viene otra serie oportunidades como el factoring electrónico (ceder una factura a una entidad financiera para obtener liquidez), lo que la Dian promoverá el año que viene como un nuevo producto para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se financien. El propósito es que con esta opción un empresario pueda tener acceso a un crédito en dos horas, porque tiene una factura electrónica que puesta en una plataforma especializada le dará la posibilidad de obtener recursos. Desde esa perspectiva, las cuentas por cobrar de las pymes movilizarían billones de pesos que irrigarían la economía (ver ¿Qué sigue?).
“Esto también significará una mejor relación entre las empresas y la administración tributaria porque serán más fácil los procedimientos de declaraciones o la devolución de impuestos, porque todo estará basado en la información de la factura. Pero, dentro de las empresas el fenómeno que se empezará a ver es que hay una real transformación digital”, insistió el funcionario.
Voz desde el campo
La Federación Nacional de Cafeteros, gremio que lidera Roberto Vélez Vallejo, pidió al Gobierno revaluar la facturación electrónica por parte de caficultores, dados los múltiples desafíos que aún enfrenta la ruralidad colombiana.
Para los productores del grano, en el campo persisten graves limitaciones de conectividad que ya se han advertido de tiempo atrás y que la actual pandemia hizo aún más evidentes, por lo que el teletrabajo, las reuniones virtuales o la telemedicina son apenas un sueño en amplias zonas rurales del país.
Igualmente, la Federación anotó que una finca no es un establecimiento comercial, como erróneamente se asume, pues el Código de Comercio, en su artículo 23, establece que la caficultura no es una actividad mercantil y por ende quienes la realizan no son comerciantes.
En efecto, en la norma se lee que no son actos mercantiles: “Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando dicha transformación no constituya por sí misma una empresa”.
También se mencionó que el 82 % de los caficultores están en el régimen subsidiado de salud, 50 % tienen menos de una hectárea, apenas 1 % de los productores tienen más de 10 hectáreas de café, el 15 % son adultos mayores, 75 % de los hogares cafeteros vive en la zona rural dispersa, y que su escolaridad es mínima.
“Por todas estas razones, es poco razonable esperar que, por decreto, a partir de determinada fecha los caficultores, por el solo hecho de tener una finca, puedan facturar electrónicamente”, enfatizó la Federación de Cafeteros.
Frente a estos argumentos, Márquez precisó que de las empresas del campo unas 26.000 están obligadas a facturar electrónicamente, y solo el 1 % de los cafeteros deben hacerlo. “No son los 500.000 cafeteros los que deben acoger esta herramienta, los que deben hacerlo son los mismos que hoy facturan en papel, pues ya son empresarios y no hay excusa para no hacerlo”.
Miradas divergentes
Camilo Pardo, especialista en temas de tributación, aseguró que la factura electrónica es una herramienta muy poderosa que ya está dando resultados como la digitalización del comercio y la transmisión de información de calidad en tiempo real para la administración tributaria, y que esta se pueda usar como insumo para realizar tareas de fiscalización.
“Este trabajo también agiliza y facilita el proceso de facturación en las compañías y permitirá la apertura de nuevos mecanismos como el factoring digital que se constituirá en una fuente de financiación para los empresarios colombianos”, manifestó el consultor, quien agregó que tras implementar el esquema las sociedades formales, grandes y medianas, ya están descubriendo las bondades de la digitalización.
“Frente a los pequeños queda un reto y diría que le faltó más difusión a la herramienta gratuita ofrecida por la Dian para realizar la facturación electrónica. La capacitación y la presión de la entidad serán claves para que esas pequeñas unidades productivas se engranen en el sistema, y esto podría tardar uno o dos años más para que una gran mayoría de la economía entre en este mecanismo”, mencionó Pardo.
En ese contexto, consideró que tras la incursión de las grandes empresas en el esquema, estas pueden exigirle a sus proveedores pequeños que hagan lo mismo. Además, sostuvo que los topes para la facturación son altos (10 millones de pesos por mes), por lo que sugirió que estos montos se deberían bajar para lograr una mayor profundización de la formalidad empresarial.
Por su parte, Julio César Leal, experto en temas tributarios, cuestionó que aunque la Dian ofrece un sistema de facturación gratuito este es ineficiente e implica un proceso muy largo. “Yo llevo un mes tratando de acceder a ese esquema y no he podido. Para validar la información, por ejemplo, hay que hacer cuatro documentos pero esa herramienta tecnológica solo permite realizar dos. Es como si obligarán a la gente a desistir y a que contrate la tarea con unos de los proveedores habilitados (88 en total). De hecho, hay tres manuales para hacer esta operación, casi que el usuario debe tener nociones de sistemas”.
Para Leal la implementación de la facturación electrónica por parte de un pequeño empresario es costosa, y ejemplifica que mientras una factura de papel vale 100 pesos mientras que una electrónica puede costar 2.000 pesos o más. “Hay muchas personas que tienen un pequeño negocio y que no tienen la posibilidad de comprar un computador o no lo requiere, en especial en el campo, pero hay una presión para que se adopte la herramienta”.
El consultor también criticó el mensaje que el miércoles en su cuenta de Twitter escribió el director de la Dian, José Andrés Romero, quien al recibir un reconocimiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones reconoció que la entidad ha implementado servicios en la nube como en el caso de la factura electrónica, con cerca de 360.000 habilitados.
“Para mí eso es ilegal porque viola un principio fundamental en materia tributaria como es la reserva. La información tributaria de los contribuyentes es reservada y está quedando expuesta en una nube pública o en manos de particulares”, concluyó.
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