Gobierno debe a comercializadoras de energía $4,6 billones por opción tarifaria

El saldo de la deuda del Estado representan alrededor de dos años de facturación, afirma Asocodis

El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, pide al Gobierno nacional que se busquen mecanismos para recaudar los saldos acumulados y garantizar la viabilidad económica de los operadores. FOTO Esteban Vanegas Londoño

A $6,4 billones llega el saldo acumulado por el concepto de opción tarifaria que le adeuda el Gobierno nacional desde diciembre a las empresas comercializadoras de energía, a lo que se suman otras acreencias por el déficit de subsidios de la electricidad y alumbrado público.

Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) al señalar que los no pagos por parte del Estado afectan a las compañías que representa el gremio ya que además de impactar los flujos de caja, las está dejando sin liquidez.

“Esta suma que le debe el Gobierno nacional a las empresas comercializadoras de energía, y de las compañías prestadoras del servicio público, representa la facturación de casi dos años”, indicó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

La opción tarifaria fue creada en el gobierno del entonces presidente de la República, Iván Duque, como un mecanismo que permite moderar los aumentos repentinos y altos en los precios de las facturas, generando un saldo por cobrar que se distribuye en otras variables una vez el alza de la energía se frene. Pero desde su implementación, varias empresas no han logrado salvar los dineros ya que el valor unitario del kilovatio/hora ha venido aumentando ya que está indexado.

El líder de Asocodis subraya que la suma adeudada se puede incrementar durante el Fenómeno de El Niño si no se toman medidas fuertes. “Es importante que se les consigne los pagos atrasados de los subsidios, así como saldos de otros conceptos para garantizar la sostenibilidad financiera de estas compañías”, dijo.

Manzur además advirtió que es importante tener en cuenta que la disponibilidad de estos recursos es fundamental para evitar impactos en las facturas a los usuarios más vulnerables.

“Si bien el incremento de las tarifas promedio nacional de nuestras empresas en los últimos meses ha sido inferior a la variación del IPC, debido a las medidas establecidas a través del Pacto Tarifario, la no apropiación de los recursos para cubrir el déficit de subsidios para los meses faltantes del 2023 podría verse reflejado en incrementos significativos en las facturas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, asociados al subsidio del consumo de subsistencia, toda vez que algunas empresas no tendrían recursos para apalancar o financiar estos subsidios, debido principalmente a los saldos aún sin recuperar por la opción tarifaria que a diciembre del 2022 eran cercanos a $4,2 billones, de los cuales cerca de $800.000 millones corresponderían a subsidios a cargo del Estado”, explicó.

Para Asocodis, tanto el déficit de subsidios, como los saldos de la opción tarifaria, requieren una atención prioritaria y urgente solución para evitar un riesgo sistémico sobre todo el sector eléctrico, dado que pueden generar incumplimientos de las empresas frente a sus compromisos con el mercado mayorista, al igual que afectar el desarrollo de sus planes de inversión impactando la expansión del servicio, el incremento de la cobertura, la calidad del servicio, la reducción de pérdidas, y el abastecimiento seguro y confiable de la demanda, así como también poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos adicionales que demandan capital de trabajo, como laborales, financieros y fiscales, entre otros.