Antes de que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le advirtiera este año a los productores, molineros y comercializadores de arroz que le caería todo el peso de la ley a quien estuviera especulando con el precio de este cereal, un grupo de funcionarios estatales ya venía investigando al sector desde 2010.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene investigando desde hace cuatro años a dos marcas que conjuntamente concentran más de 30% de participación de mercado en el nicho del arroz blanco. Ellas son la arrocera Roa y Florhuila.
Ambas firmas, pertenecientes a una misma casa matriz, podrían convertirse dentro de tres semanas en las primeras arroceras sancionadas este año por prácticas que atentan contra la libre competencia, puntualmente por la influencia en la fijación de precios, según lo establece la versión pública del informe motivado de la SIC, que no es más que un documento superior a 100 páginas donde se recopilan las pruebas, la relación de hechos y las conclusiones en torno a una investigación.
La República conoció que ese informe (firmado por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca) ya se le presentó al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, así como a los implicados en el caso (presidentes y gerentes de Molinos Roa y Molinos Florhuila) para que hicieran sus respectivos descargos. Una vez cumplido ese paso, se esperan 20 días hábiles y se procede a citar al Consejo Asesor de Competencia, un grupo de cinco expertos que asesoran a Robledo en la toma de decisiones.
“Ya se convocó al Consejo Asesor de Competencia para la última semana de marzo, reunión donde se presentarán las conclusiones a las que llegó el informe motivado del caso Molinos Roa y Molinos Florhuila. A esta cita acudirá el Superintendente de Industria y Comercio, quien emitirá casi de forma inmediata una resolución con la decisión final. Es decir, luego de esa reunión, se sabrá si Robledo considera las conclusiones a las que llegó el superintendente delegado para la Protección de la Competencia en el informe motivado o si decide no sancionar”, indicó una fuente vinculada al sector que pidió no ser identificada.
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