Al presidente del San Vicente Fundación, Julio Ernesto Toro Restrepo, luego de 30 años de trabajo en el hospital universitario, la crisis financiera no le saca más canas, se las está tumbando.
En los ochenta la crisis del Hospital Universitario, el principal centro asistencial de Antioquia en capacidad de atención, era porque el Estado giraba tarde los auxilios, y se llegaba a trabajar con las uñas.
Pero hoy es porque falta físico efectivo, porque la plata está en forma de facturas por atenciones que no pagan Entidades Promotoras de Salud (EPS) que, a su vez, afirman que el Gobierno no les paga, mediante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Al final, el Sistema de Salud está desfinanciado.
Y así, en esa cadena de deudores, al Hospital Universitario le deben 240.339 millones de pesos, lejos de los 40 mil millones de pesos que se debe a proveedores, otros 5 mil millones a distintos acreedores, y el doble de los 120 mil millones que falta por pagar del hospital construido en Rionegro (ver recuadro).
“Las EPS se enojan conmigo porque digo que no pagan, pero no puedo ir a cobrarle al Gobierno, porque no me debe directamente (...). El Gobierno debe conseguir la plata acorde a considerar la salud como derecho, algo que debe ser custodiado por el Estado, por ende, debe asegurar recursos para que sea así”, afirma Toro (ver recuadro).
Así que él pasó de pensar en mejorar una entidad que atiende el 15 por ciento de demanda asistencial de Medellín, desde consultas hasta trasplantes, para administrar escasez y pagar nómina con sobregiros bancarios.
“Con el flujo de efectivo de los últimos meses, alcanza para pagar salarios (2.400 empleados), algunas obligaciones con bancos, una parte de servicios públicos, un mínimo abono a los proveedores y la seguridad social de los trabajadores, pero no da para desatrasar deudas”, confiesa con preocupación, en entrevista con EL COLOMBIANO.
Su semblante cambia un poco ante la actitud de apoyo que minutos antes de esta entrevista recibió de EPM; o al hablar de la comprensión de proveedores de vigilancia, aseo, lavandería y de algunos medicamentos; de los bancos que han replanteado plazos, montos y hasta intereses; y de sus mismos colegas que le han dicho que si deben hacer otra cosa distinta a atender pacientes, están dispuestos.
Ya se suspendieron los eventos académicos, se dejó de renovar instrumental quirúrgico, no se renuevan contratos o vincula más personal, se restringieron las compras de medicamentos no-POS, por fuera del Plan Obligatorio de Salud. El proyecto de una torre médica quedó archivado, por ahora.
Y eso pasa en un centro asistencial cuyos pacientes son en un 83 por ciento los más pobres, practica más de 150 cirugías de alta complejidad al mes, atiende al día unas 50 urgencias pediátricas graves, registra más de 20 mil hospitalizaciones al año. Y en plata: logró ahorros en el último año por 4.653 millones de pesos, pero 4.133 millones se van en subsidios a la condonación total o parcial de la deuda a pacientes de menos ingresos. Vaya paradoja.
—¿Cuánto más resistirá el San Vicente la crisis de pagos?
—Si seguimos así, con el dolor en el alma, se deberá empezar a recortar por la oferta no exclusiva, como servicios ambulatorios (consultas y ayudas diagnósticas), obstetricia, medicina interna, restringir acciones quirúrgicas no urgentes (hay 700 procedimientos represados por alta demanda) —responde perplejo Toro.
Lo claro es que las urgencias generales seguirán abiertas, así como servicios exclusivos como la atención de niños con cáncer ocular. En sus respuestas, Toro dice que la prioridad son los pacientes, incluso los afiliados a Saludcoop y Coomeva que otros evitan recibir por ser EPS consideradas ‘malas pagas’. Esto también acrecienta la crisis financiera, la más compleja que le ha tocado a asumir en 30 años
