Tan solo 17 días después de su radicación el Gobierno sentenció el destino de la reforma tributaria. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto y así evitar incertidumbre financiera (...) la decisión es construir una nueva iniciativa con consenso que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieran”.
Con esa frase el presidente Iván Duque le puso punto final al denominado Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, que desde su nacimiento causó el rechazo de gremios, partidos políticos y buena parte de la población que salió a manifestarse en las calles desde el 28 de abril.
No obstante, como el propio Jefe de Estado indicó, la idea es tramitar un nuevo texto que reúna las sugerencias de los partidos, el Consejo Gremial Nacional (CGN) y la Andi, entre otros, de cuyo contenido ya dio avances.
Una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio parcialmente, incrementar el impuesto a los dividendos de manera transitoria, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado son algunos.
¿Habrá consenso?
Alberto Bernal, jefe de Estrategia Global en XP Securities, resaltó que es muy importante que exista un plan B y no ve alejado de la realidad pensar que los partidos políticos apoyarán la idea, entendiendo que “es lo suficientemente grande” para evitar que las calificadoras le bajen la nota al país.
“La propuesta debería ser más políticamente viable en este momento tan complicado. Ojalá que haya responsabilidad por parte de las fuerzas del Congreso”, indicó, y adhirió que espera que el Partido de La U, Cambio Radical o el Partido Liberal, que fueron algunos en desacuerdo con la Ley de Solidaridad, hagan lo necesario ahora para evitar que la situación se complique.
De su lado, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, exaltó que lo más importante es la aprobación de la ciudadana, que a fin de cuentas está en el centro de todo.
Dejando esto en claro, anotó que es “totalmente factible” que una reforma con las bases expuestas por Duque tenga el beneplácito de los distintos sectores, toda vez que la carga tributaria en medio de la crisis económica ya no recaería sobre trabajadores y consumidores, sino en el capital al cual se le ha venido recortando impuestos.
En línea con lo expuesto por Reyes, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) aseguró que el hecho representa una oportunidad como país para actuar unido. “De esta manera, el Gobierno da un importante paso adelante en la construcción de consensos. Este es un momento para hacer un llamado a la responsabilidad para que se construyan propuestas conjuntas que permitan tomar las mejores decisiones, haciendo frente a las necesidades que tiene la Nación”, declaró Bruce Mac Master, presidente del gremio.
“Ahora sí llegó el momento de la grandeza y la responsabilidad para partidos y congresistas que tienen la oportunidad de construir una propuesta que responda a la actual situación”, añadió Mac Master.
Frente a esto, el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, dijo que en general los gremios han tenido las posturas más acertadas a nivel de propuestas de reforma y que basándose en lo anticipado por Duque, las ideas responden a muchos de los llamados de los diferentes sectores por lo que se puede pensar en que habrá consenso de los mismos gremios, empresas y partidos.
Incluso los ciudadanos, quienes son los más importantes en esta discusión, también verían con buenos ojos este cambio, expresó Ramírez. “Al eliminarse las propuestas sobre IVA, que eran un poco el caballo de batalla en un momento en que los ingresos están resentidos, podría haber una mayor aceptación de las personas”.
Implicaciones económicas
Con esta situación el director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, Juan David Ballén, indicó que el país debe estar pendiente de si las calificadoras de riesgo (Moody’, Fitch y Standard & Poors) se pronunciarán al respecto, un concepto similar al de Bernal.
Ballén refirió que el anuncio de Duque sobre un nuevo texto consensuado puede dar un compás de espera a esas firmas para analizar cómo será la propuesta, en vez de llevarlas a reducirle la nota soberana al país de inmediato.
Eso sí, dejó en claro que “si la bajan no va a ser sorpresa para nadie” e incluso los activos financieros “ya han venido descontando esa posibilidad”, que se daría en la medida que las calificadoras vean que no hay acuerdos sobre la reforma.
Hace poco, inclusive, Citi socializó un documento en el que advierte que Colombia corre el riesgo de perder el grado de inversión por parte de dos agencias, aunque ello depende del resultado de la reforma fiscal del Gobierno. Además de encarecer la deuda, la firma dijo que ello podría provocar una salida de inversionistas.
Reyes, de la U Javeriana, añadió otro condimento y es que varias iniciativas que avanzó Duque para el nuevo texto son temporales. “Eso implicaría que en unos años estaríamos otra vez intentando cerrar el hueco fiscal, probablemente no cargándole los impuestos al capital, sino a los consumidores y trabajadores”.
Pensando en el consenso
Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional, acotó que con las propuestas formuladas desde ese foro que componen los principales gremios del país se espera que haya consensos que permitan recaudar los recursos que el Estado requiere para lograr atravesar la crítica situación de pandemia.
“En ese orden de ideas el equilibrio fiscal, la condición de evitar una descalificación de la deuda colombiana y al mismo tiempo procurar el beneficio de quienes más lo necesitan son los objetivos de las propuestas, en las que el sector empresarial está haciendo aportes muy importantes para atravesar esta crisis con el menor impacto en el empleo y en los que más lo necesitan”, reseñó Domínguez.
¿Pero de qué se tratan esas ideas? Son siete sugerencias para la reforma las que el CGN envió a presidencia a través de una carta en días pasados.
Establecer permanentemente que el impuesto de industria y comercio (ICA) pagado sea deducible en la depuración de la base gravable para liquidar el impuesto de renta; dar luz verde a la enajenación de activos no estratégicos de la Nación en los que esta no tenga mayoría accionaria y formalizar la economía para reducir la evasión, son tres de ellas.
Y las más relevantes, citadas por el presidente Duque, hablan de modificar la tarifa marginal del impuesto a los dividendos del 10 % al 15 % y la base gravable de 300 UVT ($10.8924.00) a 800 UVT ($29.046.400).
Además, el CGN ve con buenos ojos la reducción del tamaño del Estado “mediante la identificación y fusión de las entidades que tienen duplicidad funcional y que permitan bajar el gasto público” y la complementa con la sobretasa temporal a empresas y el ajuste del impuesto al patrimonio, también reseñadas por el Jefe de Estado.
En tanto, vale mencionar que la reforma que de su lado postuló la Andi permitiría un recaudo de 13 billones de pesos ($10,4 billones menos que la propuesta que retiró el Ejecutivo) y contempla cambios en renta empresarial, los impuestos de ICA y al patrimonio. “Acompañaremos una propuesta que contemple los principios de no afectar a los hogares, que asegure la sostenibilidad fiscal y la financiación de programas sociales de emergencia”.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en resumidas cuentas, la puerta está abierta para que haya consenso nacional alrededor de un gran proyecto que además del equilibrio fiscal vele por la reactivación económica y la generación de empleo. Reducir el tamaño del Estado, austeridad de los gastos de funcionamiento y venta de activos improductivos de la Nación son ideas que valoró.
Con todo esto Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, resaltó que lo más importante es que haya pensamientos alineados sobre ajustes al esquema tributario, el incremento de fuentes de ingreso y posibilidades de financiamiento para programas sociales robustecidos. “Si en el camino se logran acuerdos amplios de reformas que permitan recoger estos recursos y despejar el panorama fiscal, el resultado será bueno”.
$13
billones se recaudarían con la propuesta de reforma de la Andi.
17
días después de su radicación, la tributaria fue retirada por el Gobierno.
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