A mes y medio de que el Gobierno lanzó su segundo Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2.0), ya el presidente Juan Manuel Santos comienza a realizar balances de resultados y sus ministros del despacho entregan avances parciales en distintos frentes, como ocurrió este viernes en Medellín.
El paquete de medidas anticipa inversiones públicas por 16,8 billones de pesos, principalmente en materia de infraestructura (vivienda, vías, colegios) y contempla que creará 300 mil empleos, como respuesta a la desaceleración de la economía nacional en un ciclo bajo de precios del petróleo.
Pero los positivos partes oficiales contrastan con el balance agridulce que realizan varios dirigentes gremiales que le toman todos los días el pulso a sus sectores y a las preocupaciones de sus empresarios afiliados.
Coinciden en que el impacto de varias medidas, para algunos tardías, se verán en el mediano plazo. Y aunque pueden ayudar a enfrentar un complejo año 2016, por las menores inversiones oficiales ante una menor renta petrolera (impuestos y regalías), no necesariamente impactan varios cuellos de botella que frenan el crecimiento del aparato productivo y, en suma, elevan el costo-país. Por su parte, el Gobierno ha insistido en que no todo se puede hacer de una vez, sino en varias fases.
Entre los temas neurálgicos que no aborda el nuevo Pipe es el sambenito de los industriales sobre los altos costos de la energía, lo que a su vez encarece la producción y se traduce en precios más altos para los consumidores finales. Aunque desde el sector eléctrico se refuta que hay tarifas competitivas.
“Si se quiere que este país dependa menos del petróleo y afiance su crecimiento en la industria, pues hay que revisar ese tema que sigue enredado. Ya en 2013 se hizo un estudio y salieron unas recomendaciones, pero ahora la ministra (Cecilia Álvarez-Correa) habla de que se hará otro”, señala Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, gremio de los exportadores.
En ese sentido, los pequeños y medianos industriales, reunidos en Acopi, advierten que urge una revisión del costo de los servicios públicos por parte de los entes regulatorios para el sector productivo:
“Reconocemos el componente social de subsidios a las tarifas, pero también el Gobierno debe sopesar el costo-país que nos toca asumir y debería estar a cargo del presupuesto nacional”, considera Rosmery Quintero Castro, presidenta nacional de Acopi, quien considera que al Pipe 2.0 le faltaron medidas para estimular la formación de proveedores locales.
Empujón a la industria
Ambos dirigentes gremiales concuerdan que del Pipe 2.0 resulta definitivo que haya cero arancel para bienes de capital (insumos, maquinaria) no producidos en Colombia, pero eso ya venía del primer Pipe y la medida se prorrogará en agosto. En la práctica, no habrá mejora sustancial y ya circula un borrador que contempla 850 partidas para incluir en el decreto que amplíe la medida.
Asimismo, está por verse el impacto que tengan en la expansión de la producción y ventas de las nuevas líneas de créditos blandos por 900 mil millones que abrió Bancóldex para compañías exportadoras y con proyectos de expansión en el extranjero, así como para modernizar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme). En este mes y medio se han entregado 200 mil millones de pesos en préstamos a 607 empresas del país, 12 de ellas en Antioquia.
Cascada impositiva
Mientras tanto, otro punto que quita el sueño al empresariado es el régimen de impuestos que endureció la última reforma tributaria y las incertidumbres que se ciernes frente a otra estructural.
En general, parece que los mensajes del Gobierno de que no se aumentarán los impuestos a las empresas, no resultan suficientes. La estructura tributaria de las empresas, al sumar aportes nacionales y territoriales, promedia una tasa efectiva que supera el 70 por ciento sobre las utilidades, cuando igual indicador para América Latina es del 53 por ciento.
En ese sentido, uno de los sectores con un alto régimen fiscal es el de hidrocarburos. “Con los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía se examinan opciones de incentivo tributario a la exploración y producción de crudo y gas, (...) la exploración está prácticamente paralizada”, asegura Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).
También desde la industria minera formal hay preocupación con el tema tributario, y esperan que la Agencia Nacional de Minería (ANM) expida pronto las condiciones de reducción del canon superficiario (predial minero) a cerca de la mitad, en promedio, como contempla el Pipe 2.0.
“Falta revisar el impuesto a los explosivos, que pesa mucho, pero es una medida que no sabemos cuándo vaya a salir y confiamos que haya noticias en el segundo semestre frente a la reglamentación de importación de combustibles”, explica Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de la Minería (ACM).
Agregó que la próxima reforma debe revisar el Impuesto a la Riqueza y las deducciones por activos fijos, entre otros, pues si no hay más medidas de competitividad para la minería legal, esta industria dejará de brillar en el crecimiento económico del país.
Seguridad jurídica
Desde la orilla rural, se reconocen los esfuerzos por mejorar la vivienda rural y las vías primarias, secundarias y terciarias que contienen el Pipe 2.0, así como la intención del Ministerio de Agricultura de presionar a la baja los precios de los fertilizantes con importaciones.
“Se están haciendo cosas, pero el país debe definir si nos tomamos medio vaso de agua o si nos vamos a tomar adecuadamente el próximo medio vaso”, asegura Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Con ello se refiere a que la política agropecuaria no debe hacer énfasis solo en temas de inversión social en el campo, sino también de forma más decidida en temas de producción.
“Se requieren medidas que den seguridad jurídica a la propiedad de la tierra, de otra manera no habrá la inversión privada que requiere el desarrollo del campo. No estamos pidiendo que entreguen baldíos, pero se debe replantear las restricciones a la producción a una escala competitiva”, agrega Mejía López.
Constructores, felices
Por último, quienes tienen mucho para celebrar con el Pipe 2.0 son los constructores, con un efecto positivo para toda la cadena del sector por el lado de la vivienda urbana, como del plan de infraestructura educativa.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la inversión estimada de estas medidas asociadas a la construcción de edificaciones asciende a 17 billones de pesos, eso representa algo más de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
“En el marco de los principios de una política contracíclica, estas iniciativas pueden ser chequeadas con certeza. Efectividad, inversión de los hogares, efecto redistributivo, eficiencia del gasto público, alcance regional, encadenamientos sobre la industria y, sobre todo, una prioridad en la actual coyuntura: crecimiento y empleo”, concluye Sandra Forero Ramírez, presidente de Camacol.
Por último, varios de los gremios consultados ven con temor la reciente escalada de ataques guerrilleros y los brotes de inseguridad en las principales vías y ciudades del país, lo que significa otra talanquera para la inversión privada, local o extranjera, y mayores costos para la producción doméstica en algunos sectores sensibles. Y esto ocurre de cara a un panorama macroeconómico que se aprecia más complejo para 2016.
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