El presidente de la República, Iván Duque Márquez sancionó el pasado 30 de septiembre la ley que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, la cual tiene el objetivo de descentralizar las entidades territoriales y asignar de una mejor manera los recursos que se derivan de la explotación de minerales e hidrocarburos en el país.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, destacó las virtudes de la nueva reforma que quedó aprobada por el Congreso de la República y manifestó que con la nueva reglamentación se le está dando mayor autonomía a las entidades territoriales, tras la desaparición de 1.146 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), con el fin de acabar con la burocratización.
El alto funcionario también se refirió al presupuesto de 2021-2022 de regalías, en el que se priorizará la inversión sobre el ahorro, para dar una mano en la reactivación de la economía en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.
¿Qué destaca de la Ley de Regalías que sancionó el presidente Iván Duque la semana pasada?
El espíritu de la reforma al Sistema General de Regalías era un espíritu descentralizador y de darle mucha más autonomía a las regiones. Lo primero es hablar de reconocer que las regalías del sector de minería y de los hidrocarburos vienen de las regiones, son de las regiones y son para inversión regional, porque se había generado una burocracia muy grande centralista y nosotros creemos que era conveniente eliminar todo ese aparato y alivianar el sistema para tener más recursos para inversión.
La cifra más diciente de esa descentralización que se logró es que pasaron de 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), a tan solo 8, eso es una reducción significativa en burocracia. Era poco explicable que unos recursos que vienen de las regiones y que son para las regiones tuvieran que ir a decidirse en qué, cómo y cuándo se invertían con esos 1.152 órganos y todas las decisiones se tomaban entre la 72 y la 93 en Bogotá, cuando la plata era de los departamentos y los municipios.
¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene la Ley?
Hay cinco puntos principales que definen la reforma que se hizo. Un primer punto era cumplir con la promesa de campaña que hizo el presidente Iván Duque, de devolverle unos recursos que se les habían quitado a las regiones productoras. Digo devolverles, porque en la reforma de 2011 y 2012 se les quitó significativamente los recursos, porque en ese momento, bajo el principio que habían usado de repartir la mermelada en toda la tostada, se pensó que el precio del petróleo iba a continuar a 100 dólares definitivamente y que iban a poder repartir siempre igual los recursos. Por eso ahora, estas regiones pasan de recibir 11 % de regalías directas a 25 %, y en ese 25 % hay un 5 % que se puede adelantar para los municipios o departamentos donde haya exploración minera, para que puedan también ver recursos durante la actividad y no les toque esperar a que haya producción.
El segundo punto está ligado con el primero, porque se había hecho la promesa de que se le iba a incrementar a las regiones productoras, sin disminuir a las no productoras, para no generar un desequilibrio y ahí, en ese punto pasaron dos cosas: Se mantuvo la asignación regional que se va para los departamentos del país en 34 %, pero la asignación local para los municipios más pobres del país se incrementó del 11,7 % al 15 %.
¿Cuáles son los otros puntos en materia de asignación de recursos?
Ahí vienen dos puntos muy importantes de la reforma y uno de los más representativos, porque se creó una asignación específica para temas ambientales, en particular para la protección de áreas estratégicas ambientales, lucha contra la deforestación y otros programas, donde se está destinando un 5 %, algo que no tenía precedentes. El otro punto es que por primera vez hay una asignación para mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles de educación y para mejorar en calidad y permanencia de la educación superior pública, donde se va 5 % de las asignaciones directas, que va de la mano con el incremento a Ciencia, tecnología e innovación, que antes estaba en el 9,4 % y ahora pasa al 10 %.
También se ha hablado mucho de las regalías para la reactivación económica en medio de la pandemia. ¿Cómo quedó esto incluido ahí en la reforma?
Por la situación actual y la coyuntura económica que está dejando el Covid-19, con una situación muy difícil, decidimos tener una artículo para reactivación económica, donde estamos habilitando que los saldos del sistema de vigencia anterior que no están comprometidos, que son cerca de 4,7 billones de pesos, se puedan ejecutar en el año 2021, priorizando electrificación rural, agua y saneamiento básico, vías terciarias y desarrollo agropecuario.
Regresando al tema de la eliminación de los 1.146 Ocad, ¿cómo va a ser entonces ahora el procedimiento que se debe adelantar para presentar los proyectos y buscar su aprobación?
Como solamente quedan ocho Ocad, esos van para el 30 % de los recursos y continuarán con la misma metodología en que estaban antes, en todo lo que tiene que ver con el Ocad Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación; para el grueso de los recursos, casi el 70 %, el ciclo de los proyectos y la responsabilidad recae en los entes territoriales, ellos van a ser los responsables por la planeación, formulación, viabilización, ejecución y estructuración de los proyectos, ahí es donde está la autonomía, donde está la descentralización, pero eso obviamente tiene que ir de la mano de mayor responsabilidad.
¿Cómo van a asegurar que a través de este nuevo mecanismo los recursos sí vayan a las obras?
Para eso se crea un sistema de seguimiento muy robusto a la inversión, donde los planes de desarrollo regionales y departamentales tienen que contemplar las inversiones de regalías, tiene que haber la consistencia entre lo que se planee y entre lo que se invierta con regalías y va haber lo que llamamos un botón rojo, como un sistema de alerta, en caso de que la ejecución y el desempeño sean deficientes, pues se activa y se puede llegar incluso hasta a suspender los giros a esos entes territoriales.
La Contraloría General alertaba en estos días sobre los riesgos de corrupción en la contratación con recursos de regalías. ¿Cómo disminuir este riesgo con esta nueva metodología?
Ese es un punto muy importante, porque la Contraloría participó en todo el proceso de elaboración de este sistema. Entonces, primero los ejercicios de planeación que veníamos hablando; segundo, el seguimiento y el monitoreo; y tercero, más recursos para el ente de control, para asegurar que se cumpla con los principios de inversión de ejecución. Obviamente el Departamento Nacional de Planeación sigue emitiendo las metodologías que se deben usar para estructurar y ejecutar los proyectos y va a ejercer un rol de secretaría técnica, donde no es que tenga que aprobar los proyectos, pero sí garantizar que se cumple con todos los requisitos durante el ciclo de inversión.
La semana pasada se radicó en el Congreso de la República el presupuesto de regalías para 2021-2022, por 17,3 billones de pesos. ¿Cómo está conformado este presupuesto?
Lo más importante es que va a haber más dinero para inversión, porque se tomó una decisión de política pública de priorizar las inversiones sobre el ahorro. En el sistema anterior había un componente de ahorro, que era de cerca del 22,5 %, con los cambios que hicimos bajamos el ahorro a cerca del 4,5 % y adicionalmente también redujimos el costo de operación del sistema como tal, entonces de los 17,3 billones de pesos, 16,2 billones, más o menos, se van a ir para inversión directamente y eso se va dividir en las asignaciones para el 25 % para las regiones productoras, el 34 % para la asignación regional, el 15 % para los municipios más pobres, el 5 % para temas ambientales, el 10 % para Ciencia, Tecnología e Innovación y el 7 % para el Ocad Paz. El restante es para funcionamiento y ahorro.
¿Cuáles fueron los principales aspectos que se tuvieron en cuenta en la concepción y estructuración de este presupuesto de regalías para el próximo año?
Estamos priorizando inversiones en actividades que son entendidas en mano de obra y que generan actividad económica directa e indirecta, por eso hay tanto énfasis en tres sectores: electrificación rural con conectividad, vías terciarias, que es de los principales generadores de empleo del país; y agua y saneamiento básico, porque necesitamos ver que esas comunidades vean unos recursos más significativos en su región, para que sean los aliados como eran antes.
¿Cómo va a ser la asignación para la inversión de estos recursos en cada una de las regiones, según el documento que ustedes le presentaron al Congreso de la República?
Para dar ejemplos concretos de los diferentes departamentos y municipios, que de alguna forma son como los grandes ganadores dentro de la reforma, puede uno mencionar por ejemplo a Meta, Casanare y Antioquia, que son los grandes productores. El departamento del Meta es el principal productor de crudo del país, en ese departamento va a haber un incremento en sus asignaciones directas de este año, comparado con el año anterior, de cerca del 70 %, va a pasar de recibir 650.000 millones de pesos a más de un billón de pesos.
Lo mismo va pasar con Casanare, que es el principal productor de gas del país, estaba recibiendo 296.000 millones de pesos, ahora va a pasar a recibir 676.000 millones, más del 128 %. El caso de Antioquia también es importante, porque porcentualmente es el que más crece con el 220 %, al pasar de 40.000 millones a 130.000 millones, y así vemos que ese tipo de crecimientos están por encima del 50 % en casi todos los departamentos productores como Cesar, Santander, La Guajira, Huila, Cauca, Córdoba, Sucre y también donde hay puertos.
En el presupuesto también se tuvieron en cuenta las comunidades étnicas del país. ¿Cómo va a ser la distribución para ellas?
Por primera vez hay una asignación específica para comunidades étnicas, tanto para las comunidades afrodescendientes como para las comunidades indígenas, donde se quedaron con un presupuesto del 1,5 % del total que tiene de manera exclusiva y además dentro de los Ocad regionales, en los proyectos que requieran consulta previa, se van a beneficiar directamente porque van a tener voz y voto en las decisiones que se tomen.
En medio de la pandemia el sector de minería e hidrocarburos se vio afectado. ¿Qué análisis hacen ustedes desde el gobierno?
Hubo una afectación en la producción, tanto minera como petrolera. El consumo de combustibles cayó significativamente, la gasolina cerca de 60 %, el diésel también 40 %, el combustible de aviación en 90,95 % y el tema de precios también se afectó, porque hubo en desplome en marzo y luego vimos unos precios de contratos futuros negativos, que era algo que nunca había pasado en el mercado. Veníamos de una producción de 880.000 barriles por día y en algunas semanas alcanzamos a caer a 740.000 bpd. Ya venimos otra vez recuperando terreno, en lo que va corrido del año estamos en cerca de 794.000 barriles el promedio, pero la meta que teníamos de 900.000 no se va cumplir. En el tema minero también hubo una afectación, en particular al tema del carbón, porque se suspendieron actividades a raíz del Covid-19 y eso afectó la producción.
Con este balance que usted hace del comportamiento de estos sectores, ¿qué tanto se van a afectar la regalías?
Del presupuesto que se tenía para el año 2020, nosotros habíamos pronosticado una caída del 10 % al 15 %, pero obviamente va a depender no solamente de los volúmenes de producción sino también de cómo se acaben de comportar estos sectores al fin de año. Acá lo importante es que la afectación que hay sea para este año y termine bien lo que estamos ejecutando, ya que hay unos saldos sin ejecutar.
Sobre el fracking
¿Cómo avanza el tema de los proyectos pilotos de fracking en Colombia?
Ya tenemos el marco regulatorio en firme, salió la regulación técnica del Ministerio, la resolución que reglamenta el relacionamiento social de parte del Ministerio del Interior, los términos de referencia ambientales y el acuerdo contractual por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora estamos terminando de sacar la minuta del modelo de contrato, un contrato especial para proyectos de investigación, eso ya ha estado en comentarios y la idea es que una vez eso quede listo, pasen directamente a las empresas a hacer las solicitudes entre noviembre y diciembre.
¿Cuándo se estarían viendo los primeros pilotos de fracking en Colombia y en qué zonas?
Si logramos hacer la ubicación de los contratos entre noviembre y diciembre, arrancarían inmediatamente los proyectos piloto con la etapa de licenciamiento ambiental, que sería lo primero. Eso más o menos se estaría dando a principios de 2021. Los lugares van a depender de las solicitudes que hagan las empresas, pero sería la cuenca del valle medio del Magdalena, esa es una de las zonas que aparentemente tienen mayor prospectiva para yacimientos no convencionales, así como la cuenca del Ranchería.
¿Cuántas empresas han mostrado interés en estos proyectos?
Hay varias empresas que han participado en los comentarios de la diferentes resoluciones y términos de referencia y ahí han manifestado su interés como Ecopetrol, Exxonmobil, ConocoPhillips, Drummond, esas son las empresa más activas en manifestar su interés.
El presidente de la ACP, Francisco Lloreda, envió un mensaje esta semana para que se despolitice el tema. ¿Desde el Gobierno consideran que el debate sigue politizado?
El tema de los yacimientos no convencionales ha estado en un debate mucho más técnico desde hace varios meses, justo desde cuando convocamos la misión de expertos. Si se revisa la discusión, el debate dejó de ser un debate tan pasional y político y se volvió un debate mucho más informado. La discusión ahora es una discusión de altura, donde están primando los argumentos técnicos y científicos y creo que que hay un acuerdo y un consenso y con las recomendaciones de los expertos ha quedado claro que el país necesita hacer unos proyectos piloto para asegurarnos que la técnica funciona en Colombia y asegurarnos que cumpla con todos los estándares técnicos y ambientales.
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