Parece que en materia económica, para 2020, hay dos Colombia: la que pudo ser, y la que será. Los cálculos a inicio de año ponían al país como la ‘promesa’ de la región, pues crecería por encima de sus vecinos en un nivel que el Banco de la República calculaba en 3,7 %.
Hoy, la situación es diferente, y según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el país se contraería entre 1,5 % y 2 %, influenciado por el efecto del trimestre abril-junio que sería “el peor de la historia económica de Colombia”. Todo esto tiene un culpable, cuyo nombre retumba hoy en todo el mundo: Covid-19, el artífice de que el Gobierno moviera sus fichas y cambiara sus planes, para hacerle frente.
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Por esa razón, el presidente Iván Duque expidió una ‘avalancha’ de medidas para enfrentar la pandemia desde varios frentes: turismo, pensiones, subsidios, arriendos y hasta flexibilidad para que las empresas que están al borde del abismo puedan acogerse a procesos de insolvencia, son las medidas, con fuerza de ley, que quedaron consignadas a través de más de 30 decretos.
En las disposiciones, uno de los temas que más llama la atención es el pensional, en tanto se determinó que Colpensiones pague la mesada de los jubilados de retiro programado, de hasta un salario mínimo, que hacen parte de fondos privados (ver Informe).
“Es muy interesante la cascada de decretos, particularmente en el tema de pensiones. El año pasado se abrió la ventana para trasladar a personas próximas a jubilarse del sistema privado al público, algo con lo que no estuvieron muy de acuerdo en su momento las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) porque las descapitaliza”, apunta Luis Fernando Ramírez, investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda.
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Para el académico, esta no es una movida tan fuerte si se tiene en cuenta que se trataría de “unas 20.000 personas que pasarían al sistema público y que descapitalizaría solo en unos 5 billones de pesos a las AFP, que tienen ahorros por encima de los 200 billones”.
Alivio empresarial
Cabe recordar que buena parte de las determinaciones buscan darle oxígeno a las empresas colombianas, principalmente las micro, pequeñas y medianas que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) representan el 80 % del empleo del país.
En ese sentido, el mismo decreto sobre traslados de régimen pensional estableció el congelamiento de aportes del empleador a pensiones (que es del 12 %) en abril y mayo, esto con el objetivo de asegurar parte de la liquidez que requieren algunas compañías con operación en Colombia.
Persiguiendo este mismo objetivo también se dispuso que el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), respaldará los créditos que las mipymes adquieran con el sistema financiero para el pago de sus nóminas y capital de trabajo.
Específicamente, el FNG dará una garantía que apoya en un 90 % los préstamos solicitados, medida que según Juan Carlos Durán, presidente de la entidad, ayudará a los empresarios a acceder a créditos y así “poder sostener sus empresas y sus familias y, principalmente, mantener el empleo de los trabajadores nacionales”.
EL COLOMBIANO le cuenta de qué se trata cada una de estas medidas para atender la emergencia, difundidas por el Gobierno (ver Módulos).
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