Mientras muchas personas naturales por estos días echan cuentas sobre cómo pagar el impuesto de renta, un estudio de la Red de Justicia Tributaria (RJT) publicado ayer concluye que hay vigentes en Colombia 89 tipos diferentes de beneficios tributarios que al sumarlos tendrían un costo anual cercano a los 9,2 billones de pesos.
La investigación concluye que, por esa vía, los sectores comercio y servicios recibirían unos 3 billones de pesos anuales, seguidos del financiero (2,77 billones de pesos) y el sector minero (476.000 millones). En contraste, la industra y la agricultura suman solo 310.000 millones de pesos en beneficios anuales.
“La conveniencia y eficiencia de estos beneficios deben ser estudiados a fondo y si es necesario eliminar los de sectores que no le están aportando al desarrollo del país, como el minero-energético y el financiero”, concluyen Mario Alejandro Valencia y Sneyder Rivera en el documento.
También llaman la atención sobre lo que consideran una clara desigualdad fiscal: muchas rentas se mantienen exentas, mientras aumentan las del trabajo. El estudio concluye que, en 2014, los ingresos no constitutivos de renta de los rentistas de capital fueron 8,7 veces más grandes que los de los asalariados.
De ahí que el colectivo señale la urgencia de revisar este tipo de beneficios por parte de la comisión de expertos que entregará a final de año sugerencias para una eventual reforma tributaria estructural. El Gobierno ha insistido en distintos escenarios que la llevará al Congreso, aunque no ha dicho cuándo.
El informe de la Red de Justicia Tributaria también plantea otras medidas para modificar el régimen de impuestos.
Por una parte, eliminar el Impuesto a la Riqueza (sucesor del tributo al patrimonio), “un castigo al ahorro y a la inversión en actividades productivas”, afirma el estudio; también propone acabar la deducción de impuestos por pago de regalías a que tienen beneficio las empresas extractivas, “gracias a una decisión técnica de la Dian que debe revertirse.
De otro lado, se sugiere revivir el impuesto a las remesas que fue desmontado en 2006, cuando tenía una tarifa de 7 por ciento. Y se plantea cobrar un impuesto a los dividendos de las personas naturales, como ya ocurren en países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), club de países ricos al que busca adherir Colombia.
“En Colombia se ha propuesto con una tarifa de entre el 10 y 15 por ciento para dividendos mayores a 42 millones de pesos, protegiendo así a pequeños accionistas (...) los países miembros de la Ocde pagan una tarifa promedio de 24 por ciento”, acota el estudio.
Por último, a diferencia de lo que han propuesto desde centros de investigaciones económicas como Fedesarrollo y Anif, la Red de Justicia Tributaria considera un error la propuesta de aumentar la tarifa del IVA (impuesto a las ventas). “No es justo que los platos rotos de la crisis la paguen los trabajadores y las clases medias”, concluye el estudio.
Para conocer el estudio completo de la Red de Justicia Tributaria haga clic aquí.
