Con la extención del programa Ingreso Solidario hasta diciembre, en el que tres millones de familias reciben un subsidio mensual de 160.000 pesos y que a término de junio se prevé haber entregado 1,44 billones de pesos, el Gobierno concretó otra medida más para la población vulnerable (ver Paréntesis).
¿Y cómo van las otras ayudas? A corte del 23 de junio, para el caso de Familias en Acción había programados desembolsos por 734.434 millones de pesos para 2,64 millones de hogares, los cuales tuvieron un avance del 92,4 %, y del monto estimado han llegado 684.484 millones a 2,44 millones de familias.
Por su parte, Jóvenes en Acción observa un avance de 91,6 % luego de que se hayan entregado 185.331 millones a 271.320 familias, de una suma equivalente 199.986 millones programados.
Ante estas cifras, Susana Correa, directora de Prosperidad Social, destacó que igualmente “durante junio se reactivaron los programas de infraestructura social y de Inclusión productiva”.
Entre tanto, la compensación del IVA, otro programa adelantado por el Ejecutivo, suma desembolsos por 55.570 millones para 661.918 hogares en el país que han accedido sobre una base de 698.894 previstos como beneficiarios. En este caso, el porcentaje adelantado asciende a 94,7 (ver Gráfico).
Para el caso del mecanismo de protección al cesante, en el que se entregan 1.755.606 pesos en un lapso de tres meses, y vale aclarar que no viene con recursos del presupuesto público sino con plata de los trabajadores, las cifras de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) dicen que al 12 de junio recibieron 741.518 solicitudes, y 101.485 personas han sido beneficiarias, con asignaciones del orden de los 342.000 millones de pesos.
Debate
Teniendo en cuenta que el límite de personas para acceder al último beneficio en cuestión es de 150.000 colombianos o hasta que se agoten los recursos, Adriana Guillén, presidente de Asocajas, dijo que “sin duda, es necesario un plan integral que ayude a la clase trabajadora del país a enfrentar la crisis, y ello implica encontrar estrategias para proteger de los riesgos de la pobreza a millones de colombianos”.
Y es que, justamente este contexto ha hecho que crezca el debate sobre una renta básica universal para la población vulnerable, más allá de las ayudas parciales por la pandemia.
“Sería un recurso para unos nueve millones de ciudadanos que hacen parte del segmento más desprotegido del país, con un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, esto es diferente a las ayudas actuales”, dice Jaime Montoya, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en Antioquia.
Agrega que los mecanismos de financiación pueden ser las reservas internacionales del Estado o una reforma tributaria progresiva “con más impuestos para quienes más rentas tienen”.
A este tema no ha sido ajeno, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien manifestó el pasado 8 de junio ante la Cámara de Representantes que se trata de algo “importantísimo” para el país pero que depende de cambios estructurales fuertes en la política nacional, una capacidad enorme de procesar datos y tal vez hacer que todos declararan renta.
Para Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, dos características de un ingreso básico es que sean incondicionales para la población y lleguen a individuos, más que a núcleos familiares como en el caso de los programas del Gobierno.
Maribel Castillo Caicedo, directora del programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, resume el tema diciendo que el gran reto, más allá de la época covid, es que la renta básica se convierta en una política de Estado.
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