Durante el Consejo de Ministros de este lunes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro y su gabinete abordaron las tarifas de energía.
En el espacio, tanto el mandatario como su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzaron duros ataques contra el sistema energético, EPM y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
También dejaron varios mensajes contradictorios sobre proyectos renovables e hidroeléctricas.
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Empezaron diciendo que “la energía es un derecho”, lo cual sugiere que ellos consideran que el Estado debe garantizarla. Sin embargo, no quedó claro quién debe pagarla.
“Lo primero, es que el próximo 20 de julio se cumplen 30 años de este modelo (energético), que ha operado (...) en el marco de un modelo neoliberal (...) y tiene que cambiar y tiene que revisarse porque ha estado de espalda a los usuarios”, dijo Palma.
Tanto el presidente como su ministro evitaron hablar de que, a pesar de desafíos como las sequías, los accidentes en centrales y en general el cambio climático, el país ha mantenido un sistema eléctrico confiable, al punto de que prácticamente no ha tenido un solo gran apagón en estos 30 años, a diferencia de países vecinos (ver gráfica). Además, la energía en Colombia, comparada con el promedio de la región, no tiene los precios más altos.
El ministro Palma también la emprendió contra Afinia. “El sistema no ve al usuario como un cliente”. Criticó que “apagar no es un derecho y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia”. Recordó que es propiedad de EPM y aseveró que “el dueño de EPM prácticamente es Fico (el alcalde de Medellín)” a quien acusó de líder de la oposición y de “apagar barrios completos”.
La arremetida parecía tener más un tinte político contra el alcalde de Medellín que ha lanzado también fuertes expresiones contra el presidente Petro.
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Dicho esto, lo que no explicó el ministro es que Afinia anunció lo que llamó “períodos de continuidad concertada”, que en palabras sencillas es hacer cortes de energía en barrios donde hay mucho fraude y poco pago de energía.El alcalde Gutiérrez le contestó ayer mismo diciendo: “Les duele y no les gusta lo que funciona en el país. Pues aquí EPM sí funciona y EPM trae un gran beneficio”.
Entre la cantidad de afirmaciones cruzadas, el presidente preguntó: “¿Por qué, si producir energía con agua es lo más barato, no se vende a ese costo más una ganancia razonable, como dicta el capitalismo?... Las hidroeléctricas, entonces, se ganan en este caso $4,2 billones, que es 2,6 veces más de lo que deberían ganarse si vendieran la energía al costo del agua”.
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Además, acusó a las generadoras de operar como un “oligopolio” que “está robando el dinero” de los colombianos.
Uno de sus críticos, ante tal simplificación del problema por parte del Presidente, comentó con ironía: “¿Será que vamos entonces a recoger agua para prender la televisión?”, para puntualizar que el proceso de convertir agua en energía es costoso y las empresas han hecho inversiones multimillonarias.
Frente a esto, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, aseguró que el sector eléctrico ha cumplido con creces su papel. “Este sector ha hablado por sí solo, le hemos respondido al país. No hemos tenido apagones en los últimos 30 años, hemos hecho inversiones por más de $140 billones y, a diferencia de otros países, no nos hemos apagado porque tenemos un gran diseño de mercado”.
30 años sin vivir un apagón en Colombia
Tanto el presidente como su ministro evitaron hablar de que, a pesar de desafíos como las sequías, los accidentes en centrales y en general el cambio climático, el país ha mantenido un sistema eléctrico confiable, esto al tiempo que no tiene los precios más altos, son valores apenas sobre el promedio de la región.
Además, el concepto de “seguridad energética” se ha reforzado con un marco regulatorio robusto que promueve la inversión en infraestructura gracias a las seis subastas de energía firme bajo el cargo por confiabilidad, y consiste en una remuneración que se les paga a los generadores por garantizar la disponibilidad de energía.
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La falta de pago de los subsidios
Volviendo al Consejo de Ministros, sobre la opción tarifaria, el ministro mencionó que fue un “invento” adoptado por el entonces gobierno de Iván Duque, que “además le dejó la deuda a los usuarios”. También insistió en que esa deuda no se pudo honrar porque se cayó la tributaria el año pasado.
Otra vez se le olvidó decir al ministro que la “opción tarifaria” se creó como una manera de aliviar los gastos de las familias durante la pandemia. En ese entonces, miembros del hoy Pacto Histórico eran los más insistentes en pedir ese tipo de ayudas del Estado.
En este punto, Palma ya había propuesto en días pasados que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como los industriales, sean quienes asuman los saldos pendientes por la opción tarifaria, cuya deuda llega a $3,1 billones.
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La idea es que asuma gradualmente entre 8 y 10 años, para evitar un impacto en los consumidores de estratos bajos.
“Es una propuesta que queda sobre la mesa y que consideramos viable para aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras de energía. Si bien la iniciativa inicial del Gobierno Nacional era incorporar esta deuda en la Ley de Financiamiento, la falta de apoyo político ha obligado a buscar opciones alternativas”, expresó el ministro en declaraciones pasadas.
Frente a esto, desde la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios recordaron que en mayo del año pasado el presidente Petro se comprometió en Barranquilla a pagar con recursos de la Nación estos saldos.
“Es una agresión a las ya escasas capacidades de solidaridad de estos usuarios contribuyentes del sobrecosto en todos los servicios públicos, con el que se subsidian los consumos de los estratos pobres. El pago de la deuda del Gobierno con las empresas comercializadoras, a pesar de ser una obligación constitucional, nuevamente se aplaza, no hay plan de pagos y se mantiene la inquietud de los prestadores”.
Las trabas a las renovables
Al presidente también se le escuchó decir: “Cómo es posible que el Caribe con tanto sol no tenga energía eléctrica, cómo es que el Pacífico junto al mar y con una cordillera tan alta como la occidental, cerca del mar, no tenga energía eléctrica y no hay embalses”.
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No obstante, su comentario se olvida de las trabas que las empresas han enfrentado. Prueba de ello es que Colombia cerró 2024 con 33 nuevas plantas solares en operación, la mitad de lo proyectado.
Además, según Ser Colombia, el 47% de las empresas no logró concretar sus inversiones en 2024, y atribuyen este resultado a tres causas principales.
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La primera de ellas son los retrasos en la obtención de permisos ambientales y técnicos necesarios para la declaración del Ready to Build (estado que da paso a la construcción) de los proyectos, incluyendo licencias ambientales, consultas previas, conexiones y trámites con operadores de red.
La segunda son las demoras para la adjudicación de puntos de conexión; y la tercera es la incertidumbre en la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para la inversión en el país.
Otras causas mencionadas incluyen la dificultad de acuerdos operacionales por la superposición de proyectos con contratos de hidrocarburos; la falta de infraestructura eléctrica para las conexiones, y las barreras que enfrentan los actores para aprovechar los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 (que regula las energías renovables no convencionales en el sistema).
“Las turbinas de Hidroituango no están generando”
Petro la emprendió contra Hidroituango. Dijo que ante el riesgo que se presentó por la contingencia y que retrasó la operación no se ha hecho nada ni en la puesta en marcha de las turbinas ni en un plan de contingencia para proteger a las comunidades aguas abajo.
“Medio las turbinas siguen ahí desenfocadas del cronograma que se tenía, no entran en funcionamiento”, sostuvo.
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Al respecto, hay que aclarar que en efecto sí se han puesto en operación cuatro turbinas del proyecto hidroeléctrico y que estas ya comenzaron la generación de energía.
Gutiérrez recordó este martes que si Hidroituango no estuviera generando, ya se habría presentado un racionamiento en el país y reiteró que en 2027 se entregarán las otras cuatro turbinas, cuya generación significará el 17% de la energía del país.
Es que las primeras cuatro unidades generan energía se terminaron de construir y empezaron a operar en noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
De hecho, el cronograma que se tiene previsto para que entren en operación esas turbinas restantes se conoce desde 2023. En este se estipula que las unidades de generación 5 a 8 están previstas para entrar en operación entre el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027.
La contingencia sí produjo una demora. Pero una demora mayor produjo la decisión de EPM, en tiempos de Daniel Quintero, de cambiar los contratistas. El trámite se demoró cerca de dos años y las polémicas sobre los chinos que llegaron a terminar de construir la obra no fueron pocas. Curiosamente, el gobierno de Gustavo Petro puso como gerente de ISA a Jorge Carrillo, quien como cabeza de EPM, generó esta segunda demora.
Asimismo, el presidente sostuvo que no se han tomado medidas relacionadas con planes de contingencia para proteger a las comunidades ubicadas aguas abajo y que el riesgo sigue siendo muy alto.
Esto se contradice con la reciente decisión de la Anla de levantar la suspensión impuesta hace casi siete años al megaproyecto, lo que en el papel confirma que hace rato es una realidad que la central dejó atrás sus peores días y se encamina a culminar la construcción de sus cuatro unidades restantes.
En la resolución 457 del pasado 13 de marzo, la Anla levantó la medida preventiva vigente desde 2018, aunque advirtió que la obra está obligada a dar estricto cumplimiento en todo momento a la normativa ambiental y a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental.
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Además, dijo que las actividades que fueron ejecutadas en el marco de la contingencia iniciada en abril de 2018 serán objeto de revisión y valoración.
¿Se puede o no se puede traer gas o energía eléctrica de Panamá?
En pleno Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro puso el ojo sobre Panamá y soltó una idea tan ambigua que contó dos interpretaciones por parte de analistas y medios de comunicación: traer gas o energía eléctrica desde Panamá.
El presidente se molestó porque Ecopetrol no está importando gas. Esta resulta contradictoria, teniendo en cuenta que hace tan solo unos meses su exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, negó en varias ocasiones el déficit de gas que ha venido advirtiendo el Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia y varios gremios energéticos.
De hecho, descartó la necesidad de materializar compras exteriores de gas.
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“Nos lo venden a 19 y es a 12 (el gas). Y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar ese gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando”, anotó Petro sobre su idea.
Lo primero, para tener claridad, es que según los analistas consultados, Panamá no produce gas en grandes cantidades y depende en gran medida de las importaciones para satisfacer su demanda interna.
De hecho, los expertos descartaron de forma tajante la idea del mandatario. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, sostuvo que el gas no se puede transportar por redes de energía.
Pero los obstáculos no culminan ahí. Petro cree que habría un beneficio porque Panamá compra dicho energético mucho más económico.
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Pero Alejandro Lucio, director ejecutivo de Óptima Consultores, precisó que ese país tiene un precio de 6 dólares porque obedece a contrataciones a largo plazo.
Ante lo inusual que sonó la propuesta, algunos analistas defendieron que el presidente realmente se refería a traer el gas importado, pero ya incluido en la generación de energía eléctrica, es decir, comprarle la energía a Panamá.
En ese caso, la propuesta tampoco es viable en el corto plazo. Juan David Pachón, consultor de energía y gas, indicó: “El presidente no se refería a traer gas propiamente, sino que de forma confusa se refería a generar energía con gas con Panamá y traer ese energía por medio de redes eléctricas, pero eso no es posible”.
La propuesta no sería posible en el corto plazo porque no hay infraestructura de interconexión eléctrica entre los dos países.
“Fico apagó barrios enteros”: en referencia a Afinia
El ministro Palma comenzó su intervención con una de las frases más polémicas, al decir que “apagar no es un derecho y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia”, para posteriormente sostener que Afinia es una filial de EPM y que el dueño de EPM “prácticamente es Fico (el alcalde Gutiérrez)”.
Si bien, el alcalde de Medellín, sea quien sea, forma parte de la junta directiva de esta empresa 100% pública, no es el que puede tomar decisiones arbitrarias.
Entre sus funciones está la de nombrar al gerente general así como a los demás miembros de dicha junta, de los cuales cinco son de su libre nominación y los otros tres escogidos entre los vocales de control inscritos en los Comités de Control Social de Servicios Públicos.
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Según las normas de gobierno corporativo de EPM, “cualquier decisión que modifique las condiciones estatutarias de la empresa, la política de dividendos o los acuerdos que rigen el funcionamiento de la entidad, debe ser discutida y aprobada en el Concejo de Medellín”.
De hecho, una de las mayores crisis que vivió EPM fue durante la pasada administración del exalcalde Daniel Quintero, aliado político de Petro.
En ese periodo, se elevaron constantes denuncias por el riesgo del gobierno corporativo que corrió la compañía por el nombramiento en altos cargos, con salarios exagerados, de perfiles que no tenían trayectoria técnica, pero que eran del corte político de Quintero.
Otra de las declaraciones que hizo el ministro Palma fue que EPM es una empresa pública del pueblo antioqueño, pero que está siendo utilizada por el alcalde Gutiérrez para atacar al Gobierno.
Entre los datos entregados por el mandatario distrital recordó que esta empresa es, en efecto, para los ciudadanos de Medellín, no solo como prestadora de servicios públicos, sino también por las transferencias que aporta cada año y que permiten financiar proyectos.
“Es (EPM) la empresa de todos los antioqueños, de todos los medellinenses y de todos los colombianos, no es de Fico como dicen ellos (desde el gobierno Petro)”, dijo Gutiérrez y recordó que en la construcción del plan de desarrollo se tomó la decisión de incluir proyectos que tuviera en cuenta la contribución que hace EPM por las transferencias.
“No podemos quedarnos esperando los recursos del gobierno nacional que no van a llegar”. Al respecto, Gutiérrez sostuvo que el año pasado se lograron transferencias históricas de EPM para la ciudad, que ascienden a los $2,6 billones.
Gobierno no dice nada sobre pago de deudas por subsidios
Palma evitó hablar de cómo será el pago de los $7,5 billones que el Gobierno adeuda a empresas del sector por subsidios.
“Vemos cómo cada día se apropian más recursos del presupuesto, porque se han bajado las contribuciones de estratos 4, 5 y 6, algunos industriales y comerciales”.
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Habló de problemas como “estratificación”, el “robo de energía” o las deudas de “alcaldías y gobernaciones”, sin ahondar en la responsabilidad que le cae al Gobierno.
En ese contexto, el ministro dijo que el alcalde Gutiérrez apagó barrios enteros, haciendo referencia a la situación de la filial Afinia en el Caribe.
Es un tema complejo, porque en esta región son altas las deudas con la empresa y no se corresponden con las inversiones para operar. De hecho, en febrero pasado se conoció que en la Costa Caribe ni siquiera las alcaldías y las entidades públicas le pagaban el recibo de la luz a EPM.
Con corte a diciembre del año pasado, el hueco con el que Afinia cerró por cuentas pendientes del sector público fue de $341.098 millones.
Dicha deuda se ha convertido en un tema tan crítico que hasta la Procuraduría tuvo que expedir una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y gerentes de entidades descentralizadas, para recordarles que pagar el servicio de energía es una obligación.
Sobre Afinia, vale recordar que EPM invirtió $2,7 billones en cuatro años de operación de esa filial en el Caribe.
“Si comparamos esas inversiones con las que hicieron otras empresas en los últimos diez años, casi que las triplicamos, esas empresas invirtieron unos $900.000 millones”, destacó John Maya, gerente de EPM, quien agregó que mientras la empresa invierte $100 en compra de energía, solo recupera $78.
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