Cabe recodar que este proyecto de decreto fue impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca endurecer las condiciones bajo las que operan las viviendas turísticas y plataformas de alojamiento turístico como Airbnb obligarlas a cumplir requisitos adicionales para mantenerse dentro del Registro Nacional de Turismo (RNT).
Además, pretende ordenar y regular toda la cadena turística: hoteles, hostales, glampings, viviendas turísticas, agencias de viajes, guías, empresas de transporte, arrendadores de vehículos, operadores de parques y plataformas digitales.
A partir del pasado 18 de diciembre de 2025, estas plataformas debían contar con un RNT vigente para seguir operando.
Proyecto de decreto del RNT: preocupación por cambios de fondo
Los gremios sostienen que la vivienda turística y los servicios turísticos digitales, como Airbnb o Booking, ya cuentan con un marco normativo vigente, respaldado por la Ley 2068 de 2020 y sus decretos reglamentarios.
A su juicio, el proyecto en consulta no se limita a aclarar o desarrollar esas reglas, sino que redefine obligaciones, cambia la naturaleza de los prestadores y modifica los mecanismos de control, sin una justificación técnica, jurídica o económica clara.
Según la carta, “esta forma de intervención normativa vulnera principios como la seguridad jurídica, la coherencia regulatoria, la confianza legítima y los límites de la potestad reglamentaria del Estado”.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la ausencia de un problema de política pública claramente identificado.
Los gremios advierten que el proyecto no presenta diagnósticos, estadísticas ni evidencia empírica que demuestren que el régimen actual del RNT sea ineficiente o insuficiente.
Además, subrayan que “no existe un Análisis de Impacto Normativo (AIN) que permita evaluar la proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia de los cambios propuestos”, lo que consideran un defecto técnico sustancial en una regulación de alto impacto.
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Las cifras muestran el alcance de la medida, solo en Medellín hay 8.384 viviendas turísticas inscritas, de las cuales el 69% son apartamentos, el 9% casas, el 3% fincas y el restante 19% corresponde a otras modalidades.
Nuevas cargas tecnológicas y riesgos para el sector
Aunque el Ministerio adelantó mesas técnicas durante enero, los gremios aclaran que su participación no puede interpretarse como aval al proyecto.
Por el contrario, señalan que han expresado reparos de fondo que no se reflejan en el texto sometido a consulta pública.
A esto se suma la preocupación por “la ausencia de una incorporación efectiva de las visiones técnicas y operativas del sector”, lo que, según las organizaciones, debilita la legitimidad y solidez del proceso regulatorio.
El proyecto también introduce nuevas obligaciones, como esquemas de preverificación e interoperabilidad tecnológica, sin definir estándares técnicos claros ni evaluar la capacidad institucional del Estado para implementarlos.
Los gremios advierten que estas exigencias trasladan riesgos legales y operativos a prestadores y plataformas digitales.
Durante las mesas de enero, Confecámaras alertó que los requisitos implicarían crear un nuevo sistema tecnológico para el RNT, con costos y esfuerzos adicionales, sin que esté claro quién asumiría su provisión.
Para los gemios firmantes, “esto supone trasladar funciones de supervisión pública a actores privados, sin sustento técnico previo”.
Piden retiro del decreto y revisión integral del enfoque
Ante este panorama, los gremios solicitaron de manera expresa retirar el proyecto en su forma actual y abrir una revisión integral del régimen del RNT, basada en evidencia verificable y en un proceso verdaderamente inclusivo.
Insisten en que “cualquier modificación debe cumplir lo establecido en el Conpes 3816 de 2014, el Decreto 1609 de 2015 y el Manual para la Elaboración de Textos Normativos”, además de contar con el concepto previo de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los gremios cuestionaron que en las mesas no participaron ni la ministra de Comercio ni el viceministro de Turismo, una ausencia que, aseguran, “restó nivel al diálogo y limitó la posibilidad de tomar decisiones coherentes con la relevancia del tema”.
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