La viceministra técnica de Hacienda, Martha Villaveces, confirmó que el Ministerio de Hacienda ya dio luz verde a la reforma de salud. Según sus cálculos, el costo total del sistema para 2025 sería de $99,6 billones.
A su vez, el impacto fiscal es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, garantizando la sostenibilidad tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de las finanzas públicas, con ingresos provenientes de cotizaciones, el Sistema General de Participaciones, y otras fuentes como las cajas de compensación y el Soat.
“Así mismo, se advierte que en cuanto ya no se diferencia claramente entre Regímenes (contributivo y subsidiado), se podrían modificar las transferencias que realiza la Adres a la Superintendencia Nacional de Salud en virtud del literal e) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3 adicionado por el Decreto 2265 de 2017”, dice el comunicado firmado por Villaveces.
Las críticas del nuevo borrador de la reforma a la salud no se han hecho esperar.
La senadora Norma Hurtado Sánchez señaló que para las cuentas de “tienda de barrio” del Ministerio de Salud, es crítico que el Ministerio de Hacienda condicione el aval fiscal de la reforma a estar al día con las deudas acumuladas hasta el cierre de 2024.
La senadora preguntó al ministro Germán Jaramillo cómo se espera cubrir esas deudas, dado que el sistema cerrará 2024 con un déficit estimado de $5,3 billones en aseguramiento y $819 mil millones en deudas de los presupuestos máximos de 2022, entre otros.
El Ministerio de Hacienda proyectó gastos de $99,6 billones para 2025 y $156,6 billones para 2034.
“Este proyecto no soluciona el problema financiero. No se habla de presupuestos máximos ni de los problemas que ocasionaron los inconvenientes. No hay claridad en cómo se va a usar el dinero. El gasto en salud a futuro es difícil de contener; esta será la principal discusión”, afirmó Paul Rodríguez, director de la escuela doctoral en economía de la Universidad del Rosario.
El Gobierno apuntó que en 2024 intervino a tres EPS tras encontrar fallas como: incrementos injustificados en gastos operativos, flexibilidad en contratación, debilidad en registro de atenciones, entre otros puntos.
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En consecuencia, el proyecto propone que las EPS se conviertan en Gestoras de Salud y Vida, y solo las que cumplan con el saneamiento de pasivos en un plazo máximo de 48 meses podrán integrarse al nuevo sistema.
“El proyecto de reforma mantiene la estructura que se había planteado sobre las Gestoras de Salud, como entidades que van a realizar una colaboración en la organización de los centros de atención primaria. Se van a organizar en subregiones funcionales para la gestión. Lo positivo es que ahora se brinda claridad sobre quién va a realizar la gestión del riesgo”, afirmó Jesús González, presidente del Colegio de abogados en Derecho Médico.
Para González, lo preocupante es que, hasta el momento, el documento no presentó el escenario de la contratación de los prestadores de servicios. “Se estipuló la articulación en la contratación, entonces habrá que mirar con más detalle cuál es la propuesta del Gobierno en contratación”, concluyó el abogado.
