El Senado aprobó el proyecto de ley que busca corregir la inexequibilidad señalada en 2019 por la Corte Constitucional referente a la sobretasa a la gasolina en Colombia.
Según el alto tribunal, el Congreso había pasado por alto el principio de legalidad tributaria al delegar al Ministerio de Minas y Energía el marco técnico.
El plazo máximo para este ajuste era de dos legislaturas y sin él, no podría efectuarse este recaudo que según Luz María Zapata, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) “es de especial relevancia para impedir que se dejen de recaudar más de $2 billones al año por parte de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.
La iniciativa finalmente contó con 58 votos positivos y 14 negativos durante la única sesión extraordinaria convocada por el Gobierno, luego de culminar el periodo legislativo regular el pasado 20 de junio.
Entre los congresistas antioqueños, hubo voto a favor por parte de los senadores Iván Marulanda (Partido Verde) y Germán Hoyos (Partido de la U).
En la Cámara, hubo voto a favor por parte de Oscar Darío Pérez (Centro Democrático), John Jairo Roldán (Partido Liberal) y Nidia Osorio (Partido Conservador).
Qué se contempla allí
El proyecto de ley estima un recaudo anual por el orden de 2,1 billones de pesos y propone que aspectos técnicos como la base gravable continúe tal como hasta ahora.
De acuerdo con Isidro Hernández, docente de la facultad de economía de la Universidad Externado, “todo impuesto tiene elementos impositivos para su liquidación. Dentro de ellos, hay dos especialmente importantes: la tarifa y la base gravable”.
“La tarifa –prosiguió– es el porcentaje de cobro que, por ejemplo, para efectos del IVA es del 19 %. Y la base gravable es sobre lo que se carga el impuesto, en este caso es la gasolina (corriente y extra) y el ACPM. Hasta el día de hoy, esa base gravable es el valor de referencia de venta al público. Este valor es el que certifica de manera mensual el Ministerio de Minas y Energía”.
De igual manera, el académico recordó que los precios del combustible varían “a lo largo y ancho del país y, dependiendo de donde se ubiquen los municipios, tienen un valor diferente”.
Así las cosas, según el proyecto de ley, la sobretasa tendría una tarifa de $940 en el caso de la gasolina corriente (y de $1.314 en la extra) en municipios y distritos. Mientras que en el segmento departamental sería de $330 y $462, respectivamente.
Entretanto, en el distrito capital, la sobretasa aplicada a la corriente y la extra sería, en su orden, de $1.270 y $1.775. Estas regalías, tal como se plantea allí, serían distribuidas en un 50 % para los departamentos, incluido Bogotá, y otro 50 % para el mantenimiento de la red vial nacional.
Conforme al articulado de la iniciativa, las tarifas se definieron no solo a partir del valor de referencia, sino del porcentaje de asignación que le corresponde a municipios y departamentos (ver cómo funciona).
En este sentido, la presidente de Asocapitales insistió en que el proyecto de ley no fue tramitado para incrementar el valor de la sobretasa y defendió que su propósito es darle cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional.
Luis Carlos Vélez, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), explicó que el cargo de la sobretasa equivale a cerca del 13 % sobre la estructura de precios pagados por el usuario.
Además, subrayó que a las tarifas del gravamen se les haría un ajuste anual, a partir de enero de 2022, anclado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Dane.
Cabe recordar que a este proyecto ya está listo para pasar a sanción presidencial y, de esta manera, comenzaría regir desde el próximo 1 de julio
