La polémica por la presencia de las aplicaciones de movilidad en Colombia parece una historia de nunca acabar. Esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició investigaciones contra varias de ellas, como Uber, Didi o Cabify.
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La entidad quiere determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa, al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector.
Conocida la determinación, Alianza In, gremio de plataformas tecnológicas e innovación, manifestó su sinsabor. “Somos respetuosos de la institucionalidad y las decisiones que toman las autoridades, incluyendo esta, pero nos deja muy preocupados”, dijo el director ejecutivo, José Daniel López.
Para López, esta es una discusión que ya se daba cerrada tras un fallo de la Corte Suprema en noviembre del año pasado, con la cual se resolvió “que el uso de la tecnología es un derecho humano, y por lo tanto el disfrute de estas plataformas también lo es”.
El líder gremial comentó a EL COLOMBIANO que actualmente más de 100.000 familias en el país encuentran un sustento solo en las “apps” de movilidad. Además, si estas se suman con las de reparto las cifras indican que mueven el 0,23% del PIB y ocupan al 0,7% de los trabajadores.
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Para López, la discusión de plataformas versus taxistas es un cuento que se quedó en el pasado. “Sumando los usuarios en cada una de las plataformas de movilidad afiliadas a Alianza In (Uber, Cabify, Didi o InDrive), nos da que hay más de 230.000 cuentas de taxi vinculadas activamente”.
Por lo pronto está por verse cómo avanza la investigación de la SIC. “Dadas las competencias de la SIC, las investigaciones se enmarcarán en un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia, por ende, el análisis de la autoridad de competencia no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que esto no se relaciona con el objeto de las actuaciones administrativas”, dijo en un comunicado la entidad.
De manera preliminar, la autoridad de competencia consideró que las empresas investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.
Para la SIC, esas ventajas competitivas se habrían obtenido frente a los demás oferentes quienes, cumpliendo la regulación, enfrentarían costos que los posibles infractores de la norma no asumirían.
