Estados Unidos y Venezuela firmaron el acuerdo energético más grande de la historia reciente entre los dos países. La administración gringa tendrá participación en el desarrollo de 17 yacimientos venezolanos que contienen 65.000 millones de barriles de crudo, una cifra que supera las reservas probadas de todo Estados Unidos, calculadas en 46.000 millones de barriles.
El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump el 28 de agosto en sus redes sociales, y desde entonces el pacto generó tanto entusiasmo en la Casa Blanca como sospechas en Caracas, Latinoamérica y Europa.
El acuerdo parte de la base que Estados Unidos no recibirá de inmediato esos 65.000 millones de barriles, ya que el petróleo sigue bajo tierra. Convertirlo en producción real tomará años, obras de infraestructura costosas y cerca de 100.000 millones de dólares en inversión, una cifra que ni Trump ni el gobierno interino de Delcy Rodríguez explicaron de dónde saldrá.
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¿Qué gana cada lado del negocio petrolero?
Los 65.000 millones de barriles están repartidos en 17 yacimientos, la mayoría ubicados en 8 grandes bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco y en zonas cercanas al lago de Maracaibo. Un análisis de la firma Gas Energy Latin America calcula que esos campos contienen unos 63.700 millones de barriles de reservas probadas, bajo un factor de recuperación del 20%.
En otras palabras, Estados Unidos no compró petróleo ya extraído. Entró en un negocio para desarrollar, durante décadas, campos que apenas empiezan a explotarse.
Ni siquiera está claro cómo quedó repartida la sociedad. Reuters y The Economist reportaron que Estados Unidos controlaría el 55% de la empresa creada para producir en los 17 yacimientos, mientras la firma privada North American Blue Energy Partners, conocida como Nabep, se quedaría con el 45% restante.
The Wall Street Journal contó una historia distinta. Según ese diario, Estados Unidos tendría apenas una participación pasiva del 35% en Nabep, más el derecho a comprar a precio de costo el 20% de toda la producción de la compañía. El encargado de administrar esa participación y esos derechos de compra sería el Departamento de Defensa, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, y no el Departamento de Estado ni el de Energía.
Con esas cuentas, Venezuela necesita el negocio porque tiene el petróleo, pero no el dinero ni la tecnología para sacarlo. Según cifras de la propia Delcy Rodríguez, el acuerdo permitiría atraer 100.000 millones de dólares en inversión y dejar 209.300 millones de dólares en regalías e impuestos para el país en los próximos años, cerca de 19 dólares por cada barril producido.
El problema es que nadie ha explicado quién pone esos 100.000 millones de dólares. Trump aseguró que no saldrán de los contribuyentes estadounidenses. Bloomberg reportó que Nabep, la empresa que va a operar los campos, no tiene capacidad financiera para aportar esa cifra por sí sola.
¿Quién es Alejandro Betancourt, el hombre detrás del negocio?
Quien realmente maneja el tablero de este acuerdo se sale del marco de un funcionario de Washington o de un ministro de Caracas, se trata de un empresario venezolano de 46 años con denuncias públicas, es Alejandro Betancourt, dueño de Nabep y, según un funcionario estadounidense citado por Axios, la pieza sin la cual “no habría acuerdo de seguridad energética”.
Betancourt sigue investigado por presunto lavado de miles de millones de dólares en Suiza y en España, dinero que las autoridades europeas sospechan salió de PDVSA con la complicidad de funcionarios sobornados. Las pesquisas buscan aclarar el destino de más de 4.000 millones de dólares.
En Venezuela, la causa que tuvo abierta en su contra fue archivada en 2023. En Estados Unidos condenaron a varios de sus socios, pero a él nunca lo acusaron.
Esa diferencia es justamente el argumento que usa la Casa Blanca para defenderlo. Un alto funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, lo resumió así ante varios periodistas: “No estoy pidiendo la canonización de nadie. Solo digo que esta es una persona que en el pasado ha sido útil al gobierno de Estados Unidos”.
Y agregó una frase que se repite en cada defensa oficial del pacto: “La geopolítica, con frecuencia, no va de elegir entre lo ideal y lo imperfecto. A menudo se trata de decidir cuál es el mejor resultado, y tienes que trabajar con lo que hay”.
La relación de Betancourt con Estados Unidos viene del primer gobierno de Trump. En 2019, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó y declaró ilegítimo a Nicolás Maduro, Betancourt actuó como enlace entre la oposición y mandos militares venezolanos para intentar construir una transición pacífica. Según Axios, hasta viajó a Moscú a entregar una carta pidiéndole a Rusia que dejara de respaldar a Maduro.
El intento fracasó. Maduro sobrevivió y el chavismo le confiscó a Betancourt su participación en la petrolera Petrozamora, le congeló activos y envió fuerzas de seguridad a sus propiedades. En febrero de 2020, el entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez lo acusó en rueda de prensa de ser “el financista directo de Juan Guaidó” dentro de un supuesto “entramado de corrupción” con la diputada Tamara Adrián y el partido Voluntad Popular.
La reconciliación llegó en 2023, cuando la propia Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, lo llamó de vuelta a Caracas para una reunión privada. Le ofreció volver a sus negocios con garantías de seguridad a cambio de alejarse de la política. De ese pacto nació Nabep, aunque en ese momento de la mano de otro socio, el magnate petrolero de Florida Harry Sargeant III, a quien Maduro apodaba cariñosamente “El Abuelo”.
Ese socio ya no está. En agosto, el Tesoro estadounidense congeló los activos de la sociedad con la que Sargeant operaba en Venezuela y, según fuentes que conocen el caso, empezó a recibir presiones para vender, incluso contra personas de su entorno en territorio venezolano. Terminó cediendo su participación por 300 millones de dólares a una entidad afiliada a Betancourt, que quedó como accionista único de una compañía que hoy produce cerca de 200.000 barriles diarios.
Betancourt también fue clave la madrugada del 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Según reconstruyeron varias fuentes a El País, Delcy Rodríguez pensó en un primer momento que su jefe estaba muerto y repetía: “¡No hablo con asesinos!”. Fue Betancourt, junto con otros interlocutores, quien la convenció de hablar con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre asumir el control de Venezuela.
Betancourt llevaba años viviendo en Europa, con la fiscalía suiza tras sus pasos y sus pasaportes italiano y venezolano retenidos, cuando en agosto empezó a aterrizar en Venezuela en jets privados procedentes de Estados Unidos. Una investigación de The Washington Post reveló que funcionarios de primer nivel de la administración Trump, entre ellos el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y la entonces fiscal general Pam Bondi, presionaron en Suiza en busca de información y beneficios para él.
Su solicitud de extradición al Reino Unido fue revocada en mayo por “particularidades del derecho de extradición británico”, según explicó a El País la fiscalía de Zúrich, aunque la investigación sigue abierta.
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Por qué EE.UU. habla de “colonia de recursos”
El plan de Trump para hacerse con el control directo de las reservas petroleras venezolanas revivió comparaciones con las llamadas repúblicas bananeras de hace un siglo. La nueva empresa tendrá una concesión de 100 años sobre los 17 campos, lo que la convertirá en el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas del mundo, solo detrás de la saudita Aramco, según un funcionario estadounidense.
La historia petrolera venezolana explica el recelo. El sector estuvo dominado durante años por compañías estadounidenses y europeas, hasta que activos de ExxonMobil y ConocoPhillips fueron expropiados y nacionalizados en la década de 2000. Chevron fue la única petrolera de Estados Unidos que logró mantener presencia en el país durante todo el chavismo.
“Si yo fuera un inversionista en Venezuela en este momento, me preguntaría si en el futuro habrá un gobierno que desconozca los contratos”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano y profesor de la Universidad de Denver.
Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana de la Universidad Rice, en Houston, cuestiona además la solidez de las cifras que se manejan. “Depende de quién firme, de si realmente van a invertir y, por supuesto, de qué tipo de contratos estamos hablando. La mayoría de estas no son reservas debidamente probadas”.
Trump presenta el pacto como una jugada que bajará los precios de la gasolina y repondrá las reservas de crudo agotadas de Estados Unidos. Nada garantiza que eso ocurra durante su gobierno, si es que llega a ocurrir.
Según fuentes cercanas al proceso, el presidente impulsó esta operación de gran escala tras frustrarse con la lentitud de petroleras privadas como ExxonMobil y ConocoPhillips para aumentar su producción en Venezuela.
Cabe recordar que las interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz dispararon los precios del combustible en Estados Unidos justo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El vicepresidente, JD Vance, dijo el lunes que el aumento de la producción venezolana es una de las razones por las que el crudo no subió más. “Obviamente, los niveles son más altos que hace unos meses. Pero están mucho más estables, en parte debido a lo que vemos que está sucediendo en Venezuela”.
Por su lado, Rebecca Bill Chavez, presidenta del Diálogo Interamericano, resume la distancia entre el anuncio y la realidad: “El discurso político va mucho más allá de lo que Venezuela puede ofrecer en términos de producción de combustible a corto plazo”.
Además, el secretario de Energía, Chris Wright, viajó esta semana a Caracas, donde se espera que funcionarios presenten más de una docena de acuerdos adicionales de petróleo y gas, independientes de la participación directa de Washington en los 17 campos. Wright defendió el mensaje de fondo del pacto en una entrevista con CNBC y dijo: “Una cosa es que un gobierno expropie activos de corporaciones privadas. Otra muy distinta es que expropie activos que pertenecen a Estados Unidos”.
El respaldo, con reparos, del Parlamento venezolano
En Venezuela el acuerdo todavía no se ha firmado formalmente, pero el Parlamento, controlado por el chavismo, ya le dio su respaldo en una sesión extraordinaria. La oposición minoritaria se abstuvo de votar en contra, aunque exigió conocer la letra pequeña del contrato.
“No podemos suscribir un acuerdo que no conocemos, tenemos la necesidad de saber los vericuetos del contrato y, en función de la transparencia, que es nuestra obligación constitucional, exigimos que nos entreguen el texto pleno del contrato”, reclamó el diputado Luis Emilio Rondón.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, defendió el pacto como un desarrollo natural de la Ley de Hidrocarburos reformada meses atrás, que incorporó los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP).
Con ellos, el chavismo cedió el control de sectores estratégicos a capitales privados bajo reserva de confidencialidad. Rodríguez fue enfático sobre lo que espera del negocio: “Todo el mundo quiere venir a firmar CPP en Venezuela. Lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos y a los que utilicen uno de esos dólares para robárselo, figurativamente, se les vamos a quemar las manos y los vamos a meter en la cárcel”.
Un detalle que todavía no se resuelve es que mientras Estados Unidos habla de una concesión de 100 años, el gobierno interino sostiene que el entendimiento tiene una vigencia de apenas 25 años, aunque prorrogables. Ninguna de las partes ha divulgado los documentos completos del pacto.
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Las grandes petroleras vuelven, con cautela
Detrás del acuerdo con Nabep se está moviendo un ecosistema mucho más amplio de compañías. Chevron negocia incorporar dos nuevos yacimientos de crudo pesado a sus operaciones actuales y anunció que duplicará su producción en el país en los próximos cinco años, con una inversión de 7.000 millones de dólares: pasará de los 280.000 barriles diarios actuales a unos 600.000 en 2031.
Su consejero delegado, Mike Wirth, explicó en Caracas por qué su empresa sí está dispuesta a apostar y afirmó que “se ha pasado de no ser una opción muy competitiva a ser una opción muy atractiva en comparación con las que se nos presentan en el resto del mundo. Por eso estamos dispuestos a invertir un capital significativo y crecer”.
Hunt Oil, con sede en Dallas, ya firmó un acuerdo para desarrollar los campos Caro y Carisito. GeoPark, de los Gilinski con sede en Bogotá, planea asumir el campo Bare en la Faja del Orinoco. Delcy Rodríguez también mencionó a Repsol, Eni, Shell y BP entre las empresas que podrían sumarse a nuevos proyectos.
El gas, además, se mueve por su propio carril. Shell, BP y las firmas XRG (de los Emiratos Árabes Unidos) y UCC Holding (de Catar) acordaron un cronograma para explotar el campo Loran, en la Plataforma Deltana, con la meta de exportar gas a Europa.
En ese orden, Monaldi cree que ahí está la noticia más sólida del momento, “lo verdaderamente importante en materia de inversiones internacionales está ocurriendo en el gas. El negocio con Venezuela sería muy atractivo porque queda amparado por la Ley de Gas, que tiene regalías más bajas y estimula la inversión privada, y porque del lado venezolano no hay que hacer mayores inversiones, hay capacidad instalada”.
En petróleo también se firmaron contratos de Hunt Oil y de la empresa Crossover, además de una alianza marco con el consorcio Schlumberger, con inversiones estimadas en 2.000 millones de dólares.
La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, lo celebró en un foro en Houston frente a la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros. “Venezuela no solo muestra al mundo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas, sino también los mecanismos contractuales que permiten convertir esas reservas en barriles de superficie”.
Pero no todas las petroleras están convencidas. Por ejemplo, el consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, llegó a describir a Venezuela como “imposible de invertir en él” en una reunión en la Casa Blanca en enero.
Los analistas Vincent Piazza y Justin Teresi lo confirman al afirmar: “Observamos un interés limitado entre las grandes compañías energéticas estadounidenses por invertir capital en Venezuela al ritmo y la escala que propone la administración estadounidense. Las reclamaciones pendientes y la profunda inquietud de los inversores seguirán limitando los compromisos de capital a corto plazo de las operadoras estadounidenses”.
Lo que realmente puede producir Venezuela
Mientras las multinacionales negocian entrada, hay capital local que está saliendo. La empresa Delta Finance, de Oswaldo Cisneros, socio con el 40% de la petrolera mixta PetroDelta, denunció que le revocaron sus derechos de explotación en los campos de Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, en el oriente del país, pese a tener derechos de uso hasta 2042.
Según la denuncia, esos campos fueron entregados a la empresa estadounidense Pacific Coast Energy Company, dirigida por el ejecutivo Klaus Hasbro, y en cuyo desembarco al país aparece de nuevo Alejandro Betancourt, antiguo miembro de su junta directiva.
No obstante, detrás de todos los anuncios queda la pregunta más difícil de este acuerdo: cuánto petróleo puede sacar Venezuela realmente y en cuánto tiempo. Muchos de los 17 yacimientos que Estados Unidos impulsa carecen de infraestructura y tienen un suministro eléctrico poco confiable. Repararlos podría costar miles de millones de dólares y tomar más tiempo del que le queda a Trump en el cargo, que termina en enero de 2029.
La consultora Rystad Energy calculó en enero que Venezuela necesitará más de una década y 183.000 millones de dólares para recuperar los niveles de producción que tuvo en los años noventa, cuando llegó a bombear casi 3,5 millones de barriles diarios. Hoy el país produce poco más de 1,2 millones de barriles diarios.
Ante esto, Wright dijo en Caracas que su gobierno espera superar los 2 millones de barriles diarios en 2030, y Delcy Rodríguez fijó una meta más cercana de llevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios, un 30% más que el nivel actual, pero todavía menos de la mitad de lo que el país producía antes de que Hugo Chávez nacionalizara la industria.
En ese orden, Alejandro Grisanti, socio director de la firma Ecoanalítica, calcula un crecimiento de 5 puntos del producto interno bruto para 2026 y tasas de dos dígitos desde 2027, aunque advierte que todo depende de la política. “Si no hay transición, la producción petrolera local tendrá un techo de 2,5 millones de barriles diarios en unos años. Pero si el cambio político se logra, se puede llegar hasta los cuatro millones de barriles diarios en no mucho tiempo”.
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Detrás del petróleo hay una discusión política que no se resuelve con contratos así la planteó la congresista republicana María Elvira Salazar, quien afirmó abiertamente que el siguiente paso debe ser la reorganización institucional venezolana y la celebración de elecciones libres.
“Crear una estructura donde las empresas petroleras, las empresas petroleras de Estados Unidos, se beneficien durante los próximos 100 años”, dijo, y descartó de plano la participación de otros países. “No los franceses, no los españoles, no los indios, nadie, porque todos ellos participaron y cooperaron con Maduro”.
Salazar también fue franca sobre la incomodidad de depender de Delcy Rodríguez para sostener el acuerdo mientras se define una transición. “Al mismo tiempo, la necesitamos”, admitió, y agregó: “Vamos a estar dictando exactamente lo que ella tiene que hacer”.
Por eso, los analistas advierten justamente sobre ese riesgo, que el acuerdo termine dándole a Estados Unidos un incentivo para mantener a Rodríguez en el poder y postergar unas elecciones democráticas.
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