Medellín es una de las ciudades del país con más personas afectadas por el conflicto armado: más de 406.000, siendo el segundo destino para los desplazados internos en el país, después de Bogotá.
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Esa cifra equivale a casi el 16% del total de la población que está calculada actualmente en más de 2’600.000 habitantes. En otras palabras, de cada cien moradores de la capital antioqueña, por lo menos 16 son víctimas de la violencia y la mayor parte vinieron de otras partes.
Entre los desplazados que han fijado su domicilio en esta urbe hay personas de 19 departamentos, siendo los orígenes más constantes los vecinos Chocó, Córdoba y Bolívar. Pero también las hay de muchas zonas del departamento, como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste que siguen asoladas por la violencia.
Un informe de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos indica que en los dos primeros meses de este año y hasta el pasado lunes, el Distrito había atendido a 1.104 personas que llegaron desplazadas.
Los éxodos más recientes que están teniendo eco en la capital antioqueña son los del Catatumbo y la zona limítrofe de nuestro departamento con el Sur de Bolívar.
A pesar de que El Catatumbo queda en el otro extremo del país, en límites con Venezuela y a 600 kilómetros de Medellín aproximadamente, de allá han venido 45 familias (conformadas por 106 personas) tras la crisis humanitaria que desataron los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia de las Farc.
Igualmente, del reciente paro armado declarado por el Eln en Chocó han arribado 102 familias (246 personas) y otras 69 personas que han requerido atención de urgencia en Medellín son producto de la zozobra causada por la disputa territorial del Clan del Golfo con la alianza entre las disidencias y el Eln en los límites del norte de Antioquia con el Sur de Bolívar.
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Según le explicó a EL COLOMBIANO durante el fin de semana el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, aunque estos últimos tenían familiares en Magangué, dentro de su mismo departamento, se vinieron hasta acá y luego de proveerlos de la atención humanitaria de emergencia la administración Distrital les facilitó el transporte hacia donde tenían su red de apoyo natural.
¿”Castigo” por sus bondades?
¿Pero cuál es la razón para que a pesar de tanta distancia los desplazados decidan venirse mejor para Medellín?
Sin duda un factor es que la ciudad ha consolidado una red de atención líder en el país. Su política de atención a víctimas de la violencia (Acuerdo 049 de 2007) se hizo cuatro años antes de que hubiera una política nacional al respecto (la ley 1448 de 2011). De ahí parte también que tenga un equipo consolidado y con un acumulado de conocimientos, que en los últimos años ha rondado las cien personas con ese propósito.
Otro aspecto no menos importante es el clima templado, pues resulta un punto medio tanto para gente de clima frío como para los que vienen de zonas con temperaturas mayores y que, por lo tanto, no resistirían ambientes gélidos como el bogotano.
Como si fuera poco, esta capital fue históricamente hecha por migrantes de campos, en buena medida sacados de sus tierras por otras oleadas de violencia ocurridas varias décadas atrás y eso genera una empatía que se despierta una actitud solidaria con los nuevos citadinos, según información recogida para otros artículos. No en vano, también Medellín se asentó un buen porcentaje de la diáspora venezolana que ingresó al país, conformada en la actualidad por más de 200.000 personas.
Aparte, se trata de una ciudad con una gran oferta de servicios públicos y programas que benefician a la población más vulnerable.
Y a todo lo anterior se le añade que en el último reporte del Dane, la ciudad aparece con el menor índice de desempleo del país durante el último trimestre (noviembre de 2024 a enero de 2026), con una cifra de de 6,9%, lo que en otras palabras significa que ofrece mejores oportunidades para ganarse la vida.
La parte difícil de esta historia es que por todas esas cualidades, la ciudad ha resultado castigada porque ningún presupuesto ni ningún equipo profesional resultan suficientes para atender la demanda que implica el restablecimiento de los derechos de las víctimas. El lunes pasado, el secretario Arcila elevó un S.O.S. por el copamiento de la capacidad del albergue para alojar a los desplazados que llegan a la ciudad.
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